Un conflicto absolutamente innecesario, prolongado más allá de lo aconsejable, manejado según supuestas fortalezas y posturas irreductibles, ha dado lugar una fenomenal crisis que ha puesto al país al borde del colapso político, económico y social.
En este mismo espacio editorial hemos abundado en reiteradas oportunidades sobre las razones del conflicto que se desató a raíz de la profundización del sistema de retenciones. Asimismo, advertimos del curso que podrían tomar los acontecimientos si no se obraba con inteligencia, cautela y especialmente, sentido público de la responsabilidad.
La dureza del sector agropecuario se topó con la irreductibilidad práctica del Gobierno nacional. Los primeros sólo quieren que se elimine la polémica medida; los segundos pretenden ver vencidas a las entidades que osaron cuestionar su poder y sus decisiones. Así, y bajo el imperio de una lógica desmesurada, del todo o nada, los caminos de la negociación han sido cada vez más estrechos.
El gobierno apeló a la movilización de sus militantes y se apresuró al marcar una intencionalidad desestabilizadora a la protesta. Desde el campo, se multiplicaron los cortes y lentamente las bases desbordaron a dirigentes sin mayor experiencia en el manejo de situaciones de esta dimensión.
El peso del conflicto y de la falta de diálogo llevaron al extremo de complicar la vida diaria de todos los argentinos al verse interrumpidas las vías de comunicación terrestre, el transporte de cargas y de personas, el abastecimiento de mercaderías y comestibles, interrumpirse la cadena de pagos, generarse la escasez de combustibles y un sinnúmero de trastornos que, a punto de llegar a los 100 días del conflicto, ha tornado la situación en insostenible.
Sin embargo, y ante el silencio generalizado de aquellos que deberían estar liderando la negociación y encauzando sus efectos, como por ejemplo el Congreso Nacional y los gobernadores que juegan a dos puntas (o que evitan levantar la cabeza para no ser presa de la furia presidencial), es hora de llamar nuevamente a la prudencia y al entendimiento.
Los argentinos hemos vivido suficientes experiencias traumáticas que parecen no haber sido suficiente lección histórica. No podemos seguir alimentando una discusión que empieza a mostrar ribetes concretos de violencia, intolerancia, desbordes innecesarios y represión.
La democracia supone y necesita de la expresión de todos sus componentes, pero también de la imprescindible armonización de intereses en pos del bien común. No es necesario que ningún gobierno nacional, provincial o municipal deba irse. El desafío es defender la institucionalidad aún con las dificultades que ello supone, o de la contrariedad que sus decisiones puedan producir a poca o mucha gente.
El debate nunca debe avanzar ni en la alteración de la paz social, ni en el debilitamiento de las autoridades legítimamente constituidas. Pero, y también es importante rescatarlo, esas autoridades tienen la obligación de atender a los reclamos de todos los sectores por acomodados o necesitados que estos sean; y de propender al establecimiento de condiciones dignas y pacíficas que permitan el ejercicio de los derechos ciudadanos de trabajar, transitar, producir, comerciar, educarse, y en definitiva, vivir en un país con libertad y justicia.
A pesar de la gravedad de la situación, aún estamos a tiempo de apelar a la racionalidad y a la construcción de un país que nos incluya a todos. A los de las ciudades, y a los del campo, a los ricos y a los pobres, a los del mal llamado “Interior” y a los de la Capital Federal. De los aportes que en horas críticas podamos hacer, será la solidez de su construcción.
Ante la crisis, prudencia y entendimiento
"Los argentinos hemos vivido suficientes experiencias traumáticas que parecen no haber sido suficiente lección histórica. No podemos seguir alimentando una discusión que empieza a mostrar ribetes concretos de violencia, intolerancia, desbordes innecesarios y represión."