El nuevo conflicto que tensa la relación entre el Gobierno y la Suprema Corte Justicia tiene nombre y apellido: Dardo Fernández. Se trata de un abogado amigo del secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán que quiso ser juez y el Senado lo bochó y por eso el presidente de la Corte no lo dejó que continuara como conjuez, cargo que ocupaba hasta que fuera evaluado por la Cámara alta. Eso se desprende después de averiguar el origen de esta pulseada institucional que se desató la semana pasada cuando el ministro de Gobierno Mario Adaro envío una nota al titular de la Corte, Alejandro Pérez Hualde.
Las objeciones de Adaro
El escrito gubernamental habla de “la preocupación” por tres situaciones. Primero: la conjueza del Segundo Juzgado de Ejecución Penal número 2 ubicado en la cárcel de Almafuerte, Silvina Culós que es la secretaria del mismo juzgado. Segundo: la conjueza del Juzgado de Familia de Malargüe, María Páramo quien es la subdirectora de Recursos Humanos del Poder Judicial en ese departamento. Tercero: el conjuez Armando Farina, a cargo del Juzgado Penal de Menores de General Alvear y quien es secretario del tribunal, este cargo está vacante desde 2008.
En los tres casos, el Ejecutivo cuestionó que los designados no hayan figurado como postulantes ni aspirantes con examen aprobado en el Consejo de la Magistratura, tal como exige la acordada 21.074 de la misma Corte.
También por escrito la Corte respondió por cada uno de los casos. Incluso señala que hay informes duros sobre las falencias en el sistema sanitario penitenciario que elevó la conjueza Culós al Ejecutivo.
Claro que estas explicaciones de la Corte, de acuerdo a la consulta que MDZ hizo en el Ministerio de Gobierno, no satisficieron. Además se notó que el malestar de los funcionarios de Jaque se incrementó porque la respuesta fue firmada por un funcionario judicial y no por el titular de la Corte. O sea se sintieron ignorados por Pérez Hualde.
Desde la Corte admiten que estas designaciones se hicieron en situaciones "extraordinarias" dadas las circunstancias generales y particulares. El retiro masivo de magistrados por las nuevas condiciones y más ventajosas de jubilación y por otro lado se producen vacantes donde es difícil encontrar conjueces. En total el presidente del Alto Tribunal admite que han sido designados unos 35 conjueces en estas condiciones.
Hacete amigo del conjuez...
El caso es que todas estas objeciones se decantaron después de que se supiera de la expulsión de un conjuez de cámara laboral que la Corte aplicó contra Dardo Fernández aduciendo que el Senado lo había bochado como postulante a juez de cámara del trabajo del Sur. El criterio de la Corte es defendido por el mismo presidente de la Corte. “Creemos que se trata de una decisión para sostener el criterio del Senado que no avaló la postulación entonces no lo podemos sostener como conjuez”, ha explicado Pérez Hualde.
El punto es que el mismo Alejandro Cazabán llamó al juez para pedirle reconsiderara la situación de su amigo. Pero al no tener una respuesta favorable, entonces Fernández decidió judicializar su caso. Fue así que planteó un recurso de amparo en un juzgado de San Rafael. El juez de primera instancia le dio la razón al conjuez vetado por Pérez Hualde. Entonces la Corte estableció que hay un conflicto de poderes porque según el Alto Tribunal, un juez de primera instancia no puede interferir en una decisión de otro poder como es el Senado.
En el Ejecutivo aseguran que la Corte se equivocó porque el juez ordenó un no innovar a favor de Fernández contra la decisión de la Sala Administrativa del Máximo Tribunal y no contra el Senado. “El Senado votó a alguien que consideró que no podía ser juez. Es una posición política respecto de un candidato a juez. El Senado no se expidió sobre si Fernández podía continuar siendo conjuez. Por lo tanto la declaración de conflicto de poderes no existe”, definió un asesor letrado del gobierno.
En términos reales, esa definición oficialista otra vez pone en el tapete el sistema secreto de votación del Senado para aprobar o rechazar a candidatos a cargos con rango constitucional. En el caso de Fernández se notó que el bochazo se debió a la amistad que este abogado bonaerense mantiene con Cazabán. El postulante fue hasta el 30 de septiembre de 2009 director del penal de San Rafael. El resultado fue nefasto para sus aspiraciones. De 38 senadores, 25 de ellos, le dedicaron bolillas negras al amigo de Cazabán. Es evidente que hasta algunos peronistas le bajaron el pulgar. El motivo oculto fue por haber desembarcado con la bendición del secretario general de la Gobernación. Eso fue tomado como una imposición de Cazabán –“una de las tantas”, comentaron algunos senadores oficialistas-.
Sin embargo se acentúa la influencia de Cazabán en este proceso porque cinco senadores firmaron un pedido de informe a la Corte para que detalle las designaciones de conjueces y magistrados sustitutos que han sido designados no respetando el procedimiento fijado por la misma Corte. Además que explique porqué considera que hay conflictos de poderes. Ellos son los peronistas Miriam Gallardo, Leonardo Giacomelli, y Elizabeth Fernández de Merino, además del radical Sergio Bruni y el demócrata Aldo Giordano.
Pero la impronta “cazabanezca” no quedó allí. Ayer en el Segundo Encuentro de la Justicia del Bicentenario el sindicalista judicial Julio Piumato criticó duramente a la Corte mendocina por estas designaciones. Piumato respondió, sin duda, a un pedido del subsecretario de Relaciones Institucionales Pringles que es ladero sindical de Piumato en Mendoza.
Qué dirá la Corte
En tanto desde la Corte se deslizó que mañana darán el informe a los legisladores y señalaran el procedimiento y el acceso a la información desde los medios abiertos con acceso al público para demostrar que los funcionarios del Ministerio de Gobierno no pueden no haber estar informados de las nominaciones de conjueces. El mensaje es directo para el subsecretario de Justicia, Carlos Quiroga Nanclares, sobrino del ministro de Corte Jorge Nanclares y ex presidente del Alto Tribunal. Quiroga Nanclares fue durante varios años secretario de su tío y luego se encargó de hacer funcionar el sistema unificado de juzgados civiles.
En Tribunales creen que a las denuncias del Gobierno les falta “el detonante”. Es decir, en el Ejecutivo no han podido encontrar, por ejemplo, ninguna designación de conjueces que sean amigos o parientes de Pérez Hualde, lo que hace que la acusación pierda fuerza.
Pérez Hualde dejó cesante a un amigo de Cazabán
El cruce de acusaciones por las designaciones de conjueces. La alteración de los procedimientos. Los intentos del Ejecutivo de darle un remezón al Alto Tribunal. Todo eso se mezcla en un cóctel cuyo primer ingrediente es un conjuez desterrado y amigo del hombre fuerte del gobierno.
