Está vigente desde hace tiempo la discusión sobre cuánto debe ganar un funcionario público.
Mendoza, con dosis similares de prudencia e hipocresía, ha sostenido a lo largo de los años y el transcurrir de los gobiernos sueldos para sus funcionarios que se ubicaron entre los más bajos del país.
La ascensión de Celso Jaque al poder corrigió en alguna medida esta situación, ya que el argumento más escuchado durante la gestión de su antecesor Julio Cobos fue “tengo los funcionarios que se puede tener porque los sueldos son muy bajos y nadie quiere venir a la gestión pública”.
Sin reparar en la situación de los que aceptaron estar y su calidad en cuestión, a partir de la frase harto repetida por Cobos, hay que decir que la cuestión salarial de los niveles dirigenciales del Estado merece una discusión seria.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, decidió esta semana entregarles un “premio” anual equivalente a dos sueldos y medio a los funcionarios que cumplan las metas de gestión.
Entre los argumentos que nutrieron su decreto 664 se mencionó que se busca promover “la concreción de los objetivos en forma eficiente y económica implica satisfacer las necesidades del ciudadano".
De este modo, un ministro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumpla bien su tarea embolsará a fin de año unos 25 mil pesos.
La medida, obviamente, despertó una fuerte polémica que, en este caso, resulta positivo alimentar, ya que el verdadero problema a resolver no es sólo el tema de la remuneración de los funcionarios, sino su idoneidad, consistencia en el desempeño de la función y cuáles son los estándares de trabajo aceptables, los niveles de control que deben existir para con ellos y la necesaria reglamentación de las rendiciones de cuentas, no solo a los organismos de fiscalización, sino a la sociedad.
En este punto es dónde resulta importante preguntarse: ¿Premiar a los funcionarios que cumplen o sancionar a los que no?
Una respuesta posible es que no hay mejor recompensa que un salario justo, no sólo para los conductores políticos, sino para todos los que tienen a su cargo la responsabilidad de hacer funcionar la maquinaria estatal.
Por lo tanto, lo que debe ponerse en revisión es la totalidad de la función pública, sus metas y objetivos y, a partir de allí, replantear premios y castigos, pero de manera eficiente y equitativa, sin las suspicacias de a quien lo salva cualquier excusa o recurso legal y con la suficiente contundencia que da una evaluación hecha por alguien que concentre la autoridad necesaria para hacerlo.
