Sólo el desmantelamiento de Botnia traerá paz. La Asamblea Ambiental minimiza la posibilidad de que un monitoreo binacional de los niveles de contaminación de la pastera UPM (ex Botnia) traiga aparejado el levantamiento del bloqueo sobre la ruta internacional 136, paso obligado para llegar a Uruguay a través del puente General San Martín.
El monitoreo fue acordado a principios de mes por la presidenta Cristina Kirchner y su par uruguayo, José Mujica, que fijaron un plazo de 60 días para definir cómo se harán los estudios. La idea es desestimada por gran parte de los asambleístas, incluso aquellos que no se inscriben en las líneas más radicales, según declararon a LA NACION referentes y militantes ambientalistas. La mayoría fundamenta su posición en los estudios realizados por 90 científicos de las universidades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, entre otras, que compararon muestras del río Uruguay en 2007 con otras de 2009. Concluyeron que los niveles de toxinas se elevaron y que son atribuibles a la pastera. Lo mismo sucedió con los estudios atmosféricos.
A partir de esa base, los asambleístas sostienen que, cuando el monitoreo conjunto se realice, sólo probará que existe contaminación. Y que será demasiado tarde.
Para las líneas más duras, el monitoreo es rechazado, además, porque implicaría aceptar el funcionamiento de la planta, a la que consideran ilegal, en base al reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya.
"El monitoreo entre todos es excelente, si se hace dentro de la planta. Pero, cuando demuestren la contaminación, ya vamos a estar contaminados", razona Alicia Pereira, para quien Botnia «usurpa» el río y se tiene que ir. Sólo si se va, se levanta el corte".
Para Cristina Limba, el corte es una consecuencia y su solución, política. "La Presidenta debe exigir el control dentro de la planta y en la salida del efluente", opina, aunque aclara que esa medida sólo servirá para confirmar que existe contaminación, no para prevenirla.
El comerciante José Pouler piensa que la asamblea puede elegir otras medidas de protesta en lugar del corte, pero es más enfático en cuanto a la pastera. "Reubicar una planta de esa magnitud es llevarle el problema a otro. Botnia no debe operar en ningún lugar de América latina, salvo dividida en plantas menores con otro impacto ambiental", sostiene.
Para el productor agropecuario Juan Ferrari, el corte es la única medida que impide que Botnia funcione al 100 por ciento. Incluso quienes se oponen abiertamente al corte, como el empresario Abel Martínez Garbino, integrante del grupo de Ciudadanos Movilizados contra el Corte de la Ruta 136, sostienen que la pastera contamina. "Y va a contaminar más en el futuro. Pero necesitamos un arma más fuerte que el bloqueo, y es el apoyo del pueblo de Fray Bentos, al que nunca vamos a acercar mientras mantengamos el corte".
Los crecientes roces entre ambos grupos despertaron preocupación tanto en el municipio como en la Iglesia. El arzobispo de Paraná, monseñor Mario Maulión, dijo que la Iglesia "en todo momento trabaja en la búsqueda de un acercamiento entre las partes" y con él coincidió el obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano.
Consultado por LA NACION, Lozano negó que la Iglesia cumpla una tarea de mediación. "Estamos para facilitar el diálogo y motivar al encuentro entre todos los actores sociales. Pero no hacemos una función de mediación. Conversamos mucho con los vecinos, que están muy preocupados. No se perciben dificultades en la convivencia, pero hay mucho enojo con el gobierno nacional."
En Gualeguaychú no confían en un monitoreo conjunto
El monitoreo fue acordado a principios de mes por la presidenta Cristina Kirchner y su par uruguayo, José Mujica, que fijaron un plazo de 60 días para definir cómo se harán los estudios. La idea es desestimada por gran parte de los asambleístas, incluso aquellos que no se inscriben en las líneas más radicales, según declararon referentes y militantes ambientalistas.
