Tras la movida opositora de impulsar un proyecto de resolución para explicitar que las facultades que el Congreso le había delegado al Poder Ejecutivo volverán al Parlamento, en el Gobierno minimizaron la movida y respondieron que la medida no tendrá relevancia.
"La interpretación la tendrá que hacer la Justicia, no el Congreso, pero técnicamente el proyecto no tiene ninguna relevancia", se defendió ante LA NACION una fuente oficial.
En las últimas horas, la presidenta Cristina Kirchner descartó que su bloque presente un proyecto de ley para que el Congreso prorrogue las facultades delegadas, que vencen hoy. La interpretación oficial es que, de hacerlo, se arriesga a un rechazo inminente, ya que la oposición no lo avalará. La estrategia del Gobierno, según confiaron a LA NACION un ministro y dos legisladores que trabajan en el tema, es esperar a que el resto de las bancadas parlamentarias defina qué hará. En Balcarce 50 reconocen que cualquier iniciativa que mande el Poder Ejecutivo será rechazada y provocará un nuevo revés para la Presidenta, después de que la Cámara de Diputados aprobara la semana pasada el aumento en las jubilaciones para llevarlas al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
El Gobierno se muestra despreocupado. Interpreta que lo que caduca hoy es la facultad de la Presidenta para modificar una serie de leyes que le habían sido delegadas, pero no la norma en sí. Lo que buscarán, con el correr de los días, es que el Congreso avale la vigencia de las resoluciones y reglamentaciones de todos los entes autárquicos y descentralizados clave para la gestión de gobierno. "El punto central para nosotros es que todos los organismos mantengan su vigencia", relató un senador oficialista.
Dentro de esos entes ubican a la AFIP, el Banco Central, la Oncca, la Anmat, el INTA, el INTI, la Casa de la Moneda y una decena de organismos que, en la argumentación oficial, deberían poder seguir funcionando con sus propias resoluciones.
A pesar de que en la Casa Rosada minimizan el tema, hacia adentro el temor es que a partir de hoy se produzca una avalancha de demandas contra el Estado. El caso más emblemático sería el de las grandes exportadoras, que podrían alegar que, vencido el plazo por el cual el Poder Ejecutivo puede fijar la alícuota de retenciones gracias a las facultades que le delegó el Congreso, podrían demandar el no pago de los aranceles en las futuras ventas. "Lo que necesitaríamos es evitar los pleitos. Lo resistiremos en la Justicia", apuntó una fuente oficial.
El Gobierno, de todas maneras, tiene el recurso de apelar a los decretos de necesidad y urgencia para poder sacar rápido cualquier modificación a una ley regida hasta ahora por facultades delegadas. Si no es polémico, un ministro anticipó que se enviará un proyecto de ley. Para los casos complicados siempre están los DNU. "No nos corresponde a nosotros presentar ningún proyecto", apuntó un diputado kirchnerista.
En los despachos oficiales agregaban que, llegado cada caso en particular, como la intención de buena parte de la oposición de bajar las retenciones a algunos granos o bien segmentar el cobro para favorecer a los medianos y pequeños productores, se podrá presentar alguna iniciativa.
El Gobierno apuesta a la Justicia y los decretos
Tras la movida opositora de impulsar un proyecto de resolución para explicitar que las facultades que el Congreso le había delegado al Poder Ejecutivo volverán al Parlamento, en el Gobierno minimizaron la movida y respondieron que la medida no tendrá relevancia. "La interpretación la tendrá que hacer la Justicia, no el Congreso, pero técnicamente el proyecto no tiene ninguna relevancia".
