El actual estallido financiero internacional obedece a una crisis peculiar de
"valorizaciones ficticias" en el mercado y expresa a las claras las consecuencias de
una economía basada en la libre competencia sin ningún tipo de regulación dentro del
capitalismo global. Además, este hecho se asocia con la caída de los precios de las
materias primas que habían experimentado un encarecimiento notable en los últimos
tiempos por la demanda anticipada de los principales países consumidores del mundo,
particularmente los orientales. Estos procesos han puesto en evidencia los riesgos
severos que genera este modelo especulativo de "falso crecimiento económico" y que
coloca a los países periféricos como candidatos a sufrir los efectos de esta
conmoción planetaria, de cuyo origen no tienen ninguna responsabilidad.
Ubicados en esta realidad, los participantes de "Carta Abierta Mendoza" queremos
destacar que esta crisis mundial ya fue prevista por muchos economistas y anunciada
desde hace tiempo. Y es por ello, que deseamos pronunciarnos ante la opinión
pública en pos de una alternativa superadora del actual estilo de crecimiento
económico reinante.
Nos definimos en favor de un modelo de desarrollo humanitario y sustentable que
garantice condiciones de vida digna para todos los ciudadanos, lo que implica
necesariamente una intervención activa por parte del Estado para garantizar una
distribución equitativa de la riqueza generada en el país y un uso planificado de
los recursos naturales que nos pertenecen con el fin de preservarlos para las
futuras generaciones de argentinos.
Nuestra propuesta incluye:
1- Afianzar la integración de los países latinoamericanos consolidando tanto el
bloque político de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) como el naciente
BANCO del SUR, instituciones que ayudan a fortalecer la base político-económica del
modelo de desarrollo que deseamos;
2- Resguardar nuestras reservas monetarias del Banco Central sin comprometerlas
con ningún tipo de pago ordinario o extraordinario de deuda externa en la actual
coyuntura internacional;
3- Reconsiderar las concesiones otorgadas a los servicios públicos que fueron
privatizados y que hoy son subsidiados por el Estado, evitando un aumento
indiscriminado de tarifas y propendiendo a la re-estatización de aquellos que son
más necesarios para el bien común;
4- Avanzar en la implementación de un impuesto o gravamen a los propietarios
del principal núcleo sojero del país -localizado en la región pampeana- ya que el 70
% de las tierras que producen esta materia prima se encuentra en situación de
arrendamiento, con lo cual los propietarios obtienen una ganancia extraordinaria sin
inversión ni riesgo;
5- Mantener la actual política de retenciones agrícolo-ganaderas para las
commodities que siguen siendo rentables, controlar la transferencia de capitales de
los servicios públicos privatizados que están en manos de conglomerados extranjeros
y regular actividades claves como la explotación de petróleo, gas y minerales
estratégicos, recuperando la presencia estatal en esas áreas;
6- Normalizar, lo antes posible, al INDEC para obtener credibilidad y
confianza, tanto en el plano interno como externo, respecto de las estadísticas que
este organismo oficial proporciona en materia de inflación, tasa anual de
crecimiento, monto del PBI, indicadores de pobreza e indigencia, etc.;
7- Evitar una acelerada devaluación del peso, que, de llevarse a cabo,
implicaría una escalada inflacionaria y una pérdida notoria del valor del salario de
la clase trabajadora, resguardando, al mismo tiempo, el actual nivel general de
empleo frente a un creciente clima empresarial que preanuncia numerosos despidos;
8- Diseñar un proyecto de ley de reforma tributaria que impacte sobre las
clases sociales de mayores ingresos en beneficio de las menos pudientes, enviándolo
al Congreso de la Nación para su tratamiento, con el propósito de recaudar más
fondos para el erario público y reinvertirlos en políticas más eficaces de
redistribución de la riqueza;
9- Implementar un real y efectivo sistema de equitativa coparticipación federal
de los recursos económicos para que todas las provincias puedan contar con los
fondos necesarios para su desenvolvimiento y de acuerdo a sus necesidades y
prioridades;
10- Gestar diferentes tipos de políticas que aseguren la protección de la
producción nacional a fin de resguardar los niveles de empleo y de consumo en el
mercado interno, teniendo en cuenta las actuales perspectivas económicas regionales
y mundiales;
11- Garantizar, desde el Estado, un régimen único y universal de previsión social
para todos los argentinos, a fin de asegurar la solidaridad social, la justa
retribución y el porvenir de quienes se acogen a la jubilación, en vista de que el
sistema privado de capitalización, además de no ser incluyente, ha plasmado la grave
injusticia de privilegiar la rentabilidad de las empresas administradoras en
detrimento de lo debido a los aportantes.
Como mendocinos, y siendo parte involucrada en la actual situación nacional,
pensamos que esta propuesta sólo tiene posibilidad de ser llevada a la práctica si
la misma es respaldada por la mayoría de los sectores populares y de otros sectores
de la sociedad que luchan por un porvenir mejor para todos los argentinos. Asimismo,
creemos que en este planteo les cabe una responsabilidad indelegable tanto al
gobierno como a los partidos políticos y a las organizaciones sociales que se
pronuncian en favor de una mayor intervención del Estado en las distintas
dimensiones de la realidad social.
Octubre de 2008.
Elena Ramírez, Néstor García, María Josefina Neirotti, Héctor Rubén Cuello, Milca Vargas,
Horacio Luis Báez, Julio Rudman, Carmen Arrojo, Vicente S. Reale, Luisa Alicia Centeno, Norberto Rossell, Estela Vergelín, Raúl A. Gallisa, Ana Rouquauel, Gabriel A. Bajach, Celia Simioli, Roberto Follari