Caso Bona: un Cromañón de sólo un muerto

Una de las principales premisas de la organización de las sociedades está dada cuando sus componentes asumen que, con la responsabilidad individual, no alcanza para establecer formas de vinculación efectiva de la vida social en armonía. De esta idea, se desprende en el caso de la teoría política, la necesidad de la existencia de un Estado. Una entidad supraindividual capaz de fijar las reglas del juego, asignar prioridades, hacer cumplir las leyes y propender al bienestar general marcando límites y castigando a quien infringe esos acuerdos básicos.

Luego, vino la discusión sobre el tamaño o las atribuciones de ese Estado. Si debía ser muy poderoso y omnisciente; o por el contrario, pequeño y concentrado en sus propios asuntos respetando la libertad individual. Una discusión a la que todavía la Humanidad no le puede hallar el equilibrio y que por lo tanto, hace que se cometan excesos en cualquier sentido.

Y más allá de los regímenes o de las concepciones, la muerte de Julián Bona, el chico de 12 años que hace días falleció mientras practicaba con su karting en las inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas en el Parque General San Martín, parece reflotar aquel antiquísimo debate. 

En primer lugar es evidente que la responsabilidad primaria sobre cualquier niño, adolescente o menor, es de sus propios padres. Sin embargo, como advirtieron aquellos pensadores de antaño, la responsabilidad individual aquí tampoco alcanza. Ni tampoco nos sirve que un rosario de funcionarios nos digan lo obvio, que la responsabilidad es de los padres. Con esa concepción, no debería existir ningún resguardo jurídico, ni civil, ni penal, porque todo siempre se reduciría a que los padres son responsables.

¿Y qué hay entonces de los necesarios recaudos que el Estado debe tomar frente a esta o cualquier otra situación que suponga un riesgo (ni siquiera digamos de muerte) de uno de los miembros de su comunidad? Evidentemente, poco es lo que aquí se ha hecho, por no decir nada; salvo repetir, ante cuanto micrófono que apareció la famosa cantinela: que la responsabilidad es de los padres.

Sin dudas habrá que replantearse porqué, en esta y otras tantas actividades cotidianas, impulsamos a nuestros hijos a prácticas innecesarias, con pocos cuidados y de manera tan audaz, arriesgando sus vidas inocentes, pero también su rotundo futuro que en un segundo es silencio absoluto.

Nuestra sociedad parecería incluso no advertir que como ejércitos suicidas estamos poniendo en un altar de sacrificio a nuestro bien más preciado, al objeto de nuestros desvelos, a esos seres que aúnan la suma de todos nuestros miedos: nuestros hijos, nuestros niños.

Pero también este suceso nos hace reflexionar sobre la utilización que nuestras autoridades dan, y que nosotros hacemos, del espacio público. Un ámbito que debería ser sitio de participación y de comunidad, y que termina siendo lugar de abandono y muerte. Nuestras plazas y parques ya no son para que los niños y los ancianos se distraigan y jueguen: apenas sirven para multiplicar la marginalidad y el delito, el temor y la muerte.

Ante esto, el Estado, nuestros funcionarios públicos (de la Municipalidad de la Capital; de la Dirección de Deportes; de Parques y Zoológico; de la Policía Vial) no han hecho más que quitarse su responsabilidad de una manera alarmante. Como sucede siempre frente a las tragedias, la respuesta suele ser mirar para el costado, lo que habla –una vez más- de desidia y cobardía.

Un bochorno que se suma al dolor de una familia y de una comunidad y de la que ese Estado a través de sus distintos niveles y reparticiones, no hace más que desentenderse.

No está mal decir que este incidente es como Cromañón, sólo que con un solo muerto. Porque cualquier muerte absurda y evitable de un menor es siempre una tragedia, y porque aquí, como sucedió antes en Buenos Aires, nadie de los que deberían haber actuado a tiempo lo hicieron. Y bajo esta circunstancia, sería de esperar que justamente por no hacer lo que se debería, los funcionarios de las áreas nombradas presentaran su renuncia como tenue reparación ante su miopía.

De lo contrario, nuevas tragedias seguirán sucediendo y una vez más nos sentiremos sorprendidos e indignados. Mientras tanto, aquellos seres que el Estado designa para velar por nuestra integridad, o simplemente para el cumplimiento de la ley, nos dirán con cara de circunstancia, aquello que todos ya sabemos, que la responsabilidad es de cada uno. Y que el bien común no es una atribución y un deber de ese Estado que nos pertenece a todos, sino un privilegio que cada uno debe obtener y defender por sus propios medios.
 
Señores funcionarios, la responsabilidad individual no alcanza. Necesitamos un Estado que sea para todos y no para pocos; que haga lo que debe y que nos proteja; no uno que nos condene y nos señale.

En todo caso, eso será tarea de la Justicia que también deberá ocuparse de determinar la responsabilidad de los que hoy se dicen responsables pero que no hacen más que mirar para otro lado.