Falsas antinomias

En los últimos días asistimos consternados a un espectáculo penoso que está poniendo en vilo la pacífica convivencia entre hermanos y que amenaza con reproducir hechos sangrientos del pasado que creíamos haber superado en los últimos años.

Frente a medidas inconsultas del Gobierno Nacional que modifican el sistema de retenciones fijas  por un sistema de retenciones móviles y que de hecho suponen un aumento  de la presión fiscal sobre el sector productor de granos, los argentinos nos vemos sorprendidos por la aparición de falsas antinomias y mitos del pasado que ponen en riesgo la consecución de un camino de desarrollo sustentable que deje de lado las recurrentes crisis características de nuestra economía.

Agro vs industria

Presentar el problema actual en términos de esta variable dicotómica es volver a un planteo que pudo haber tenido  cierto grado de verdad en la Argentina de los años 40s y 50s y que se refleja en los planteos  cepalianos acerca de la necesidad de la industrialización sustitutiva de importaciones en un contexto de términos del comercio internacional   desfavorables para los países agro-exportadores.

La falta de actualización tecnológica de las industrias protegidas (la falta de búsqueda y aplicación de las llamadas rentas schumpeterianas) causó posteriormente (también debido a políticas implementadas a partir de mediados de los 70s) la desaparición de gran parte de ellas; otras se convirtieron rápidamente en importadores de los bienes que antes producían a costos inviables internacionalmente.

Hoy el contexto internacional nos ofrece un escenario de términos del intercambio favorables para los países productores de alimentos y commodities (basta sólo con comparar el costo de una computadora en términos de toneladas de soja, de trigo, de maíz, de cobre, de aluminio o de hierro hace seis años y en la actualidad).  Esto representa una inmensa oportunidad para Argentina.

Oportunidad que debemos aprovechar siendo  capaces de producir más cantidad de los bienes que demanda el mercado global, con mayor valor agregado, con más equidad y calidad de los empleos incorporados en el producto y evitando la creciente concentración, oligopolización,  monopolización y extranjerización de lo mercados.

Hoy el campo es  una industria más: su tecnificación, el paquete tecnológico que aplica hace que su proceso productivo no difiera significativamente de aquel de cualquier otra rama industrial.

Si planteamos el actual problema ocasionado por la  medida del Gobierno Nacional y sus posibles soluciones dentro de este esquema de oposición entre el campo y la industria lo único lograremos es volver al pasado.

Planteos necesarios:

Planteo institucional

¡Qué distinto habría sido el resultado (la medida tomada por el Gobierno Nacional) si hubieran funcionado las instituciones de Nuestra Constitución y el proyecto de incremento de las retenciones hubiese tenido iniciación y hubiese sido discutido en el Congreso de la Nación!

La Constitución establece en su Art. 75 Inc. 2 que corresponde al Congreso la  imposición de impuestos directos e indirectos. En una “Argentina normal” deberían haber existido la discusión y el tratamiento parlamentarios de cualquier medida impositiva.

La existencia consentida por nuestros representantes y gobernadores de la Ley de Emergencia, los superpoderes y los DNU ha menoscabado la República en Argentina. 

La hegemonía y autoritarismo crecientes en el Poder Ejecutivo Nacional dan lugar  a esta discrecionalidad  que ha ocasionado la actual situación de inestabilidad política y social que hoy estamos viviendo.

Debemos volver a instaurar la República en nuestro país. No es posible la Democracia sin la vigencia de las instituciones republicanas. Este uno de los debates que debemos responder.

Planteo federal

No existe federalismo político sin federalismo fiscal. No es casual que el Gobierno Nacional siga creando y aumentando alícuotas de los impuestos no coparticipables cuya recaudación es utilizada centralizada y discrecionalmente.

La voracidad fiscal del Gobierno Nacional a partir de los años noventa ha violado sistemática y crecientemente la prohibición establecida por el art. 7 de la Ley 23.548 Coparticipación Federal de Impuestos  que establece que: “El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales”. Hoy las provincias reciben poco más del 20% de los recursos.

Las retenciones son un impuesto no coparticipable. El Gobierno Nacional las ha utilizado para aumentar su caja (el Presupuesto 2008 prevé $ 24.231 millones). Representaron $20.450 millones en el año 2007 (un crecimiento del 39% respecto de los $ 14.712 del 2006). Junto con el impuesto al cheque sumaron el 4,4 % del PBI, superior al superávit fiscal.

Las provincias no reciben ninguna parte de las retenciones salvo a través del gasto  y  la inversión pública nacional discrecional (en ambos rubros la Provincia de Mendoza se encuentra fuertemente discriminada).  Sería conveniente que el ministro Lousteau releyera el libro que escribió “Hacia un federalismo solidario” (Temas, 2003) donde sostiene entre otras afirmaciones: “Este esquema apunta fundamentalmente  a eliminar la distinción entre recursos coparticipables y no coparticipables... “Eliminar el sesgo entre lo coparticipable y lo no coparticipable reduciría los grados de libertad del gobierno nacional....” “Finalmente la coparticipación de los tributos al comercio exterior constituye  una señal  muy importante en términos de la superación de una antinomia histórica”  (Lousteau,M.)

Parece que la función pública tiene un gran poder amnésico y anestesiante de los principios y valores federales sostenidos anteriormente por el ministro. El federalismo es el segundo debate que nos debemos plantear.

Planteo distributivo

El Gobierno justifica las medidas tomadas  en función del objetivo de distribución más equitativa del ingreso. Nadie puede discutir este objetivo de política económica de construir una Argentina más equitativa e inclusiva que la que hoy tenemos (el 10% más rico de la población recibe  25 veces el  ingreso del 10% más pobre cuando a mediados de los  70 recibía sólo 10 veces más).

Pero :¿Son las retenciones a los productores de granos el instrumento más adecuado para la redistribución de ingresos? En primer lugar debemos referirnos al impacto de las retenciones al interior del sector agropecuario.

Existen varios campos: los grandes productores, los  pool de siembra, los  medianos y los  pequeños productores. El impacto de la medida es regresivo porque es igual para todos los productores, independientemente de sus escalas y costos de producción, incluidos los costos diferenciales de transporte.

Las retenciones son regresivas y favorecen el proceso de concentración de las explotaciones agropecuarias y la expulsión de mano de obra desempleada del campo y del interior del país hacia los centros urbanos.

Una alternativa con mejor efecto redistributivo es la implementación de una fuerte progresividad en las tasas aplicables al sector del Impuesto a las Ganancias. No sólo pagarían más aquellos con mayor rentabilidad sino que al ser un impuesto coparticipable  redundaría en una mayor equidad territorial.

Si consideramos el efecto de las retenciones en cuanto a la distribución del ingreso podemos afirmar que si bien es cierto que las retenciones desacoplan los precios internos de los bienes de consumo de los precios internacionales, también es cierto que al cercenar la rentabilidad del sector y, aumentar la incertidumbre por su discrecionalidad temporal, desalientan la inversión en el sector disminuyendo la oferta futura y por ende aumentan los precios internos futuros con el consecuente impacto sobre los sectores de menores ingresos.

El mayor impuesto regresivo que tenemos en la Argentina es el impuesto inflacionario que el año pasado anuló gran parte las mejoras logradas en la distribución del ingreso, los niveles de pobreza e indigencia.

Si queremos buscar responsables de la inflación actual en la Argentina propongo que analicemos las políticas discrecionales de gasto público creciente; los precios internacionales de las commodities y  las restricciones a la ampliación de la oferta de bienes y servicios.

Este es, sin dudas, el tercer y principal  debate que debemos darnos.


El autor es docente de la Universidad Nacional de Cuyo.