En las sesión de tablas de la Cámara de Diputados de la Provincia se trató el miércoles el proyecto de ley número 48311, remitido por el Poder Ejecutivo de la provincia, el que solicitaba la ratificación Legislativa del Decreto nº 838/08, por el cual se aprobara el convenio suscripto el 1º de abril de 2008 entre el Poder Ejecutivo Provincial, la Asociación de Magistrados de la provincia de Mendoza y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, poniendo fin al conflicto suscitado en torno a la liquidación de la remuneraciones de los Magistrados de la Provincia de Mendoza.
Considero necesario aclarar que el referido proyecto llega a la Legislatura para su ratificación o rechazo. Es decir, que en esta instancia no se puede discutir los términos del convenio ni tan siquiera modificarle una coma, sino simplemente aprobarlo o rechazarlo, mediante la sanción de la pertinente ley para el caso de aprobarse o su remisión al archivo frente al rechazo.
Mi voto fue por la aprobación del convenio.
En primer lugar se trata de una transacción, es decir un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas extinguen obligaciones litigiosas o dudosas (art. 832 del Código Civil), y han sido las partes quienes han suscripto el convenio. Téngase presente que lo han firmado la totalidad de los jueces de la provincia.
Recordemos que todo este conflicto se inicia hace aproximadamente 7 años por la interpretación constitucional y reglamentaria que unos -los jueces- y otro -la provincia-, realizaban sobre la forma de liquidar las remuneraciones de los primeros, en relación al significado de la intangibilidad constitucional de los salarios de los jueces y a la posibilidad legal de ser indexados.
Ante la imposibilidad de un acuerdo, los jueces iniciaron su reclamos judiciales. Es por todos conocidos el largo y grave conflicto que mantuvieron inicialmente el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y posteriormente el Poder Legislativo, en tanto y en cuanto es éste quien tiene la facultad constitucional de dictar la ley general de sueldos de la provincia.
Sin perjuicio de las discusiones públicas que se generaron, claro está que los reclamos judiciales avanzaron hasta tal punto en que ya con sentencia de primera instancia, se ordenaron embargos en las cuentas públicas, lo que caldeó aún más la situación.
Sin embargo también en el seno interno del Poder Judicial también se produjeron distorsiones, que afectaban su normal funcionamiento. Teníamos jueces que a una misma función, cobraban distinto, algunos que habían cobrado el producido de los embargos, y otros que habían acordado con el PE y resolvieron no cobrar los embargos hasta tanto no se obtuviera la sentencia definitiva. También había otros que no habían reclamado nada.
Conforme el estado de los reclamos judiciales, los criterios vertidos en diversas resoluciones judiciales que se han producido en todo el país, y fundamentalmente los casos "Chiara Díaz" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y recientemente el caso "Del Castillo, Magariños, Zapatero" de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, tengo para mi el convencimiento de que los reclamos judiciales de los Jueces, indefectiblemente -sin perjuicio del tiempo de resolución-, la provincia los pierde, debiendo entonces afrontar no sólo capital, sino intereses, gastos y honorarios de abogados.
El acuerdo transaccional ratificado ayer por Diputados pone fin al conflicto, desistiendo los jueces de sus juicios haciéndose cargo de los honorarios de sus abogados, y la provincia de los suyos, y establece un sistema de liquidación de sueldos sujeto a los que fije la Corte Nacional a partir de enero de 2009.
Pero sin perjuicio de ello, también sostengo que en el respeto a los principios republicanos, el Poder Judicial es quien mantiene o debe mantener el equilibrio del sistema de división de poderes. No es posible que la Provincia de Mendoza, mantenga un enfrentamiento de poderes que evidentemente afecta el funcionamiento institucional de la misma.
Creo que este es un acuerdo donde ambas partes han cedido. Los jueces porque desisten de sus reclamos judiciales, y la provincia porque se está ahorrando un montón de dinero.
Pero lo más importante es que se ha logrado en términos razonables poner fin a un conflicto con graves implicancias institucionales para la Provincia de Mendoza.
Por estas sencillas consideraciones es que voté por la ratificación del convenio.
Por qué voté a favor
El diputado demócrata Diego Arenas explica cuáles fueron sus argumentos para votar a favor del acuerdo entre los jueces y el Poder Ejecutivo. El legislador dice en su nota que, en la instancia vivida el miércoles último en la Legislatura, "no se podía discutir los términos del convenio ni tan siquiera modificarle una coma".
