Mientras en el país se reordena la circulación vehicular y el abastecimientos de productos de primera necesidad, luego de meses de caos originado por la protesta agropecuaria contra el Gobierno nacional por la aplicación de retenciones, Mendoza vive por estos días un déjà vu con los cortes de calles y rutas realizados por empleados afiliados al sindicato ATE (Asociación Trabajadores del Estado).
La semana pasada el tránsito vehicular fue interrumpido intempestivamente por un grupo de militantes gremiales en el Acceso Este, pero también hubo otro hecho en otra ruta nacional: la 40, a la altura de Tunuyán.
A todas luces, ya mismo podemos comprobar que las malas prácticas llevadas a cabo durante más de cien días en la nación, ya son aplicadas en Mendoza. El hecho de que haya o no diálogo, no debiera tener un correlato en el corte de nuestras rutas.
La principal referente del grupo, Raquel Blas, alegó al respecto que lo hacen “porque el gobernador Jaque no escucha y nos ha negado los ámbitos de diálogo”.
Con esta afirmación con la que se pretendió justificar la ilegalidad del acto de cortar rutas nacionales, la gremialista profirió una verdad a medias lo que es lo mismo que la mitad de una mentira.
Resulta que es verdad que el Gobernador no ha habilitado todavía la realización de una nueva negociación paritaria para el sector de la Salud, pero no es mentira que ya lo hizo, ni bien asumió, cuando con la pretensión de acallar -más rápido que bien- los incipientes reclamos de los trabajadores del Estado, cedió ante sus pedidos.
Con esta medida, Jaque provocó dos perjuicios iniciales: comprometió las finanzas provinciales bajo un concepto de “paz social” que nos costará carísimo y brindó un ejemplo a pedir de boca de las medidas fuerza, porque cedió ante la presión.
Lo que también debe ser dicho es que, en aquella primera y no tan lejana oportunidad, la negociación se dio por cerrada con la satisfacción de todas las partes, inclusive de los miembros de ATE.
El paro iniciado el 9 de junio (el mismo día en que el Gobernador cumplía sus primeros 6 meses en el cargo) ya había cortado servicios a la gente más humilde, antes que las calles y rutas por donde circulamos todos.
Pero la modalidad de pedir dinero a cualquier costo y de desviar dineros públicos a cambio de “paz social” (que enarbolan ATE por un lado y el Poder Ejecutivo por el otro) no es acompañada desde todos los sectores.
El resto de los gremios miran hacia otro lado cuando el convocante al paro fue ATE y, si bien sostienen sus protestas y reclamos al Gobierno, lo hacen diferenciándose del sindicato de Blas y hasta se niegan a sentarse a la misma mesa con los delegados de aquella agrupación.
Desde el Gobierno, en tanto, no dejan del todo claro cuál será su postura final: si primará una actitud de seriedad, evaluando el estado actual de las finanzas provinciales o si nuevamente actuarán como “bomberos”, frente a una movilización conflictiva del gremio, cosa evidentemente no deseada por las autoridades provinciales.
El ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, ha dicho que sólo podrá haber aumentos salariales si aumenta la recaudación. Pero también hay que evaluar si queremos una provincia que destine el mayor aporte de sus contribuyentes exclusivamente a rentar la paz sindical, o existen prioridades que lleguen como beneficio al más de un millón y medio de mendocinos que no son trabajadores del Estado.
En medio de todo esto, una pregunta queda flotando: ¿cómo llegarán a fin de año las finanzas de la provincia de Mendoza?
¿Cómo gobernar sin ceder a las presiones?
En estos días, ante el empuje sindical, el gobierno provincial se encuentra ante la dificultad de tomar postura sobre un tema trascendental: ¿cómo hacer para garantizar el funcionamiento social sin que ello signifique poner plata para acallar reclamos, comprometiendo así muy seriamente las finanzas de Mendoza.