Los productores vitícolas y empresarios reclamaban con insistencia esta novedad, los trabajadores que son beneficiarios de algún subsidio del gobierno se resisten a desarrollar tareas si no tienen garantía de no perderlo, o de discontinuarlo.
En la misma oportunidad fue suscripto otro con las autoridades de Río Negro.
El gobernador Francisco Pérez dijo que “así se construye y refuerza un modelo de país con justicia, con inclusión social, con una visión moderna y dinámica de la economía como lo ha proyectado y ejecutado la presidenta Cristina Fernández: equilibrando los beneficios entre trabajadores y empresarios”.
La entrada en vigencia de estos convenios permite el registro de 75.000 trabajadores de la cosecha y recolección de uvas destinadas a la elaboración de Vinos de toda la región.
En Mendoza registrarán alrededor de 50.000 trabajadores cuyo trabajo engloba dentro de 150 mil hectáreas productivas, haciendo efectivo el goce del derecho a la seguridad social de un sector postergado.
El acto, realizado en Buenos Aires, fue presidido por el titular de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. Los convenios fueron homologados por la secretaría de Seguridad Social, Ofelia Cédola. Estaban presentes por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García; Ramón Pavéz de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines y productores vitivinícolas, de Bodegas Argentinas, Unión Vitivinícola y Cámaras.
Asistieron también el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno de Mendoza, Félix González y el subsecretario del área, Ariel Pringles.
A partir de la homologación de los convenios el pago diferido de aportes laborales no se realizará por trabajador sino por quintales cosechados, a razón de 4 tachos por quintal. El pago de estos aportes difiere para el primero de agosto y se realiza en 5 cuotas iguales y consecutivas.
El Gobierno de la provincia adelanta mensualmente el monto de la ART de los primeros meses y será reintegrado cuando se recaude la tarifa sustitutiva.
Es el Instituto Nacional de Vitivinicultura el agente que instrumentará el cobro que establece el convenio.
Este convenio es un beneficio para quien contrata, que paga menos en contribuciones patronales pero no afecta el sueldo ni los beneficios laborales del trabajador. De esta manera se alienta la contratación en blanco de los trabajadores del sector vitivinícola, permitiendo mayor trabajo registrado y el acceso de los trabajadores a los subsistemas de seguridad social, como cobertura de riesgo de trabajo, asignaciones familiares, jubilación y obra social.
Desde el gobierno sostienen que está es una herramienta de gran utilidad para la eliminación del trabajo infantil.