La Fiscalía pidió cambio de carátula y hoy declararía el primer acusado

La Fiscalía y la Querella solicitaron que la desapariciones forzadas de personas sean consideradas homicidios agravados, entre otros cambios de carátulas. Uno de los acusados adelantó que mañana declararía ante el Tribunal, que podría dictar la prisión preventiva. por Santiago Montiveros.

Foto: Pachy Reynoso/MDZ
Foto: Pachy Reynoso/MDZ

Con apenas tres de los diez acusados sentados en el recinto, ayer comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en nuestra provincia y que buscará sentar justicia en seis causas que incluyen la desaparición de 23 personas y el cautiverio de otras cinco.

Después de la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, la Fiscalía -con el aval de la Querella- solicitó que se modifique el encuadre de cuatro causas que involucran a siete imputados: Aldo Bruno Pérez, Raúl Puebla, Paulino Furió, Juan Agustín Oyarzábal, Armando Fernández, Fernando Morellato y Dardo Migno.

En primer lugar, el fiscal Dante Vega solicitó que se introduzca un agravante de la privación abusiva de la libertad cuando la duración de ésta excedió el mes. En ese sentido, remarcó que debe tomarse como referencia el tiempo que transcurrió entre la captura y el momento en que se recuperó la libertad, independientemente de si hubo un traslado previo a una cárcel oficial.

Bruno Pérez, Miranda y Morellato, junto a los abogados defensores oficiales.

Al mismo tiempo, y al igual que ocurrió en el juicio anterior, la Fiscalía pidió al Tribunal que la desaparición forzada de personas sea considerada homicidio agravado por alevosía y concurso real de dos o más personas. Asimismo, Vega planteó el pedido de imputación por asociación ilícita, dependiendo de cada caso.

Ante el planteo que realizó la Fiscalía, el juez que preside el Tribunal, Juan Antonio González Macías, le otorgó un plazo de siete días para que los abogados defensores presenten una respuesta. De todos modos, mientras tanto continuará el proceso y hoy se llevará a cabo la segunda jornada, donde declararía el primer imputado.

Morellato declararía mañana

Como se preveía antes del juicio, los acusados se negaron a declarar: los tres presentes en el recinto (Fernando Morellato, Ricardo Miranda Genaro y Aldo Bruno Pérez) y los que siguieron la sesión por videoconferencia en una sala contigua (Juan Antonio Garibote, Armando Fernández y Juan Agustín Oyarzábal), en Capital Federal (Raúl Ángel Puerta) y en Rosario (Dardo Migno y Alcides Francisca).

Vega (derecha) pidió la prisión preventiva para los imputados.

Sin embargo, después de manifestar su oposición a declarar ayer, Morellato avisó que no tendría problemas en declarar hoy cuando esté acompañado por su abogado personal (ayer sólo estuvieron los defensores oficiales). Así, el testimonio del imputado se sumaría al de 5 testigos, tal como pronosticó González Macías.

Antes de dar por concluida la primera sesión, el presidente del Tribunal informó que a partir de hoy, el imputado Paulino Furió seguirá el proceso vía teleconferencia desde Buenos Aires. Furió -quien cumple una condena encerrado en su domicilio de Capital Federal- estaba internado y ya fue dado de alta.

Pedido de prisión para los imputados

Por otra parte, la Fiscalía y la Querella solicitaron al Tribunal la detención de los seis imputados que llegaron en libertad al juicio: Aldo Bruno Pérez, Raúl Puebla, Armando Fernández, Fernando Morellato, Juan Antonio Garibote y Ricardo Miranda Genaro. Además, los cuatro que permanecen presos por juicios anteriores gozan de encierro domiciliario.

"Dejarlos libres sería desmerecer los espantosos crímenes que cometieron", remarcó el abogado querellante Pablo Salinas, y destacó el peligro de fuga de represores acusados de delitos similares. Éste es el caso de Luis Stuhldreher, sobre el que pesan 20 causas por delitos de lesa humanidad y que está prófugo desde julio de 2011.

Oyarzábal, con atención médica.

Por su parte, Vega habló de la necesidad de enviar un mensaje a los "nostálgicos del terrorismo de Estado", y aludió a las amenazas telefónicas que sufrió la esposa de uno de los jueces, Roberto Burad. "Cualquiera de los imputados podría fugarse (...) Sería permitir que el plan del terrorismo de Estado siga teniendo efecto", completó Salinas.

Ahora, será el Tribunal el que podrá definir - si los seis procesados que gozan de libertad deberán permanecer en la cárcel durante el desarrollo del juicio. Durante el proceso anterior, los imputados fueron encerrados en el penal de San Felipe (detrás de Boulogne Sur Mer) y diariamente eran trasladados a los Tribunales Federales.

Fuente: MDZ