El índice de la deuda social del país, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente del Departamento de Investigación Institucional de la Universidad Católica Argentina, demuestra en forma integral la sensación de que la brecha de la desigualdad, no sólo es un “umbral mínimo al que no se llega”, sino el reflejo una realidad diaria llena de dificultades, de necesidades básicas insatisfechas, de vulnerabilidad y en algunos casos explotación.
Como lo define el Barómetro de la Deuda Social Argentina: “la deuda social es una acumulación de privaciones y carencias en distintas dimensiones que hacen a las necesidades del ser persona y del ser social, es decir se considera una violación al derecho de desarrollar una vida plena, activa y digna en un contexto de libertad, igualdad de oportunidades y progreso social”.
Los índices que han trascendido revelan que sigue la salud psicofísica siendo deficitaria para el 52% de la población. Las mejoras que se han presentado, no son significativas resultando paradójico en un Estado en el que no habría una crisis económica.
Los derechos a la salud, a la educación como una forma de equilibrar las diferencias sociales, a la vivienda, al trabajo digno, entre otros, deben ser garantizados por un estado que tutele los intereses de los que menos tienen.
No necesitamos de un gobierno asistencialista sino de uno garantista de derechos básicos.
De nada sirve tener una “caja importante”, cuando el fruto de los impuestos y aportes de todos ,no se distribuyen para lograr una sociedad más equitativa.
El estudio del Barómetro también refleja el alto déficit de confianza institucional, aclarando que si bien el Poder Ejecutivo mejoró su imagen sigue siendo poco o nada confiable para el 80% de la población.
Pero el análisis más allá de la función que cada uno de nosotros tiene, debe fundarse en qué nos ha pasado como sociedad, dónde ha quedado la solidaridad, el compromiso o la preocupación por los que menos tienen. ¿Podemos negar livianamente que la inseguridad no tiene su origen, en gran medida, en la falta de oportunidades para un gran sector social?.
¿Debemos distribuir la riqueza o la pobreza?. No importan los términos a emplear, importa el hecho de advertir la incapacidad que desde el Estado se ha manifestando para lograr un desarrollo equitativo de las posibilidades sociales de los ciudadanos.
Sin duda, como el propio estudio lo refleja, esta tarea es de gran complejidad.
Un ingreso ciudadano universal como existe en Francia que garantice una entrada mínima es una de las alternativas, pero también el rescate urgente de la educación y de la igualdad de oportunidades de manera tal que quienes menos tengan y se lo propongan puedan acceder a una vida mejor.
La sociedad no ve al asistencialismo como una solución, sino como una dádiva otorgada por el gobierno para expiar las culpas de un diseño económico no inclusivo.
