La decisión del intendente de la Ciudad de Mendoza, Víctor Fayad de hacer cumplir con una ordenanza municipal que establece claramente las disposiciones y atribuciones que tiene la comuna respecto de la venta callejera, ha generado una saludable polémica, y un extenso debate que es necesario dar.
En primer lugar, parecería que frente a un tema ya legislado, y en el que existen suficientes antecedentes históricos, nuestra sociedad necesita –de manera absurda y cada tanto- reforzar su legalidad y decir que lo que es ley debe seguir siéndolo. En ese fragor, obviamente, la discusión atrasa y los temas que parecen superados, vuelven a la agenda pública como si se tratara de una comunidad anómica y desmemoriada.
Al Estado se le pide todo tipo de funciones, pero especialmente, la del control y el aseguramiento de reglas claras que garanticen igualdad de oportunidades. En el caso de las comunas, y más particularmente en el caso de Capital, se le pide también que se preserve aquello que es una especie de valor cultural de los mendocinos: su orden, para contribuir a recuperar la limpieza perdida, un orgullo colectivo. El intendente Fayad parece haber comprendido claramente no sólo el mensaje de los vecinos de la Capital que lo votaron por amplia mayoría, si no también, el sentir del resto de los mendocinos que por razones de diversa índole, visitan a diario eso que llamamos “el centro”.
Bajo esa impronta, siempre aportando soluciones, y bajo el imperio de las atribuciones que le confieren su cargo, ha propuesto modificaciones sustanciales al habitual panorama citadino. Reubicó a los artesanos de la Plaza España en un predio especial sobre Belgrano y Las Heras, y más recientemente, desplegó un gran operativo para ordenar la venta de productos en la calle General Paz.
La disputa con aquellos que de manera ilegal estaban ocupando el espacio público fue de una violencia inusitada, y ha despertado un importante grado de conflictividad que ojalá pueda superarse. Pero lo que no se debe perder de vista es la razón del planteo oficial, y las alternativas que se han brindado como sostén de esos argumentos: el establecimiento de un predio para el desarrollo de esa actividad comercial, lo que permitirá blanquear las circunstancias tributarias y de seguridad social de los trabajadores involucrados. Asimismo, la oferta de trabajo concreto como empleados municipales para aquellos que por esta razón se vean desplazados de sus ahora precarios medios de vida.
Ante tal contundencia de razonabilidad, y al amparo del resguardo del bien común, más que el de algunos particulares, las medidas anunciadas –a pesar de la polémica, o de su supuesta impopularidad- no hacen más que confirmar el imperio de un doble discurso social que alarma. Mientras por un lado a los funcionarios públicos se les pide inflexibilidad y rectitud, cuando desde el Estado se actúa de esa forma, el circunstancial afectado siempre pide excepciones. Un mal argentino que alguna vez deberemos empezar a corregir si queremos, en serio, cambiar esta sociedad.
Mientras tanto, no viene para nada mal recordar que las leyes están para ser cumplidas, y que obviamente es más fácil mirar al costado que meterse a fondo con los temas polémicos. Si cada uno cumpliera con lo que le corresponde, seguramente tendríamos menos conflictos y más armonía social. Pero mientras eso no ocurra, ejercer la autoridad no puede confundirse con atropello de derechos ni con discriminación alguna. Por el contrario, los que transgreden, los que no acatan y los que se mantienen al margen son los que violan los derechos de la inmensa mayoría que sólo pretende un espacio público más sano y más habitable.
Venta callejera: la razón se debe imponer sobre el despropósito
El conflicto desatado con los vendedores ambulantes en la Capital obliga a algunas reflexiones sobre ciertos modos sociales de razonamiento. De nada sirve reclamar y declamar legalidad si ante el primer cruce de intereses no se antepone el interés público, o si se esgrime la violencia antes que el diálogo.