Muchos gobiernos financian directa o indirectamente actividades políticas en otros países. Y uno de los que más lo hace es el norteamericano, que a través de sus embajadas o de fundaciones y empresas, aporta a campañas electorales sobre todo si compiten contra gobiernos adversos a Washington.
Entre los muchos que existen, otro ejemplo asiduo de financiación de campañas electorales más allá de sus fronteras es Rusia, principal aportante de los partidos pro-rusos que enfrentan a los partidos pro-europeos en Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Azerbaiján, Armenia y demás estados centroasiáticos que integraron la URSS.
En Sudamérica, antes era común que la dictadura de un país financiara crímenes en estados vecinos, pero en tiempos de democracia no es habitual que un gobierno financie campañas y actividades políticas más allá de sus fronteras.
Sin embargo, esa fue una de las características de la política exterior venezolana desde que Hugo Chávez llegó al poder. Y por cierto, no es precisamente Estados Unidos el país que puede reprochárselo.
Chávez no fue el primer presidente venezolano que financió política en el exterior. Carlos Andrés Pérez terminó su vida política juzgado y condenado por haber aportado ilegalmente fuertes sumas a la campaña de Violeta Chamorro en Nicaragua.
No obstante, la crisis argentino-norteamericana que ha causado en estos días una nueva revelación sobre el caso del maletín de Antonini Wilson, no fue por una crítica que el gobierno de Estados Unidos hubiere hecho al de Venezuela por financiar una campaña electoral en Argentina; sino porque eso fue lo que consideró un fiscal estadounidense en base a las declaraciones de personas detenidas por el FBI, en una operación realizada a pedido de la Justicia argentina.
Es muy posible que, como sostiene la Casa Rosada, los misteriosos dólares del maletín venezolano no hayan sido para financiar la campaña oficialista, lo que parece ridículo ya que ésta no tenía ningún problema de financiamiento porque tuvo por escenario el mundo y en buena medida la costeó Cancillería.
De todos modos, que no haya financiado la campaña de Cristina no elimina el problema, porque ese dinero entró como entró, clandestinamente, y eso justifica sospechar que, o bien se entregaba a funcionarios en calidad de sobornos, o bien financiaba ilegalmente algo.
Es posible que ese “algo” sean las usinas propagandísticas, los aparatos políticos y las agrupaciones piqueteras que evidenciaron un costoso y aceitado poder de movilización cada vez que el exuberante líder caribeño quiso llenar algún estadio argentino, como parte de su política de construir poder en toda la región.
Lo mismo ha hecho Caracas en América Central y en varios países sudamericanos como Bolivia y Ecuador, donde antes había aportado a las campañas electorales de quienes se convirtieron en presidentes.
Tanto Evo Morales como Rafael Correa necesitaban financiación externa de sus respectivas campañas. El boliviano por enfrentar a Quiroga, el candidato apoyado por las ricas clases altas, y el ecuatoriano por competir en las urnas contra el millonario de la industria bananera Alvaro Noboa.
Ambos casos son similares al del nicaragüense Daniel Ortega, cuya campaña también contó con el rico aporte llegado desde Caracas, que también fue a Perú, donde financió la campaña del nacionalista-indigenista Ollanta Humala, finalmente derrotado por Alán García.
Nada de eso es cuestionable o, al menos, no es algo que puedan cuestionar países como Estados Unidos, Rusia y las potencias europeas.
En todo caso, lo cuestionable en Chávez (según el caso Antonini Wilson) sería el uso de dinero de la empresa estatal PDVSA para financiar, en negro, o sea violando leyes venezolanas y de los países donde ese dinero entra, para financiar usinas propagandísticas y aparatos políticos destinados a entronizar su imagen y su liderazgo a nivel regional.
Prueba de tal financiación podría ser la movilización de aparatos costosísimo para ovacionarlo en actos multitudinarios, así como también el activismo de usinas propagandísticas que cuentan con intelectualidad orgánica y con miles de voceros auspiciosos que se dedican, por ejemplo, a defender a Hugo Chávez en correos de lectores, como si fueran opiniones independientes y espontáneas.
Por ciertos, también hay intelectualidad y periodismo financiado, directa o indirectamente, por los Estados Unidos. Ergo, sus opiniones y análisis tampoco pueden ser consideradas independientes y objetivas.
La primer reacción de la jefa de Estado argentina, calificando la conclusión del fiscal norteamericano como una operación “basura”, o sea parte de una conspiración urdida en Washington para cortar los lazos entre Caracas y otras capitales, no es descabellada.
Es una vieja práctica norteamericana la de aislar a los gobiernos que le son adversos, procurando debilitar sus vínculos con otros gobiernos.
No obstante, que sea posible un plan conspirativo no elimina el hecho principal ni amortigua su oscuro significado: casi ochocientos mil dólares ingresaron ilegalmente al país, en un vuelo de una empresa estatal con altos funcionarios de los gobiernos de Argentina y Venezuela a bordo. Esta sigue siendo la cuestión.