Señor Gobernador:
Nuestro país y nuestra provincia están atravesando momentos muy difíciles. Tan particulares que podríamos decir que el actual escenario económico, político e institucional argentino pone de manifiesto las características más profundas y definitorias de las debilidades de nuestra estructura política e institucional.
El conflicto con “el campo”, más allá de ciertas consideraciones particulares es absolutamente representativo de lo que estamos diciendo. Las aristas de este problema son diversas y abarcan aspectos políticos, institucionales, económicos y sociales: lo que se está debatiendo es un modelo de gestión pública, de configuración institucional y de conducción política. El problema trasciende largamente el tema específico de las retenciones. Lleva tres meses teniendo en vilo a todo el país, ha polarizado a la opinión pública, sus consecuencias directas se traducen en incremento de precios (aunque el problema inflacionario es anterior), góndolas de supermercados vacías, leche desperdiciada, rutas cortadas y una permanente sensación de estar a la deriva en medio de una antinomia falaz y estéril.
La gravedad y profundidad del tema han adquirido esta magnitud porque contiene el germen de otros problemas subyacentes. Nadie en su sano juicio puede pensar que los cientos de miles de personas que han acudido a las diferentes convocatorias realizadas por los dirigentes rurales lo hicieron porque están convencidos de la injusticia de las retenciones o porque son seguidores de la Sociedad Rural Argentina. El fenómeno es mucho más profundo. Allí confluyeron voluntades de la más distinta índole, cuyo único factor de unión era, y es, decir No a determinadas situaciones. Problemas estructurales, irresueltos, que están en la base de este “iceberg” del cual el campo es sólo la cabeza visible. Es imperioso saber advertir los aspectos centrales de esta situación, para poder comprenderla cabal e integralmente, único modo de hallar una solución seria y viable. A modo de ejemplo, podemos mencionar algunas falencias estructurales del funcionamiento institucional argentino:
- Conducción hegemónica del Gobierno Nacional: el matrimonio Kirchner siente un absoluto desprecio por el pensamiento ajeno y por las instituciones de la República. Esta tendencia hegemónica ha tenido como resultado la inexistencia de canales de diálogo que permitan articular demandas e intereses sociales. Cualquier idea distinta a la enarbolada por el matrimonio presidencial es combatida en términos personales en el medio de una falaz disyuntiva amigo- enemigo. Esta situación se traslada a la red institucional argentina: intentemos recordar cuándo fue la última sesión del Congreso nacional de la cual hayamos tenido noticias. Nos cuesta, porque el proceso de gestación de las leyes es una mera formalidad. Se gobierna por decreto y la mayoría oficialista se hace sentir con una intimidante contundencia.
- Falta de Transparencia en la Distribución de los Fondos Públicos: los fondos públicos son manejados con total discrecionalidad, al margen de cualquier límite jurídico. Se asignan partidas presupuestarias en virtud de intereses políticos sectoriales y la reasignación de las mismas, que constitucionalmente debería ser competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, es ahora competencia del Jefe de Gabinete, quien de esta manera posee un control absoluto y discrecional sobre el gasto público nacional.
- Indiferencia por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos: esta ley establece el marco jurídico dentro del cual la Nación debe girar a las provincias los montos que percibe por recaudar impuestos que constitucionalmente corresponden a las provincias. Su respeto llevaría consigo una distribución justa de los recursos provinciales según indicadores económicos y sociales. Pero en la práctica, los ingresos que el Estado nacional obtiene a partir de las cargas impositivas que pagamos todos los argentinos son manejados discrecionalmente y como un sistema de premios y castigos hacia aquellos gobernadores “amigos o no amigos”.
Veamos sólo algunos ejemplos: a) - las provincias sólo reciben el 15% del impuesto al cheque, lo cual implica para las mismas una pérdida de 580 millones de pesos por año; b)- en concepto de IVA, las provincias pierden 950 millones anuales; c) se crean impuestos no coparticipables y que se distribuyen según asignaciones específicas, las cuales suman una pérdida para las provincias de casi 2.300 millones de pesos; d)- las retenciones a las exportaciones agropecuarias tampoco son coparticipadas, lo cual produce la paradoja de que las provincias que más aportan por este concepto en virtud de la gravitación que el sector agropecuario posee en su territorio no se vean beneficiadas por las cargas presupuestarias que se recaudan por este concepto; e)- vulneración del artículo 7 de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos que establece que en ningún caso el monto a percibir por las provincias será inferior al 34% de los recursos tributarios que percibe la Nación, lo cual no ha sido cumplido en los últimos años. En definitiva; las provincias habrán perdido en el año 2008 un monto cercano a los 6.6600 millones por las inequidades de esta situación. Pensemos a cuántas escuelas, hospitales, infraestructura para seguridad, maestros, médicos, policías etc. equivalen estos montos.
- Debilidad Institucional de los Gobernadores e Intendentes por la Dependencia Financiera con el Gobierno Nacional: esta situación tiene como consecuencia directa la falta de autonomía de las provincias en términos presupuestarios. En los últimos años el Estado nacional ha ido descentralizando funciones pero no los recursos correspondientes. De esta forma y en vistas al modelo de conducción kirchnerista, según el cual cualquiera que intente mostrar un desacuerdo es calificado inmediatamente como “golpista” o enemigo, la dependencia financiera se convierte en obsecuencia política.
- Vulneración Sistemática del Federalismo: en este marco, el federalismo es sólo una declaración de deseos prevista en nuestra Constitución Nacional pero absolutamente carente de contenido en la realidad. Por supuesto que esto no es casual, sino que obedece a una intencionalidad expresa del Poder Ejecutivo nacional como un modo de incrementar su poder económico y político.
- Cooptación e Intento de Destrucción de los Partidos Políticos no Oficialistas: si bien es cierto que sólo se puede comprar aquello que se vende, no lo es menos el hecho de que constituye un “modus operandi” sistemático del gobierno nacional el intento de destruir las organizaciones políticas no afines a través de la cooptación de sus dirigentes. El objetivo es, una vez más, extender la hegemonía desconociendo la importancia que para la República tiene la calidad institucional.
- Concentración de la Riqueza: a pesar del crecimiento sostenido del PBI en los últimos años, la distribución del ingreso sigue siendo absolutamente inequitativa. La riqueza es cada vez más concentrada, según datos oficiales: el estrato más pobre representa el 48% de la población, pero se apropia sólo del 20% del ingreso, Es decir que casi la mitad de la población posee sólo el 20% de la renta mientras que el estrato más rico representa sólo el 15,5% de la población pero se apropia del 50% del ingreso.
Por todo ello, señor Gobernador, en estos momentos es necesario que Ud. encabece y lidere un proceso que tienda a iniciar todas las acciones legales y actos políticos necesarios para que el Gobierno Nacional deje de avasallar a las provincias en pos de sus propios intereses. Debe, como lo hicieron sus pares de Jujuy y San Luis, promover y tramitar una demanda de la Provincia de Mendoza contra el Estado Nacional, que tenga como objeto que se condene a la Nación a abonar a la Provincia las sumas que le corresponden por concepto de coparticipación tributaria federal, que resulten suficientes para compensar las pérdidas sufridas por la Provincia por el ejercicio inconstitucional, arbitrario y abusivo que llevó a cabo la Nación de sus facultades en materia fiscal.
La envergadura y trascendencia de esta tarea es de tal magnitud que requiere de la deposición inmediata de intereses menores y secundarios. Por eso quiero que sepa que no está solo. Cuenta con el pueblo de su provincia, que lo votó mayoritariamente y que espera que Ud. lo defienda en todas las instancias necesarias. Cuenta también con la justicia y pertinencia de los motivos que fundamentan los actos que debe realizar y con la legitimidad que le otorgará el hecho de haber dejado en segundo plano la pertenencia al mismo Partido Político que la Presidenta de la Nación. Hay momentos en los que es necesario priorizar situaciones en pos de intereses secundarios. Recuerde Ud. cuando el ex Gobernador Santiago Felipe LLaver se enfrentó pública y enérgicamente al entonces Presidente Raúl Alfonsín por el tema de los Nihuiles. Los mendocinos necesitábamos una acción como ésta, y esa actitud del querido Felipe le valió el respeto y admiración de todos los argentinos, incluyendo, por supuesto, a los de su mismo partido político.
Señor Gobernador, Ud. también cuenta con nosotros: legisladores radicales que estamos dispuestos a acompañarlo en forma irrestricta en esta acción. Los radicales defendemos las instituciones, el federalismo y la democracia en el más amplio de sus sentidos. Por eso en el momento en que Ud. decida iniciar el camino que hoy le reclamamos contará con nuestro apoyo, convencidos de que juntos podremos dar el ejemplo que nuestros ciudadanos esperan ver en sus dirigentes. Hoy podemos trabajar juntos, no para una elección, mezclados en una masa sin forma que sólo busca llegar al poder, sino para defender con más fuerza los derechos de nuestra Mendoza, ejerciendo el poder que juntos tenemos: Ud. como Gobernador y nosotros como representantes del pueblo mendocino.
El autor es diputado provincia por la Unión Cívica Radical.
