España aprobó la polémica reforma laboral

El Gobierno español finalmente aprobó hoy la polémica reforma laboral, que distintos sectores rechazan y que llevó a los sindicatos a planear una huelga general para el 29 de septiembre. En tanto, será tramitado como proyecto de ley en el Congreso.

La decisión -convertida en ley- del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prevé extender sin excepciones el contrato con 33 días de indemnización por año trabajado en caso de despido improcedente.

En el borrador publicado el pasado viernes, el Ejecutivo dejaba al margen de este modelo de contrato al colectivo de hombres de entre 30 a 45 años con menos de tres meses desempleados. Es una reforma "sustancial y de las más importantes que se ha aprobado en nuestro país", señaló el titular de Trabajo, Celestino Corbacho.

La reforma, que después pasará al Parlamento, contempla varias medidas, con el objetivo sobre todo de reducir la temporalidad y mejorar la flexibilidad en el mercado laboral.

El Gobierno también extendió el pago por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa, dependiente del Estado) de ocho días por año en caso de extinción de contrato a todos los indefinidos, cuando el viernes limitaba este copago a los de 33 días

El decreto sobre reforma laboral aprobado hoy por el Consejo de Ministros entrará mañana en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estados (BOE) y, según avanzó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ya incluye algunos de los aportes que los Grupos Parlamentarios trasladaron al Ejecutivo en las reuniones mantenidas en las últimas horas.

En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, De la Vega indicó que, además de los nuevos "criterios" incluidos ya en el documento, el texto sufrirá nuevos cambios "al transformarse en proyecto de Ley", tal y como está previsto de cara a su tramitación en parlamentaria.

Según dijo, la voluntad del Gobierno sigue siendo alcanzar el mayor grado de consenso en torno a la reforma laboral, y, en este sentido, insistió en que "si el texto no cuenta con la rúbrica de los agentes sociales, sí cuenta con el espíritu de sus aportaciones", conjuga los intereses de empresarios y sindicatos y es "equilibrado".

Según aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, el decreto "ambiciona que el despido sea la última opción y que nunca sea la más fácil". Por el contrario, indicó que la reforma laboral, "la más importante de los últimos 20 años", tratará de reducir la temporalidad excesiva y dotará de "más estabilidad al empleo".

Además, precisó que el decreto persigue permitir adaptar las condiciones de trabajo, "también las salariales", a la situación económica, y clarifica las causas del despido por motivos económico, técnico o de producción, mientras que se mantienen las indemnizaciones que actualmente se perciben.

Con esta reforma "ambiciosa, sustantiva y de calado" el Gobierno trata de lograr que la recuperación se traduzca "en más y mejor empleo", en mayor estabilidad laboral, en una mayor "flexibilidad" y en un aumento de productividad y la competitividad", añadió De la Vega.

"Afrontamos la reforma laboral desde la iniciativa y la convicción de su necesidad, desde la responsabilidad, que no eludimos ni diluimos, así como desde el diálogo", concluyó.