La restauración del sistema democrático en 1983 llenó de esperanzas a todos los argentinos. Poner fin a los golpes militares, restaurar la soberanía popular y la plena vigencia de la Constitución y, con ella, de todos los derechos y garantías consagrados por Ella, eran la aspiración más cara de la sociedad después de años aciagos cuyas consecuencias aún causan dolor.
Pero, tantos años de interrupción institucional, de falta de práctica en la vida democrática, no eran fáciles de recuperar en corto tiempo. Las primeras elecciones mostraron un panorama con viejos dirigentes que habían actuado en las últimas elecciones en 1973, pero se había perdido una generación, no había mucha renovación ni en las personas ni en las ideas.
Con el transcurso de los años la dirigencia emergente ha mostrado una pérdida de calidad notable, que se aprecia en las decisiones, en las malas políticas y en las malas prácticas. De hecho, la disconformidad permanente de los ciudadanos con los dirigentes políticos es notoria y se ha visto reflejada en las formas de votar o, lo que es más grave, en la ausencia a la hora de votar.
Mendoza no ha sido una isla y ha venido mostrando una involución en la materia y los más claro se refleja en los resultados. La provincia muestra atrasos notables a pesar de haber multiplicado sus presupuestos.
En los últimos años se vio una marcada dependencia de los gobernadores provinciales del poder central. Salvo Felipe Llaver o José Octavio Bordón, que mantuvieron cierta independencia, el resto se subordinó a los objetivos nacionales y con distintos argumentos fueron justificando la derivación de recursos de a provincia a la nación o la pérdida de ventajas.
Lo más grave, sin dudas, ha sido el perjuicio causado por las promociones industriales, que si bien nacieron en el gobierno militar, se sucedieron sin objeción. Luego, nacieron las Actas de Reparación histórica, que les dieron ventajas a las provincias vecinas ante el silencio de las autoridades locales.
En este tema, incluso, se planteó un juicio a la Nación que estaría por transar a cambio de la construcción de la Represa de Portezuelo del Viento, algo que según las previsiones puede demorar más de 20 años, si es que hace.
Pero no solo han sido los gobernantes locales, porque muchos de los representantes ante el Congreso Nacional han contribuido a la degradación institucional argentina, votando las leyes de emergencia económica, entre otras, que han resignado las atribuciones del congreso a favor del presidente, violando la división de poderes, eje básico del sistema republicano.
De la misma manera se aceptado disciplinadamente el robo de las regalías petrolíferas y una disminución de lo que la Nación debe coparticipar en términos porcentuales a las provincias. La obediencia debida al poder central ha sido más fuerte que la responsabilidad de preservar el patrimonio provincial “Es la política”, argumentan, precisamente lo que hoy la gente no aprueba como práctica.
Desde el gobierno de Roberto Iglesias venimos reclamando por la discriminación a la que es sometida la provincia en el precio de los combustibles. Mendoza tiene los precios más altos del país y no hay ninguna explicación que lo justifique. Esto agrava los costos provinciales, sumados a la mayor cantidad de peajes que hay que pagar. La paradoja es que tenemos yacimientos, refinería y riesgo ambiental, pero pagamos más que en Chaco, Córdoba o Formosa.
No ha habido ningún reclamo de ningún gobernador, de ningún legislador y, lo que es peor, de ninguna entidad empresaria. La clase política consiguió dormir a los empresarios.
Los legisladores provinciales y los funcionarios provinciales, además, ha demostrado poca capacidad, nulos conocimientos y carencia absoluta de convicciones, ya que ante cada pueblada han sancionado leyes absurdas, violando incluso la Constitución, para sacarse el problema de encima.
También de nuestra Honorable legislatura salieron las leyes que perdonaron las deudas del Fondo Residual de los bancos, que costó 900 millones de dólares al patrimonio provincial y hoy engrosa el endeudamiento del estado.
Esta clase política, en los últimos años, nunca fue capaz de transmitir una idea de futuro, una línea directriz que pudiera hacer nacer una mística detrás de la cual movilizar el esfuerzo de la población y motivar el entusiasmo detrás de un objetivo. Todos se limitaron a reseñar la pesada herencia que recibían de sus antecesores, aunque fueran del mismo partido. Mientras tanto, los presupuestos crecían y las deudas del estado también.
Mendoza está mal y tiene en su clase dirigente una de las causas de su males, pero, ¿y la sociedad? ¿Cuál es su responsabilidad por haberlos elegido?. Esta es la pregunta más difícil de responder, pero si se logra desentrañar el extraño misterio por el cual los mendocinos elijen a los que los llevan al precipicio, podrían encontrar una salida razonable para comenzar a subir la pesada cuesta que deberemos recorrer para colocarnos con cierta expectativa en la modernidad.
Un muestrario de baja calidad
La dirigencia local ha venido involucionando en los últimos años y su baja calidad se aprecia fácilmente. Nunca hubo planes ni objetivos, pero fueron electos democráticamente.