Para los radicales las cuentas no cierran y la situación de la provincia no da para más. Sin opciones reales de financiamiento, con un Gobierno nacional que ignora sus reclamo y hasta con un Banco Nación, que como agente financiero de la provincia se niega a soltar los segundos $200 millones de un crédito por $400 para cubrir desequilibrios, las alternativas se agotan y el segundo semestre promete ser complicado. En ese contexto, desde el radicalismo impulsan un plan B que le hará correr sudor frío por la espalda al gobernador Francisco Pérez.
El Plan B consiste, ni más ni menos, en obligar por ley provincial a que el Gobierno de Mendoza le inicie un juicio en la Corte Suprema a la Nación en reclamo por la inconstitucionalidad de la prórroga en la retención del 15% de los fondos coparticipables para Mendoza. Dinero que hoy va a parar a la Anses y que, según los radicales, hoy es usado para financiar el propio déficit del Estado Nacional.
El proyecto de ley que entrará a la Legislatura provincial el martes con la intensión de ser tratado el 24 de julio próximo, cuando el receso invernal concluya, establece en sus primeros artículos lo siguiente:
“Instrúyase y autorícese al Poder Ejecutivo a iniciar y tramitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las acciones judiciales pertinentes contra la Nación, en especial la prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a los efectos de promover la declaración de inconstitucionalidad del artículo 26 del anexo del decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2054, de fecha 22 de diciembre de 2010, por el cual se prórroga unilateralmente el plazo de vigencia del Pacto Fiscal, en cuanto a la retención del 15% de la masa de impuestos coparticipables con destino al régimen previsional, aprobado por la Ley Nacional Nº 24.130”.
En su artículo 3, el proyecto de ley agrega:
“La demanda a la que se refiere el artículo 1º deberá contener, además, la solicitud de restitución y/o reintegro de todos los fondos retenidos, por la aplicación del Decreto Nacional 2054/10, que le hubieran correspondido a la Provincia, conforme a las pautas distributivas e índices de coparticipación que le corresponden según la Ley – Convenio vigente Nº 23.548, desde del 1º de enero de 2011 y hasta la fecha del efectivo pago con más sus intereses”.
Según el cálculo de los radicales mendocinos, esta “retención indebida” del 15% de la masa coparticipable a Mendoza le significó sólo en el 2011 no recibir recursos por $1.305 millones y hasta el 31 de mayo de 2012 la suma de $607 millones, lo que representa, anualizado, que para fin del presente año, Mendoza dejará de percibir una cantidad aproximada a los $2.800 millones. Una cifra que equivale al déficit con el que el Estado provincial terminaría el año, según cálculos del propio Gobierno.
Los municipios también son víctimas colaterales en esto. Es que de estos $2.800 millones, a los municipios de Mendoza les corresponde el 18,8%, lo que equivale a $526 millones.
Negociar
“Ya le pedimos al Gobernador que hiciera esto y no lo ha hecho; y el segundo semestre del año se presenta grave y ya ni el Banco Nación, como agente financiero, quieren prestarle más dinero a Mendoza. Aquí hay $2.800 millones por cobrar que servirían para cubrir el déficit”, señala Juan Carlos Jaliff, senador radical autor del proyecto de ley, antes de comentar que “vamos a buscar el consenso con las otras fuerzas políticas y con el propio oficialismo, sumando a gremios y sectores empresarios”.
Para los radicales se da la paradoja que mientras la situación fiscal de las provincias empeora y los reclamos ante la Nación son ignorados, son las provincias, las que con su aporte a la Anses, financian los desequilibrios que hoy tiene el Estado Nacional.
Obviamente, pretender que el gobernador Francisco Pérez le haga juicio a Cristina no es un trago fácil de digerir para el oficialismo. Pero en ese sentido, el radicalismo afirma tener todo pensado.
Juan Carlso Jaliff, autor del proyecto de ley, y Alfredo Cornejo, presidente de la UCR.
“No queremos que el Gobernador se pelee con Cristina, sino que tenga una excelente herramienta para sentarse a negociar con al Nación. Esta es una excelente oportunidad. Por eso la Legislatura, con el mandato de una ley provincial, le ordena al Gobernador hacerle juicio a la Nación”, explica Alfredo Cornejo, presidente de la UCR en Mendoza e intendente de Godoy Cruz, antes de opinar que “lo de la Nación es escandaloso con las provincias y en especial con Mendoza”.
Para Cornejo, esta ley es una herramienta ideal para que el Gobernador pueda sentarse a negociar con la Nación la devolución de estos $2.800 millones (equivale al déficit del Estado) y a reclamar por las deudas que tiene la Nación con Mendoza en certificados de obras públicas y otros recursos.
En el plano político, desde la UCR aspiran a lograr el apoyo de los intendentes, ya que a ellos les podría llegar más de $500 millones, y de las fuerzas de la oposición en la Legislatura. En ese sentido, una alianza con los Demócratas en Diputados y con los peronistas disidentes en el Senado será clave.
Para los radicales, no hay dudas de que la Legislatura tiene competencia en temas de coparticipación. Entre los fundamentos del proyecto de ley, se establece que “los fondos que constituyen el sistema de Coparticipación Federal de impuestos son de propiedad de la Provincia, por la tanto es la Legislatura la que decide sobre ellos, de acuerdo a lo prescripto por el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Provincial, cuando establece que es atribución del Poder Legislativo disponer de los bienes de la Provincia. Asimismo el inciso 22 de esta norma, faculta a la Legislatura dictar las leyes para poner en ejercicio los poderes que establece la Constitución”.
Federixo Manrique para MDZ Politica