Deben controlarse los gastos de la SIDE,dice Sanz

El titular de la UCR, Ernesto Sanz, afirmó que en el Senado la oposición trabaja para que la Cámara baja designe a los miembros de la Comisión Bicameral que controla los fondos de la SIDE, en medio del escándalo de espionaje en el Gobierno porteño que ahora involucró a esa
Secretaría.

Se trata de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que está integrada por siete senadores y siete diputados, aunque todavía los representantes de la Cámara baja no fueron designados.

Sanz explicó que "entre miércoles y jueves hubo una fuerte presión desde el Senado para que se designara a los diputados", y por la tardanza en la designación responsabilizó al presidente Diputados, Eduardo Fellner.

"Durante los últimos años esa comisión fue manejada por el oficialismo", recordó el titular radical en declaraciones radiales, y en este sentido explicó que ahora Diputados deberá elegir a siete legisladores que, debido a la proporción de la Cámara, tendrían que ser en su mayoría opositores.

Los senadores que integran la comisión son los miembros del Frente para la Victoria Miguel Pichetto, Guillermo Jenefes y Marcelo Fuentes, y los opositores Gerardo Morales (UCR), Oscar Castillo (Frente Cívico), Gustavo Basualdo (Producción y Trabajo), y Carlos Verna (PJ pampeano).

El reclamo a Fellner se realizó luego de que se comprobara que fue un agente de la SIDE quien le avisó al familiar de víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, que tenía "el teléfono pinchado", hecho que disparó la causa por las escuchas telefónicas que salpicó al Gobierno de la Ciudad.

Por esta causa fue procesado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, debido a que el espía y artífice de las escuchas, Ciro James, fue empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad.

El juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa, también procesó al ex ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, y al ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios.

En ese marco, los diputados del PRO iniciaron juicio político contra el magistrado, al considerar que no había pruebas para procesar al jefe de Gobierno por "asociación ilícita".