La vida en común, la convivencia con los vecinos, con nuestras familias, el rol individual y colectivo que cada uno de nosotros tiene, está regido por códigos. Se trata, en su mayoría, de convenciones construidas en base a la ley, el sentido común, la historia, la memoria, las buenas costumbres, el bienestar individual y general, y el respeto por el otro. Es decir, no hace falta que a un habitante de esta provincia, de este país, haya que recordarle dos o tres veces por día que robar -por ejemplo- es un delito que se paga con la cárcel, o que no está muy bien visto asesinar a la gente. En una comunidad normal, quien roba o mata debe pagar su deuda con la sociedad.
Hay, además, códigos y convenciones menos difundidos que nos caracterizan como grupos sociales, nos identifican; y que tienen que ver con las conductas profundamente humanas. Si se quiere, la antigua tradición mendocina de la limpieza pública, aunque muy desactualizada por la propia realidad, es una de ellas.
Sin embargo, estas normas no son iguales para todos. Hay grupos que tienen sus propios códigos. En el ambiente delictivo, matar un policía otorga prestigio, mientras que para el común de la sociedad el hecho causa repulsión, cuando no miedo. Cuanto más delincuente se es, más respeto se obtiene en el ambiente del hampa. Otro ejemplo, menos dramático: Ahora, que las “tribus urbanas” están de moda, está aceptado que ‘emos’, ‘floggers’ y ‘cumbieros’ tienen sus propios códigos y viven, se rigen y relacionan con el mundo según esos valores. Y así, vamos funcionando como sociedad, como se puede.
Sin embargo, hay otro “grupo”, que no es una tribu urbana pero que sí actúa y se comporta –todo el tiempo- como una corporación. Se trata de la clase política, que tendrá honrosas excepciones, pero que se ha degradado a extremos tan terribles, que ya no hay en la actividad partidaria “canteras” de funcionarios aptos para el servicio a la comunidad y la función pública, sino que por el contrario, pareciera que cuanto más inepto se es, más se escala, siempre que se actúe en beneficio de la corporación.
¿Y cuáles son los ‘códigos de la política’? En la mayoría de los casos pasan por el beneficio individual, por la defensa de los “negocios”, por abroquelarse alrededor de las ventajas grupales obtenidas, por eternizarse en un status quo que les garanticen el acceso permanente a las prebendas de siempre. Estos códigos -tal como sucede en otros grupos de intereses afines, como por ejemplo la mafia- significan una escala de valores diferente al común de la sociedad. En los “códigos de la política” generalmente no interesan el bien común, o el beneficio colectivo. Sucede entonces que la política, que es la herramienta para conducir un Estado, para gobernar un país, está plagada de personas que se sirven de ella para acumular poder y dinero, lo que reproduce más poder, y –claro está- más dinero. Y este estado de cosas ha cambiado poco y nada desde el “que se vayan todos” de 2001. Por eso, cualquier medida del gobierno –del color que fuere- siempre está teñida de sospechas. Es el caso del traspaso al Estado de los fondos de jubilaciones reunidos por los aportantes a las AFJP durante 14 años. Cuanto más se esfuerce el oficialismo en transmitir que ese dinero, tanto como los 15.000 millones anuales de pesos que aportan los trabajadores al sistema, no se usará en la “caja”, en la deuda pública, en la campaña 2009 o en la corrupción, menos creíble resulta; en tanto y en cuanto no acepten modificaciones que garanticen que ningún avivado usará los aportes de la gente para algo distinto que la jubilación, y que los fondos reunidos durante todo este tiempo estarán garantizados.
El problema de todo esto es que necesitamos a los políticos. A mejores políticos, a los que sean capaces de encajar en la escala de valores de la gente. ¿Cómo pueden resolver problema alguno, si la mayoría está pensando en sus propios beneficios o en sostener a la corporación, lo que les permite multiplicar su renta política y económica?
Estamos a poco de ingresar a un año electoral, a un turno de renovación legislativa que va a cambiar el mapa político del país, y que posiblemente atomice la Cámara de Diputados de la Nación. Así, aun restando dos años de mandato de la señora Cristina Fernández de Kirchner, cada medida política deberá ser fruto de un trabajoso consenso. Por eso, pensemos muy bien nuestro voto. Sepamos quiénes son, qué piensan, y qué intereses defienden aquellos candidatos que formen parte de la oferta electoral del año que viene. Y después, tal como sucede en las democracias avanzadas, hay que ejercer el derecho del reclamo. Finalmente, el voto es el máximo gesto de confianza que una persona puede tener con un político. Es dejarles en sus manos un cúmulo de deseos, pensamientos, ideas, necesidades… Pero no tiene el valor ni puede ser usado como un cheque en blanco.
Pongamos balo la lupa los códigos de los políticos. Y exijamos de la política capacidad, probidad, ética y honestidad. Tenemos las herramientas para ello en el voto y en el control ciudadano. Sólo hay que estar atentos.