"Estaría bueno que los que privatizaron hoy pidan perdón"

El Senado debate desde las 11 el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que declara de "utilidad pública" a la producción hidrocarburífera y que confisca el 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la bancada oficialista y de algunos bloques de la oposición, como el radicalismo y el Frente Amplio Progresista (FAP), contempla además la confiscación de la firma YPF Gas, la principal productora de gas en garrafas del país, también controlada por la española Repsol.

Los principales bloques de la Cámara alta acordaron la semana pasada que la de hoy sea una "sesión especial", cuyo único tema a tratar es YPF. Se esperan entre 10 y 12 horas de debate.

Segundo en el uso de la palabra de los más de 60 legisladores que discursarán, el senador radical Gerardo Morales responsabilizó al Gobierno por la crítica situación financiera de la compañía, aunque aseguró que su bloque votará a favor el proyecto de ley. Y en una encendida parte de su discurso lanzó: "Estaría bueno escuchar que los que privatizaron YPF hoy pidan perdón".

Sin nombrarlo se refirió al ex presidente Carlos Menem, quien durante su gobierno privatizó la petrolera y ahora como senador nacional hizo explícito su acompañamiento a la reestatización de la firma.

La UCR pidió que la petrolera sea controlada por la Auditoria General de la Nación (AGN) y pidió por la creación de una Agencia Hidrocarburífera que organice la actividad del sector.

Al finalizar sus palabras, le envió mensajes de advertencia a Cristina Kirchner. "Es verdad que la gran mayoría del pueblo va a acompañar las decisiones de la Presidenta, y sabe que la oposición tiene el consenso. Pero le pedimos que no juegue con eso, que no se jacte de esa decisión porque para adelante tenemos que ser serios".

En una postura distinta se plantó el senador del Peronismo disidente Juan Carlos Romero, que votará en contra del proyecto y criticó que el Gobierno no "tenga una visión estratégica" en materia energética.

Romero lanzó durísimas críticas a la gestión de Aerolíneas Argentinas y dijo que la agrupación La Cámpora es "como una franquicia". "No podemos usar esos métodos obsoletos de prepotencia y de negar el derecho ajeno, como si no existiera un Estado de derecho", opinó.

"Los que ayer defendían la privatización hoy defienden lo opuesto", sostuvo Norma Morandini, una de las pocas legisladoras del FAP que no apoya la expropiación. "Venimos a validar una decisión tomada en soledad", expresó.

Tanto el Frente para la Victoria, como el radicalismo y el FAP, votarán a favor de la expropiación de YPF, así como algunos dirigentes del peronismo disidente como Sonia Escudero, Carlos Reutemann, Roberto Basualdo y Carlos Verna. En tanto, ya adelantaron su voto en contra los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso; y el salteño Juan Carlos Romero.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., a YPF Gas, sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta".

Las acciones sujetas a expropiación se distribuirán del siguiente modo: "un 51 por ciento pertenecerá al Estado Nacional y el 49 por ciento restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI)".

"La cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación, que efectúe el Estado nacional a favor de los Estados provinciales integrantes de la OFEPHI, contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones", precisa uno de los artículos de la iniciativa.

En el proyecto se indica que la tasación de las acciones a expropiar "la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación", y se aclaró que a futuro "se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros"..