El escuadrón secreto de la Policía

Mendoza tendrá un escuadrón de 90 policías de civil, que no se identificarán y que se moverán en 30 vehículos de incógnito. Se encargarán de perseguir y atrapar a personas que infrinjan la ley vial.

Así contado, el párrafo remite, ineludiblemente, a los años de plomo.

Pero no es así. Se trata de una ley que aprobó la legislatura provincial y que no fue propuesta precisamente por algún partido nostálgico del pasado, sino por Consenso Federal, el espacio del vicepresidente Julio Cobos.

La iniciativa partió de un ignoto legislador que, antes de ocupar su banca, fue empleado legislativo por 20 años y luego, director municipal de Comercio en Guaymallén, Santiago Cazzoli.

Pero ese no es el punto. La Cámara de Diputados, primero, le dio su apoyo. Y ahora lo hizo el Senado. Por lo que sólo resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo provincial para que tal escuadrón secreto comience a funcionar.

Frente a esto y repasando la realidad de la seguridad, el control interno policial y la historia de Mendoza, debemos realizarnos algunas preguntas.

¿Realmente la Legislatura de la provincia creyó importante avanzar en una iniciativa que, de arranque, parecía tomada de los pelos?

¿Es realmente necesario crear una fuerza secreta, a contrapelo de los escasos, pero importantes logros alcanzados en la materia en estos 25 años de democracia?

¿Se ha dimensionado la implicancia de reinstalar en la sociedad la sola idea de que cualquiera es policía y que ya no son consideradas siquiera aquellas viejas reivindicaciones democráticas de la identificación y la lectura de los derechos?

¿Alguien puede garantizar, sinceramente, que este escuadrón secreto vaya actuar con probidad, cuando si cualquier ciudadano resultare víctima de coacción de su parte no le asistirá ninguna posibilidad de defensa?

¿Se ha desterrado, realmente, el coimeo en las rutas y la corrupción policial, de modo de avanzar en regalarle la confianza plena del Estado sobre cuestiones legales a un solo escuadrón inidentificable a simple vista?

¿La Justicia está al tanto de los proyectos que se presentan y se aprueban en la Legislatura de Mendoza? Y lo más importante aún: ¿va a esperar que alguien resulte perjudicado por la arbitrariedad que implica someterse a los designios de alguien en cualquier lugar de la geografía mendocina que diga ser policía y haya que creerle por el solo imperio de la prepotencia, para estudiar la constitucionalidad o no de leyes como la aprobada?

¿Es tan incapaz la clase política mendocina que renuncia a insistir con la formación ciudadana para avanzar con metodologías que son propias del autoritarismo y que, ni aun si se esgrimiese una mayor posibilidad de “eficacia”, ésta está garantizada a favor del bien común y de los derechos que todos tenemos?

El 12 de agosto pasado, MDZ reunió a los responsables del control de las fuerzas seguridad en Mendoza para discutir en torno a la necesaria depuración de la policía, a la luz de una serie de acontecimientos en los que los uniformados estaban involucrados.

Recordamos en aquel momento que la encuesta de victimización realizada por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y democracia (ILSED) que daba cuenta de una gran desconfianza de la población hacia quienes deben hacer cumplir las leyes, fundada en que son constantemente partícipes de actos, precisamente, ilegales.

El propio titular de la Inspección General de seguridad, Félix Pesce, afirmó en aquella reunión que no están dadas las condiciones para controlar bien a los uniformados. Imaginemos a los sin uniforme.

“Debemos mejorar los mecanismo de control. Nos cuestionan porque no somos lo suficientemente ágiles, pero somos el primer eslabón de la cadena junto al Tribunal de Disciplina y la Bicameral del Seguridad”, ensayó Pesce como excusa ante la reiteración de los hechos.

Sin embargo, antes de avanzar en este sentido, lo que requería necesariamente de un aval legislativo, ambas cámaras decidieron dar vía libre a un proyecto puntual, inexplicable jurídicamente e inexistente en la experiencia comparada, salvo en aquellas que preferimos olvidar.

No es necesario que los legisladores saquen de la galera ocurrencias para combatir la terrible inseguridad en las rutas; hace falta capacidad y decisión en la materia y para ello deben consultar a quienes saben.

Es muy grave experimentar con el cuero ajeno, con tal de demostrar actitud y actividad en materia legislativa.

No puede asignársele sobre fin de año a un proyecto de mera índole experimental partidas de un presupuesto que ni siquiera existe (ya que se habla de 2 millones de pesos para poner en funcionamiento el sistema).

La aprobación de esta ocurrencia demuestra que la democracia es joven aún y, en ocasiones, actúa más con los impulsos propios de un adolescente. Pero es necesario que esté cerca el razonamiento adulto, para acompañar y para impedir que este tipo de reacciones espasmódica, se vuelvan una costumbre cotidiana.