El balance de las AFJP es negativo

A  catorce años de implementado el sistema de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, creo que el balance es sumamente negativo.

Ha generado una disminución sustancial de los montos capitalizados y, por lo tanto, de los ingresos de los jubilados, lo que genera consecuencias sociales y económicas que deben ser afrontadas por políticas públicas.

Esto es más grave aún, si se toma en cuenta que, sólo en concepto de comisiones, las AFJP han cobrado 36.199 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 11.300 millones de dólares, que hoy no están en el sistema de seguridad social de la Argentina.

Además, se debe considerar que más de 33.000 millones de dólares han sido prestados al Estado, que ha tenido que pagar tasas de interés que no se habrían abonado si los recursos hubiesen permanecido en el sistema público.

A esta situación estructural preocupante se agrega una pérdida de rentabilidad evidente, entre otras razones por una crisis internacional que afecta a los mercados de capitales mundiales, lo que exige un serio y profundo replanteo del sistema que va a proteger a los actuales y futuros jubilados.

Hace aproximadamente un año, como presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, me tocó ser el miembro informante del proyecto de la ley 26.222, la llamada ley de libre opción jubilatoria.

Esa iniciativa, que por supuesto defendí con satisfacción, empezó a cambiar la historia del sistema previsional argentino porque, entre otras cosas, invirtió el razonamiento de ingreso a los sistemas. Como ustedes saben, la libertad –entre comillas‑ que proponía el sistema de capitalización individual no era tal. En el 85 por ciento de los casos, un trabajador que ingresaba al sistema lo hacía por sorteo y no se enteraba de en qué AFJP estaba hasta que llegaba el primer informe.

Con esa ley se invierte esa lógica y, además, se avanza sobre las comisiones. Como ustedes saben –lo acabo de mencionar hace un momento‑ las AFJP se llevaban una porción importantísima del aporte de los trabajadores debido al lucro –hasta lógico‑ de un sistema privado que para eso trabajaba. Se bajaron las comisiones y se estableció un mínimo de inversión en la actividad económica real, lo que comenzó a cambiar el aporte que este sistema podía hacer a la economía real del país. De alguna manera se fueron subsanando los errores más graves de este sistema que afectaba a sus afiliados y que ha contribuido largamente a que hoy estemos aquí debatiendo su finalización.

He sido protagonista de muchos proyectos de ley que han avanzado en sentido similar. Me refiero a la iniciativa que impulsaba correcciones a la mal llamada ley de solidaridad previsional, acortando los plazos de pago de sentencias, y a la ley que estableció la movilidad jubilatoria.

Evidentemente acá hay un problema de base porque en aras de la coherencia –se puede buscar en la versión taquigráfica mi defensa de la ley 26.222‑, es muy difícil explicar a algunos millones de argentinos a quienes propusimos optar por un sistema u otro por qué, a menos de un año, decimos que el sistema se acabó, que tienen que ir al de reparto, que sus cuentas individuales no existen más y que de alguna manera otras son las reglas de juego.

A nuestro criterio hace falta un período de transición en el que esas personas –muchas o pocas‑ que optaron por un sistema sean respetadas en esa voluntad explícita que nosotros mismos propiciamos.

Por tal motivo, aunque proponemos y defendemos el rol indelegable del Estado en el aseguramiento del sistema de seguridad social, así como defendemos ideológicamente este concepto y la inclusión de un millón y medio de nuevos jubilados ‑como propuso este gobierno‑, de alguna manera también queremos defender los derechos y la voluntad de muchos aportantes, expresada hace menos de un año, de permanecer ‑equivocados o no‑ en un sistema de capitalización individual.

Por eso proponemos que los fondos pasen a un sistema estatal de capitalización individual, que perfectamente podría ser tomado por la AFJP Nación. Esos fondos, junto con los que pasan al sistema de reparto, constituyen la totalidad de los recursos planteados en el proyecto oficial.

De esa forma lograríamos que las personas incorporadas a ese sistema transitorio –solamente estarían los que hoy se encuentran en el régimen de capitalización‑ puedan ver la evolución trimestral de sus cuentas y hacer el seguimiento. No hay mejor inspector que la misma persona que hace los aportes.

El monto de comisiones que se paga actualmente, que sigue siendo muy elevado –en el sistema estatal no se cobrarían comisiones, o serían muy bajas‑, constituirían recursos que pasarían a financiar el sistema solidario, que es otro de los principios que sostenemos.

Debe haber un sistema solidario de reparto abastecido con recursos del presupuesto nacional, inclusive de impuestos específicos, pero también de fondos compensadores de esas cuentas individuales que también serían un subsistema estatal.

Otro punto es el cambio de figura jurídica de la ANSES, que figura en nuestro proyecto como una entidad pública no estatal, con un consejo de conducción colegiado entre trabajadores, jubilados y empleadores.

El último concepto, el más importante para nosotros y para los que vivimos en el interior, es la devolución del 15 por ciento de los recursos coparticipables que fueron cedidos en 1992 para financiar, justamente, el déficit producido en la ANSES por la creación del nuevo sistema de capitalización individual.

No es cierto, como se contestó en alguna oportunidad, que los jubilados están en las provincias y por eso se justifica esta medida. Hay catorce cajas provinciales que no han sido transferidas y con las cajas transferidas también se fueron los aportes y contribuciones de aquellas provincias que tomaron tal decisión.

Por lo tanto, está agotado el argumento por el cual esos recursos coparticipables, que son aproximadamente de 11.000 millones de pesos anuales, no deberían volver a donde pertenecen, que es la coparticipación provincial.

Antes de ceder la palabra al señor diputado Solá quiero concluir mi exposición con algunas frases que he compartido, y que si buscan en la versión taquigráfica de mi defensa de la ley de libre opción jubilatoria también van a encontrar. Son expresiones que quizás no se compartan, pero que demuestran que tenemos que ser coherentes para lograr la credibilidad que necesitamos como Estado nacional para que, libremente, los argentinos optemos por el sistema de reparto:

“Cada uno podrá optar por defender su ahorro y que éste lo beneficie sólo a él y a su grupo íntimo. Si en algún momento decide cambiar de visión, podrá hacerlo porque nadie se lo impedirá. En nuestra Constitución, tal libertad merece tenerse como un valor y como un principio general. El Estado democrático consiste fundamentalmente en el reconocimiento de esa libertad.”

Estas frases son de Sergio Massa, quien trabajó junto a mí como presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y también con Amado Boudou en aquella oportunidad.