¿Qué balance dejan los referéndums autonómicos que ayer tuvieron su escala en Tarija y finalizan en Cochabamba? ¿Qué hay de positivo y qué de negativo en este abierto desafío contra Evo Morales, lanzado desde las regiones prósperas?
Hay muchos aspectos negativos. El principal, que dejó en evidencia que el próspero empresariado y la clase dirigente de Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y Tarija están dispuestos a separarse de Bolivia si el sistema unitario les impone la socialización y el institucionalismo indigenista que predomina en buena parte del Altiplano y está intentando irradiar el gobierno central.
También es negativo que esa clase dirigente, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, esté monopolizada por una minoría blanca de visiones recalcitrantes y actitudes racistas. Y en el marco de esta compulsa con el gobierno de izquierda indigenista, en esa minoría blanca afloraron los peores espectros reaccionarios. Por caso las Falanges, surgidas por primera vez en la década del 30 del siglo pasado, como un símil de las Sturmabteilüng (SA) que creó Ernst Rhöm en los estertores de la República de Taimar. También el renovado protagonismo de la Unión Juvenil Cruceña, algunos de cuyos métodos recuerdan el Ku Klux Klan.
Otro aspecto negativo de este proceso autonomista impulsado en los departamentos que integran la medialuna próspera del mapa boliviano, es la unilateralidad y la ilegalidad con que se desarrolla, al punto que implica, en sí mismo, un acto secesionista o un golpe de Estado.
Al no figurar en la Constitución vigente y al realizarse sin el marco de las instituciones electorales del país, la propia realización de estos referéndum implican un acto sedicioso. A eso se suma la ausencia de observadores internacionales que puedan certificar la imparcialidad de los mismos, dando algún matiz de legitimidad al proceso.
En el caso particular de Tarija, donde se concretó el domingo la anteúltima votación de este procesos (restando sólo Cochabamba) con resultados parecidos a los tres anteriores, los yacimientos gasíferos son determinantes, porque el objetivo de la dirigencia local es que toda la renta quede en ese departamento en lugar de viajar a La Paz para que, desde haya, reenvíen un mínimo de regalías.
Sin embargo, el riesgo de atomización va más allá porque la región chaqueña tiene mayoría indígena, favorable al gobierno central y dispuesta a reclamar autonomía respecto al gobierno departamental.
Tarija es un departamento económicamente clave. Sus yacimientos contienen cuarenta billones de pies cúbicos que alimentan la exportación a la Argentina y al Brasil. De hecho, una parte de la dirigencia tarijeña confiesa en voz baja que de buena gana se separarían de Bolivia para integrarse en Argentina, del mismo modo que parte de la dirigencia cruceña juega con la idea de sumar esa región al estado brasileño de Mato Grosso.
Con todas estas contras, pareciera que nada de positivo tendría para Bolivia el proceso refrendario de las regiones ricas. Sin embargo, hay un costado positivo, y es que incluso siendo procesos ilegales y sin veedores extranjeros para garantizar la validez del resultado, esos resultados coincidieron en los cuatro casos con los vaticinios de las encuestas previas y con el boca de urna. Y lo fundamental del costado positivo es que el mensaje de las urnas implica un límite a la visión mayoritarista con que observa el país el gobierno central.
En el último medio siglo de historia, es posible que ningún presidente haya tenido un compromiso moral, político y social tan grande como el de Evo Morales con los postergados de su país. Ningún predecesor estuvo tan convencido de que su mandato sólo se justifica si cambia la vida de los más pobres. La calidad ética del actual presidente boliviano está fuera de dudas. Pero su punto débil está también en lo ideológico; porque en su concepción (igual que en la de varios gobiernos latinoamericanos) la democracia es el imperio total de la voluntad mayoritaria sobre las minorías.
Esta concepción engendrada en el concepto de “voluntad general” y “democracia directa” de Jean-Jacques Rousseau y opuesta al modelo representativo de democracia indirecta de Montesquieu, han tenido en común los distintos fascismos y los populismos de izquierda.
La vocación mayoritarista del gobierno del Movimiento Al Socialismo presidido por Evo Morales, quedó a la vista en el intento de aprobar la nueva Constitución por mayoría simple. Recurrir a innumerables triquiñuelas, entre ellas la de votar en un cuartel militar procurando que no acudan los constituyentes opositores, no es algo que el presidente haga con espíritu tramposo. Evo Morales es incorruptible, pero su convicción de que todo vale para imponer la voluntad de la mayoría desvirtúa sus procedimientos políticos.
Aunque saliéndose también de los marcos de la legalidad y recurriendo a la cultura de los hechos por sobre la del Derecho, hay algo positivo en que una barrera opositora marque un límite al ejercicio gubernamental de mayoritarismo indigenista.
El boliviano no es un caso aislado, sino parte de un proceso que viene dándose en los países donde la política mayoritarista se colocó por encima de los límites institucionales al ejercicio del poder.
Ese proceso comenzó en Venezuela, donde Hugo Chávez fue por primera vez derrotado en las urnas al plebiscitar su posibilidad de ser reelegido presidente indefinidamente.
El otro freno al poder ilimitado se ha vivido de manera traumática durante los tres últimos meses en la Argentina, donde fueron los productores agropecuarios los primeros en lograr obstruir (al menos por el momento) la aplicación de una política gubernamental.