Finalizó la intervención federal a las cárceles

En silencio, la intervención federal en el servicio penitenciario de Mendoza parece haber llegado a su fin a través de un enroque de funcionarios. En este cono de silencio, sin mayor promoción, un asesor sin experiencia entre muros pasará a ser el responsable de todas las cárceles de la provincia. Por eso, algunos avizoran que podría haber cierto malestar entre las filas de guardiacárceles por este nombramiento.

Con la designación como director del Servicio Penitenciario de David Mangiafico -si hacés link acá, podés ver su currículum a través del sitio web del reconocido abogado Carlos Parma-, hasta hace poco asesor de Mario Adaro en la cartera de Gobierno, puede decirse que concluye el período de intervención de directores federales en las cárceles mendocinas, un proceso que comenzó luego de una serie de sangrientos episodios en la centenaria Boulogne Sur Mer en 2006 y que finalizó con el recambio por Alberto Melgarez, el último funcionario de jerarquía federal.

Hasta ahora, el funcionario se mantenía en las segundas líneas del ministerio de Gobierno, pero tuvo un fugaz paso ante los micrófonos y las cámaras cuando saltó la polémica iniciativa del Ejecutivo provincial de castrar químicamente a los presos condenados por abusos sexuales.

El cambio de funcionarios fue confirmado a MDZ por el subsecretario de Justicia, Carlos Quiroga Nanclares; y no fue anunciado oficialmente, salvo por esta consulta periodística. Sin embargo, el arribo de Mangiafico podría traer cierto malestar entre las fuerzas penitenciarias. Según el justicialista disidente, Daniel Cassia, el nuevo director del servicio no cuenta con la trayectoria ni la experiencia necesaria ante los ojos de los uniformados.

El gobierno negó la intervención

Melgarez era, precisamente, uno de los 40 penitenciarios federales que desembarcó en Mendoza luego del triste récord de 16  presos muertos en un año en la casa de piedra de Boulogne Sur Mer. La intervención había sido pedida durante la gestión Cobos a raíz de estos hechos que pusieron a Mendoza ante la crítica lupa de la Corte Interamericana de Derechos, entre ellos, el brutal descuartizamiento del preso Sergio Salinas en 8 partes. Aquel crimen hizo que Mendoza terminara, una vez más, en los medios de todo el mundo.

Lo curioso es que ninguno de los funcionarios del Ministerio de Gobierno que fueron consultados reconocieron que las cárceles mendocinas hubieran estado intervenidas en todo este tiempo. El que sí pudo confirmarlo fue, precisamente, un ex funcionario de Celso Jaque y reconocido abogado de derechos humanos del fuero local.

"El Estado provincial nunca reconoció que hubo una intervención. En su momento, si bien se pidió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalmente se consensuó con el Estado nacional que enviara un equipo de penitenciarios para que se hiciera cargo de todos los estamentos", aseguró Diego Lavado, ex subsecretario de Justicia. Esto a pesar de que en octubre de 2008, MDZ publicaba esta nota, en la que se daba cuenta la imposibilidad de terminar con la intervención federal, por parte del entonces subsecretario de Justicia, Sebastián Godoy Lemos.

Por ello, la asunción del nuevo director permite confirmar que este período en el que las cárceles provinciales han estado dirigidas por directores federales, ha llegado a su fin. Y que la provincia retoma el control de las mismas -aunque, claro, la responsabilidad política de lo que ocurra en el interior de las mismas siempre dependió del gobierno de turno-. Quizás, este disimulo esté provocado en el hecho mismo de que Mendoza haya sido severamente cuestionada por los organismos internacionales.

"Este cambio tiene que ver con el trabajo que viene realizando el gobierno, de fortalecer el sistema carcelario", aseguró Quiroga Nanclares, al repasar las modificaciones que han habido en los centros de reclusión, tanto para el personal como para la población carcelaria.

De aquellos originales 40 funcionarios federales en cargos jerárquicos de la Penitenciaría, actualmente quedan apenas 6, según confió Quiroga Nanclares. El resto se fue yendo en estos cuatro años. Lavado también concuerda en que fue un proceso de recambio paulatino, pero agrega un detalle: si bien en un principio eran costeados por la Nación, al final la provincia se hizo cargo de pagarle a los profesionales que llegaron para iniciar la depuración en un sistema corrompido.

El malestar intramuros

Sin embargo, la designación de un asesor sin carrera parece atentar contra el fortalecimiento de este proceso de reconstrucción del sistema, anunciado por el Ejecutivo. Daniel Cassia fue uno de los que cuestionó la selección de un hombre que no cuenta con ese perfil que los uniformados reconocen y respetan en sus pares: la experiencia intra muros.

"Creo que es un error, porque es un civil al que le dieron grado penitenciario sin contar con una carrera", definió el justicialista disidente, uno de los especialistas en seguridad en la Legislatura provincial.

A diferencia de Cassia, el subsecretario de Justicia consideró que David Mangiafico es "una persona idónea y de confianza, es una apuesta interesante". A favor del funcionario, que es abogado penalista, Quiroga Nanclares destacó que cuenta con dos especializaciones en España y que forma parte del cambio que el Gobierno quiere imprimir a Boulogne Sur Mer y Almafuerte, principales centros de detención.

Sin embargo, Cassia remarcó que esta falta de experiencia puede jugarle en contra al Gobierno.

"Mangiafico tiene una carrera teórica, le dieron el grado de un día para el otro y está seriamente cuestionado", subrayó. Y en ese tenor, el diputado provincial explicó que el nuevo director del servicio penitenciario fue avalado por una ley, sancionada hace años, que permitió flexibilizar el ingreso de personal. 

En esta misma situación se encontraría el director de Almafuerte, la penitenciaría de Campo Cacheuta. Hablamos de Sebastián Sarmiento, entre cuya experiencia cuenta el haber sido secretario privado del senador justicialista Miguel Serralta.

Por lo pronto, entre las filas, el sucesor de Melgarez -que seguirá como asesor, según explicó Quiroga Nanclares- podría generar malestar entre los guardiacárceles que vienen haciendo carrera desde hace varios años y que ven relegadas sus posibilidades de ascenso por el juego de la política.

La afirmación tiene su contexto: este año, el malestar se percibió claramente a través de las familias de los guardiacárceles, por el pedido de aumentos salariales que tardaron en llegar.

A su vez, fuentes penitenciarias consultadas remarcaron que el personal no verá con buenos ojos este nombramiento, sobre todo, porque en el último año ha habido varios reclamos porque se encuentran trabados los ascensos extraordinarios convenidos con la cúpula política.

"Estos reclamos han derivado también en represalias", confió una fuente, asegurando que el personal que protestó fue trasladado a otro centro o cambiado de funciones. En este clima, el Gobierno estaría nombrando funcionarios que llegan al sistema con una jerarquía de oficial -el sueldo mínimo en el escalafón, es de 3.500 pesos para el cargo de subadjutor- salteando por arriba del personal de carrera.

Pero esto como telón de fondo, porque el cambio también define una nueva situación política para Mendoza.

La intervención que iniciara Julio Cobos finiquita con Celso Jaque. Una de las tantas herencias a las que el jaquismo ha decidido poner punto final, sin todavía resolver los problemas estructurales de hacinamiento y de resocialización en una población carcelaria cercana a los 3 mil presos.

Y, curiosamente, un proceso de recambio sin grandes anuncios, como si las novedades quedaran a la sombra de esos altos muros.