No voy a entrar en consideraciones jurídicas acerca de si la Cámara de Casación actuó como tribunal de justicia o si se excedió y su medida es casi casi una atribución parlamentaria, según sugiere el alto tribunal. Vamos al fondo del asunto, que es lo que vale. En primer lugar, Casación, por pedido del especialista internacional y militante de la niñez Emilio García Méndez, decidió que sesenta niños y adolescentes del Instituto General San Martín no permanecieran más en el lugar. Eso equivale a darles la libertad porque las condiciones de vida no se corresponden con las garantías que merecen los menores de 18 años. Hasta hace unos años, el San Martín era un depósito de pibes chicos. La mayoría de los que llegaban tenían entre 11 y 15 años y no lo hacían por delitos penales sino simplemente porque la vieja legislación de patronato otorgaba a los “jueces de menores” la potestad de decidir el futuro por ellos. Las estadísticas indicaban que ocho de cada diez de esos pibes llegaban por abandono o violencia familiar y entonces los magistrados los mandaban “en depósito”. La secuencia de ingreso era similar a las que se ven en películas del género (como la brillante francesa Los coristas, donde un preceptor, contra la mano dura del director, amiga a los chicos con la práctica de la música. A los pibitos del San Martín les dan pantaloncito corto, camisa de uniforme, un rape a la cero y una cama de pabellón carcelario. Sus preceptores los vigilan todo el día y ellos juegan a ver cuándo se pueden rajar a la calle, único lugar que les dejaron como ámbito de libertad. Entonces, lo que sucede es que ese instituto, como la mayoría, son ámbitos de iniciación en el malevaje. Nadie puede argumentar que el San Martín es un ámbito de recuperación y contención.
Pero hace dos semanas hubo un hecho alarmante: en el Centro de Recepción de La Matanza –apenas inaugurado– se suicidaron dos pibes de 16 y 17 años. El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, que siguió el caso, aclaró que eran amigos entre ellos. Para la identidad de dos pibes condenados por delitos más o menos graves, la idea de quedarse encerrados es peor que la muerte. Esos pibes son un resultado social, de dos o tres generaciones donde la cultura del trabajo se desdibuja.
¿Y qué les ofrece esta sociedad? Por un lado están los agitadores de la mano dura, que cuentan con el peso de la fuerza policial y el rigor judicial, el apoyo de los medios masivos y la susceptibilidad de buena parte de las clases medias golpeadas por “la inseguridad”. Por el otro, aquellos que prefieren la árida realidad de que a esos pibes hay que darles tratamientos que, salvo excepciones, no dan resultados extraordinarios. Como no los dan, por ejemplo, las sesiones de fisioterapia con un cuadripléjico, pero nadie se propone dejar de tratarlo.
CASOS DE ABANDONO. En estos mismos días, en que la Corte falló, hay muchas denuncias sobre violaciones preocupantes o abandono de las organizaciones que luchan. El Comedor Los Pibes, de la Boca, está a punto de ser desalojado, por orden judicial, a raíz de que los dueños del predio quieren recuperarlo. Eso era una fábrica tomada, donde se creó dignidad a partir del trabajo. Los miembros de Los Pibes sugieren que el macrismo está detrás de esta movida de que este centro de militancia y contención salga de la escena.
En una situación similar está el Centro Educativo Isauro Arancibia, que desde hace una década recibe a jóvenes en situación de calle de Constitución, Once y Retiro. Pero el gobierno de Macri piensa que es prioridad subsidiar a las escuelas privadas: el año que viene esta escuela social ya no podrá dar cursos de oficios; el argumento descabellado es que el centro de formación profesional que los ofrece sólo trabaja en cárceles. Es decir, para los pibes marginales es mejor atenderlos cuando están encerrados que darles herramientas que les eviten perder la libertad.
APRETADAS. Alberto Morlachetti, sociólogo, militante de la CTA, dirige el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. En este año, su organización registró una alarmante cantidad de ataques contra chicos y educadores. Empezó en marzo, con un ataque a la imprenta, siguió con ataques de encapuchados y golpizas en algunas oportunidades. Pero, en noviembre, cuando el debate por la imputabilidad a menores se hizo candente, aumentaron de modo sugestivo: prácticamente se registró un acto intimidatorio por semana.
El problema no es debatir el fallo de la Corte sino las políticas de inclusión social y los presupuestos para eso. Algo pasa que faltan recursos para acompañar a quienes tienen sus convicciones puestas en la identidad y las necesidades de los más vulnerados.
El autor: Eduardo Anguita es director del diario El Argentino.
Fuente: El Argentino