El concepto de ley es tan poderoso que pocas actividades en la vida humana exigen tan alto grado de responsabilidad en cuanto a su manejo. La ley asume un carácter irrevocable en la vida de las personas: el de lo definitivo. Por eso, quienes administran las leyes deben ser personas medidas, discretas y sabias a la hora de aplicarlas o de dar a conocer los movimientos por ellas inspirados.
Por ello, la Justicia ha de ser resultado del equilibrio y de la verdad sin el menor gesto de duda que la opaque. La justicia, en un planeta hiperconectado, jamás debe ser una probabilidad, porque lo probable, en muchas ocasiones, no es más que la guarida momentánea de la mentira.
Por estos días, un nuevo escándalo recorre el país, fogoneado por los medios de comunicación, que habitualmente, y con toda naturalidad, nos mostramos deseosos de escándalos, porque sus protagonistas se convierten instantáneamente en noticia.
Es el caso de la causa abierta por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien el viernes prohibió la circulación de 56 de 98 automóviles investigados por “supuesto ingreso al país con uso irregular de franquicia diplomática, que derivó en el no pago de impuestos”, como ha señalado.
Este administrador de la justicia no sólo prohibió la circulación de los vehículos, además emplazó a los actuales titulares de sus dominios a presentarse en el lapso de cinco días ante el Registro de la Propiedad Automotor de su zona y algo más, vital para el análisis que nos ocupa: dio a conocer la lista de los 56 “involucrados”, como se señala en los medios, por compras fraudulentas.
El asunto tiene el condimento extra de que se trata de una lista de “ricos y famosos”, por lo cual, todo el mundo presta atención al tema, para saber, por ejemplo, qué tipo de suerte correrán gente como Marcelo Tinelli, Juan Sebastián Verón, el Chaqueño Palavecino, Aldo Duscher, Adolfo Cambiaso o Jorge Pablo Brito.
Ahora, ¿qué ocurre si al menos una de esas cincuenta y seis personas es compradora de buena fe? Pongamos un ejemplo cercano para nosotros: el médico mendocino Claudio Burgos, quien es parte de la lista por dos rodados de su propiedad: ¿qué ocurrirá si, como él mismo ha referido, se comprueba que ha comprado sus vehículos de buena fe y que nada tiene que ver con maniobras fraudulentas?
La ley, claro está, no actuará sobre él, sin embargo, el discurso de la ley, las malas decisiones de un juez e incluso de parte del periodismo habrán hecho ya su daño: un daño definitivo como la misma ley. Y, como suele decirse, la Justicia entonces llegará tarde y entonces no será justa.
Por eso, si alguien ha actuado contra la ley, nuestro sistema democrático debe actuar y ser riguroso, rápido y ejemplificador, más allá de quién se trate. Hasta tanto esto no sea probado, deberá primar la cordura, que es justamente algo que ha estado faltando.
Los autos importados y el sentido de la justicia
La situación de los ricos y famosos escrachados por un juez en todos los medios de comunicación abre fuego a una pregunta: ¿qué pasará si al menos una de las cincuenta y seis personas que han sido involucradas es inocente? La Justicia, entonces, habrá llegado tarde. Y no será Justicia.