¿Por qué motivos debemos aguantar de mala manera durante 4 años a un gobierno que eligió mentir en la campaña electoral para así ganar?
Es necesario discutir la necesidad de que exista en la Constitución de Mendoza la posibilidad cierta de revocar los mandatos.
A poco de andar ya se ha comprobado –entre otras cosas- que no había plan de seguridad, ni mapa del delito ni gente democrática para hacerse cargo del acuciante problema, que no se va a triplicar el presupuesto educativo pero que tampoco había equipo entrenado para hacerse cargo del gobierno educativo, y sacando la cuenta que "el día después de asumir" –tal como rezaba la publicidad del entonces candidato Jaque- no se reunieron todos los recursos humanos dedicados a la cuestión social a fin de imprimir una política de shock contra la exclusión.
Con una democracia adulta no tiene por qué ser necesario vivir un gobierno como un castigo. Aun aquellos que gobiernan tras no haber obtenido un contundente triunfo, han buscado y muchas veces logrado –como sucedió, por ejemplo, con Néstor Kirchner- el aval de la sociedad gracias a su habilidad para afrontar la situación y salir adelante.
No es el caso de la Mendoza actual.
Pero tampoco contamos con instrumentos democráticos y herramientas útiles para cambiar una decisión que a todas luces fue equivocada: se mintió para ganar una elección, ese fue el camino elegido y hoy nos lo dicen en la cara como si fuésemos estúpidos. Pero algo de razón tienen, ya que no tenemos cómo revertir la situación, salvo dentro de 2 años en elecciones meramente legislativas.
En el país solo hay un instrumento legal de la categoría que aquí se reclama en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su artículo 67, que es señalado como "un verdadero paradigma del derecho constitucional y de la participación ciudadana", establece con claridad que "el electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente. El pedido de revocatoria no es admisible para quienes no hayan cumplido un año de mandato, ni para aquellos a los que restaren menos de seis meses para la expiración del mismo".
Agrega que "el Tribunal Superior debe comprobar los extremos señalados y convocar a referendum de revocación dentro de los noventa días de presentada la petición. Es de participación obligatoria y tiene efecto vinculante si los votos favorables a la revocación
superan el cincuenta por ciento de los inscriptos".
A la sazón, Raúl Gustavo Ferreira, profesor de Derecho constitucional e investigador del instituto de Investigaciones Jurídicas "Ambrosio Gioja" de la Universidad de Buenos Aires, señala, en torno a la naturaleza legal de la revocatoria de mandatos que "es un derecho subjetivo, grupal o colectivo. Se requiere el 20% del electorado. Hasta entonces es derecho de petición a las autoridades. Reunidas las 520.000 adhesiones de los ciudadanos y ciudadanas que se hallen inscritos en el padrón electoral - aparentemente muy cerca de los 2.600.000 electores-, el rostro del derecho subjetivo para requerir la revocatoria del mandato queda totalmente configurado".
"Consecuentemente –agrega el jurista- de comprobarse tal situación, se pasa a la fase 2, es decir, el plebiscito".
Como otro antecedente a tenerse en cuenta, valga el proyecto enviado por Evo Morales para su discusión en el parlamento boliviano. El mandatario establece en su propuesta que su mandato y el del vicepresidente serán revocados si en la consulta la votación que rechaza su gestión supera los votos por los cuales fue elegido presidente.
En conclusión, creemos que el debate para reformular en este sentido la Constitución de Mendoza debe ser abierto inmediatamente.
Para alcanzar el gobierno pueden elegirse dos caminos: mentir para ganar, o perder a pesar de decirle al electorado la verdad de las cosas. Pero una elección no tiene por qué transformarse en una ruleta rusa, ni el gobierno elegido, tras traicionar su plataforma, debe representar una carga inaguantable para los ciudadanos.
Las democracias avanzadas y los modelos participativos de gestión ya prevén nuevos caminos. Creemos que Mendoza debe darse la oportunidad de recorrerlos.
* El autor es abogado y fue responsable de la Unidad Penal III Almafuerte, en Cacheuta.