Si el gobierno nacional se empeña en aprobar como sea su proyecto de traspaso de las jubilaciones al sistema estatal de reparto, que contempla la apropiación de los fondos que la gente reunió en las AFJP, el país quedará nuevamente al borde de un crack institucional, tal como ocurrió con la famosa resolución 125 y la crisis del campo, apenas unos meses atrás.
A pocos días de presentado en sociedad, es evidente que el plan, que le dará al gobierno una “caja” de 15.000 millones de pesos anuales -más los fondos aportados desde que rige la capitalización, de otros 90.000 millones de pesos-; genera muchas dudas, cuando no la más plena desconfianza en cuanto al destino de ese dinero.
La oposición, desde Mauricio Macri al socialismo, pasando por los radicales, el lavagnismo, el mismo Julio Cobos, peronistas disidentes y Elisa Carrió, ha reclamado cambios, cada uno según su propia óptica del asunto.
El mayor temor es que el kirchnerismo, que afrontará un año electoral muy complejo y con grandes chances de sufrir derrotas en distritos clave, utilice el dinero de la gente para financiarse solventando así los gastos de la política, el pago de deuda pública para evitar un default, obras públicas, y campaña electoral. La “sequedad” internacional y el clima recesivo mundial alimentan estas sospechas, ya que el gobierno no tiene muchas posibilidades de conseguir financiamiento externo, salvo que se recurra a vías informales entre algunos de sus socios latinoamericanos, por ejemplo el venezolano Hugo Chávez.
Como sea, y a pesar de las declaraciones altisonantes de algunos miembros prominentes del oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación, como Agustín Rossi o Carlos Kunkel, ya es evidente que será muy difícil para Néstor Kirchner y Cristina Fernández aprobar el trámite sin más, como si el Congreso fuese una escribanía. Habrá que negociar, consensuar y construir acuerdos, con la habilidad diplomática, la flexibilidad y la capacidad de mediación de un embajador de carrera.
Las mayores dudas de la oposición, aún sin cuestionarse si el sistema privado fue un fracaso o no, pasan por las garantías que habrá sobre los 90.000 millones ya reunidos en la capitalización. Lo que el arco político opositor y muchos miembros del PJ le reclaman al gobierno, es un férreo compromiso de que ese dinero de los argentinos les llegará como corresponde cuando se jubilen. Y como las palabras se las lleva el viento, lo más probable es que deban incluirse en el proyecto de ley artículos específicos que garanticen plenamente el destino jubilatorio de los fondos previsionales.
Además, habrá que sortear la discusión sobre si se puede o no confiscar los aportes hechos a las AFJP por los jubilados y futuros jubilados. Una cosa es la expropiación, que tiene rango constitucional y que se puede hacer en condiciones especialísimas de utilidad pública, y otra muy distinta es que el gobierno confisque fondos de cuentas de capitalización que son individuales, y que están a nombre de cada una de las personas aportantes. Visto así, la medida es peor que el corralito, ya que en aquel momento no se les negó a los argentinos la propiedad de su dinero, aunque lo hayan tenido que recuperar con cuentagotas y grandes pérdidas, pesificación mediante.
Hay mucho para discutir. Es claro que el sistema de capitalización no dio los resultados esperados. De la misma forma, el plan de los Kirchner para pasar de un sistema a otro, “al estilo K”, es decir, sin debate, sin consultas, a los gritos y casi a la fuerza, lejos está de ser una reforma previsional integral para beneficio de los futuros jubilados.
Estará en las principales espadas políticas del país, tanto en el oficialismo como en la oposición, llevar adelante este debate por carriles de razonabilidad, y arribar al mejor resultado posible por medio del consenso. El país no está como para planteos histéricos o medidas fácticas, mucho menos cuando se trata de bienes individuales, del derecho a la propiedad, y de beneficios colectivos. El país está más bien preocupado por el futuro, por la crisis inminente, y por cómo nos va a influir el clima de recesión mundial en nuestra vida cotidiana.
El plan de eliminar las AFJP no afecta sólo a aquellos que habían decidido permanecer en el sistema de capitalización a pesar de las opciones que hubo para volver al reparto. Por el contrario, pega de lleno en muchísimas empresas en las que las administradoras habían invertido. Se trata de firmas que tienen propietarios, accionistas, inversores, que producen bienes de consumo o dan servicios en todo el país, y que dan trabajo a decenas de miles de personas. Con semejante impacto, lo mejor es trabajar en el consenso. Cualquier camino diferente nos va a colocar, como en 2001, como en cada crisis que atravesamos, al borde mismo del caos, bien “a la argentina”.
El fin de las AFJP y la obligación de consensuar
El gobierno nacional no tiene espacio para aprobar el traspaso de las jubilaciones al sistema público y la confiscación de los fondos previsionales, sin un trabajoso acuerdo previo y buscando mecanismos de consenso. Si no lo consigue, viviremos momentos muy parecidos a los ocurridos durante el debate por la resolución 125, en la crisis con el campo.