La semana pasada, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, dijo públicamente que las provincias petroleras estaban interesadas en ser accionistas de YPF, en este proceso de apertura de capital que ha iniciado Repsol y que suena más a una salida elegante de un país que no le permite obtener las ganancias que podría por aplicar retenciones de casi el 50% a las exportaciones.
Estas expresiones del mandatario chubutense, fueron públicamente festejadas por el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández y por el Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, siempre dejando a salvo la autonomía de las provincias para tomar dicha decisión.
El martes pasado, se reunieron en Buenos Aires los representantes de las provincias petroleras, agrupadas en la OFEPHI, para plantear al gobierno nacional algún mecanismo de compensación. Ex que mientras la nación retiene el 50% de las exportaciones de petróleo crudo y derivado, la han congelado el precio del crudo a las provincias en 42 dólares el barril y sobre este monto las provincias, las verdaderas dueñas, solo cobran un 12% en concepto de regalías.
Como se ve, la ecuación es totalmente desproporcionada, ya que la Nación, sin poner nada, se queda con el grueso de las exportaciones (para ello rescatan el concepto marxista del reparto de la plusvalía), pero en realidad no reparte nada, porque ni siquiera coparticipa con las provincias dueñas del recurso dicho monto.
Pero en la misma reunión se analizó la posibilidad de que las provincias adquieran acciones de YPF una vez que estas salgan al mercado y se calculó que deberían comprar un 8% para poder tener un director en la empresa. Para esto, entre todas deberían juntar unos 1.000 millones de dólares. Hasta el momento, solo los mandatarios de Chubut y Neuquén se han expresado abiertamente interesados. El gobernador mendocino, Celso jaque, ha dicho que “es una buena oportunidad para Mendoza” pero sin ampliar mucho más.
Los porqué de un gran riesgo
La decisión que podría tomar la provincia debería analizarse desde tres ópticas, al menos. Desde la financiera, la estratégica y la política.
Desde el punto de vista financiero, el tema no resiste el menor análisis. Mendoza debería aportar no menos de 100 millones de dólares para poder participar de la aventura ye s claro que la provincia hoy no puede disponer de esos recursos. Está terminando el año muy ajustado y se vaticinan graves conflictos con los estatales, que están pidiendo aumentos para recuperar en un año lo que consideran un atraso histórico.
Por otra parte, y considerando prioridades básicas elementales, el gobierno de Jaque deberá atender la situación de la seguridad, de la educación y de la salud. Además, todavía queda un déficit importante de infraestructura que se debe seguir atendiendo y que va a requerir de una ingeniera financiera adecuada para atenderla.
Algunos voluntaristas aconsejan tomar endeudamiento para aportar al capital de la empresa, lo que sería una locura. Hoy la provincia tiene una deuda enorme, no la cancela, solo la renueva y no tiene sentido más endeudamiento, salvo que se destine a financiar la infraestructura necesaria.
Desde el punto de vista estratégico tampoco se le ve utilidad a que la provincia comprometa (por el medio que sea) ninguna suma de dinero para comprar acciones de YPF. Primero que nada, porque no tiene sentido que el estado sea accionista minoritario de ninguna empresa.
En segundo lugar, la rentabilidad que podría conseguir esa inversión no es significativa, mucho más atendiendo a las misma razones que movieron el reclamo de todas las provincias: el manejo arbitrario que la Nación hace de los recursos petroleros.
Además, la tenencia de una porción mínima del capital de YPF no le reportará mayores ingresos ni influirá en las decisiones “soberanas” sobre el recurso. En este sentido, el gobierno tiene tres herramientas disponibles: 1) definir rápidamente la licitación sobre áreas secundarias, que aportarían más producción y sobre las cuales las empresas ofrecen regalías superiores a las actuales; 2) destrabar la explotación de Yancanello, que está paralizada hace 5 años y permitiría movilizar la mayor reserva petrolífera de Mendoza, aunque con crudo de menor calidad y precio; y 3) Adelantar la licitación para renovar o adjudicar las reservas actualmente adjudicadas, cuyas concesiones vencen en 2010, contra compromisos concretos de producción y mayores niveles de regalías.
Como se ve, es posible mejorar los ingresos del petróleo por métodos mucho más prácticos, no distrayendo recursos ni capacidad de endeudamiento necesarios para otros fines fundamentales.
La última consideración política y con un fuerte peso ideológico, sería la única que fundamenta la compra de acciones de YPF. Más allá de cualquier discusión acerca de la oportunidad o conveniencia política, creemos que las consideraciones anteriores deben ser atendidas en forma prioritarias y no dejarse llevar por sentimientos ideológicos que len harían mucho daño a la provincia.
El riesgo de una aventura petrolera
La posibilidad que las provincias compren acciones de YPF aparece como una decisión de claro sesgo ideológico pero alejada de la lógica y la racionalidad con la que se deben administrar los recursos del Estado.