La provincia debe denunciar el acuerdo que el gobierno nacional no pagó por Portezuelo del Viento -aquella indemnización por la promoción pasada- y reactivar la demanda contra Nación por los perjuicios de la década anterior. Además, hay que iniciar una nueva demanda. La Fiscalía de Estado ya debería haber actuado. Hay que buscar consenso político en otras provincias, y hacia adentro de Mendoza. Todo suma. Y la movilidad social alrededor de este tema debe trascender a éste, el gobierno de la obediencia K.
Empecemos con una historia. Hugo Bianchi es un empresario del sur muy conocido en la provincia. Integra una cámara industrial en San Rafael, y “rema” desde hace muchísimos años con Plastiandino SA, una firma ubicada en Cuadro Nacional que se dedica a la elaboración de envoltorios plásticos, especialmente impresos. Está al frente de este emprendimiento familiar, con 110 empleados, y compite en forma directa con una empresa promocionada en La Rioja. Su materia prima es el polietileno. En épocas normales, este insumo significa el 75 % del precio de venta de sus productos, que sirven –por ejemplo- para envolver los packs de aguas, de gaseosas, y de muchos otros productos. Si hay crisis, el costo del polietileno significa casi el 90 % del precio de venta. Con el 10 % restante, Bianchi debe mantener su empresa, pagar sus costos fijos y variables, cumplir con la AFIP, pagar sueldos, y vivir. Su competidor riojano -y promocionado- agrega a ese 10 % un beneficio del 21 % del IVA que no paga, más los diferimentos de impuestos.
La empresa sanrafaelina de Hugo Bianchi comenzó su actividad en 1971 y llegó a tener entre el 70 y el 80 % del mercado nacional, por su calidad y sus precios. Hoy, participa del 10 % de la torta. Cuando Carlos Menem transfirió a las provincias la autoridad de aplicación de la promoción industrial y reasignó cupos, comenzó el festival y la empresa de plásticos del sur, como muchas otras; comenzó a sufrir problemas serios. Bianchi fue ayer una de las únicas 12 personas interesadas en debatir esta problemática en una reunión que se hizo en San Rafael. Parece que son pocos los que ven venir la desgracia.
Conceptos básicos
Antes de debatir qué hacer ante la prórroga y la incorporación de nuevos actores a la promoción industrial, hay que plantear un cuadro conceptual: la promoción le otorga beneficios a empresas que se radiquen en determinadas provincias, en los siguientes ítems:
-Exención del impuesto a las ganancias del proyecto.
-Exención de aranceles de importación y del IVA de bienes de capital o de sus partes, para el proyecto.
-Liberación del pago del IVA
-Para los inversionistas, diferimiento de impuestos o deducción de Ganancias.
En 1999, el Consejo Empresario Mendocino, en un trabajo que se hizo por primera vez en el país y que jamás se volvió a repetir, calculó el costo neto fiscal de la promoción, en siete veces el déficit fiscal de la Argentina para el año 2000, o el 23 % de la deuda externa del país. Por entonces eran cerca de 31.450 millones de pesos-dólares. Y el perjuicio para Mendoza fue entonces de unos 14.800 millones de pesos-dólares. Es decir, casi 1.000 millones de pesos-dólares al año, en épocas de Convertibilidad. Todos los que están discutiendo qué hacer frente a la Promoción Industrial, deberían volver a leer ese trabajo en el siguiente enlace y bajar la versión en PDF.
¿Por qué nos perjudica la promoción? Básicamente, porque empresas que podrían radicarse aquí lo hacen en las provincias vecinas, e incluso muchas de nuestra provincia se mudaron a tierras promocionadas. Esto tiene un efecto destructivo y de pérdida de competitividad. Basta ver el ejemplo de la empresa de plásticos que contamos al principio, para entenderlo.
Hay más temas conceptuales que deben ser expuestos, antes de ingresar al camino que debería recorrer Mendoza para salir de este berenjenal en que nos han metido la Dictadura primero, Carlos Menem después, y el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner al final, con una cuota-parte importante para Julio Cobos, quien canjeó una demanda casi ganada por los perjuicios de la promoción, por una obra de la que no se ha montado aún ni un ladrillo. Fueron las famosas mentiras de Portezuelo del Viento. Pero vamos por partes:
Promoción no es igual a subsidio
Algunos líderes de la oposición radical consultados ayer por este diario, le daban al decreto 699/2010 firmado por Cristina, una importancia vital. “La promoción industrial se terminaba en 2012. Pero con las frecuentes prórrogas a la emergencia económica; y el decreto de la Presidenta, está clara la intención de seguir, por lo menos, por diez años más… ¿queremos otra década así?” decía una fuente interrogada por MDZ. En la misma línea, podríamos decir que por concepto, una “promoción” es una medida temporal que puede tomarse hasta que la empresa objeto del beneficio se desarrolle. Pero si se prorroga el beneficio de manera indefinida, lo que estamos haciendo es –en realidad- subsidiar empresas no rentables, favoreciendo a sus propietarios (en general grandes grupos, no PYMES), y a los clientes que pueden comprar más barato. “Es como un dumping, pero impositivo” donde “el negocio de los promocionados no es producir, sino comprar y vender mucho” decía a este columnista uno de los empresarios que participará hoy a las 11:00 de la reunión en el Cuarto Piso de la Casa de Gobierno, con Celso Jaque.
Consultado por este dilema entre promoción y subsidio, un ex gobernador mendocino nos hizo la siguiente pregunta: “-¿Por qué San Luis creció, y La Rioja, Catamarca y San Juan no lo hicieron de la misma manera?” La respuesta es porque San Luis está ubicada sobre las rutas 7 y 8, a 700 kilómetros del Océano Pacífico, y a otros tantos del Atlántico. La pregunta tiene una segunda parte: Si cuando empezó la promoción la economía de las provincias de cuyo vecinas a Mendoza eran poco más del 20 % de la nuestra, y hoy son el 120 %, ¿por qué sigue la promoción industrial? Por razones políticas, a las que habrá que oponerle otras acciones políticas, más potentes. Mientras tanto, las empresas como la del ya citado Hugo Bianchi, seguirán perdiendo competitividad y generando pobreza. Incluso en zonas promocionadas. En la crisis de 2001, varias empresas con promoción se fueron igual a la quiebra.
Menem lo hizo: la Promoción Industrial perjudicó a todo el país
Hay un dato para tener en cuenta. La demanda que el gobierno de Arturo Lafalla hizo contra Nación, y que llegó a tener un dictamen a favor del entonces Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Nicolás Becerra (también mendocino, no necesita de más presentaciones); fue contra el Decreto de Necesidad y Urgencia de Carlos Menem que prorrogó los beneficios y reasignó cupos, porque legisló en temas impositivos –una facultad del Congreso de la Nación- y porque el costo fiscal de la Promoción Industrial para Catamarca, San Luis, San Juan y La Rioja sería asumido por todas las provincias, a las que nadie les preguntó nada. Es decir, se trataba de impuestos que alguien estaba eximido de pagar, y que por lo tanto no iban a ser coparticipados a las provincias. Esa fue la razón central de la demanda que impulsaron entonces Mendoza, con el acompañamiento de Misiones –que nada tiene que ver con Cuyo- y La Pampa.
Por otro lado, el ex presidente Menem tomó una medida que desvirtuaría por completo el sistema de promociones, al sacarlo de la órbita de la Secretaría de Industria de la Nación, y pasárselo a los gobernadores. Fue en ese momento en que empezó la fiesta de “industrias con rueditas”, fábricas que montaban galpones de ensamble en las provincias con promoción, o desguazaban en Mendoza partes de sus fábricas para irse a San Luis, por ejemplo. También hubo venta de carpetas, tráfico de cupos, y hasta casos de funcionarios que ingresaban a una computadora y le aumentaban el cupo a una empresa determinada con sólo apretar un botón. La promoción industrial, además de hacerles perder competitividad a las industrias mendocinas; es un mecanismo esencialmente corrupto.
Y surge otra pregunta. Si las provincias promocionadas, al menos San Luis, crecieron. ¿No podría hacerse en Mendoza un sistema de promoción, o adherir al que hay? No. En realidad, en condiciones normales, nuestra provincia no necesita de mecanismos artificiales de crecimiento, sustentados en quitarles recursos a otras provincias. Hay varias razones por las que la promoción industrial en las provincias lindantes a Mendoza es mala para el país, que se pueden resumir en las siguientes ideas:
1 – Porque es sólo regional. No importa qué se instala ni cómo, ni a qué mercados va a atender, ni si tiene algo que ver con alguna estrategia nacional de crecimiento. Sólo interesa el “dónde”.
2 - Porque tiene muy bajos niveles de control, en especial cuando la autoridad de aplicación son las provincias. Vaya una anécdota: en 1997, el entonces gobernador Arturo Lafalla le llevó al ministro de Economía Roque Fernández un video, en el que se probaba el fraude cometido en San Luis vía un estudio jurídico relacionado a los Rodríguez Saá. Accedían a cupos ilegítimos de promoción industrial, que eran comercializados.
3 - Porque el costo fiscal por empleo creado es altísimo, es decir se gastan muchos recursos fiscales para generar poco empleo. Es como subsidiar para que alguien recorra un camino que nadie usa, hasta que finalmente lo recorren, y entonces lo siguen subsidiando para que sigan, pero sin generar competitividad. Con ese mismo costo fiscal –habría que calcularlo de nuevo pero en 1999 equivalía a 20 presupuestos mendocinos- podría mejorarse la calidad de vida de mucha gente en todo el país, con políticas inteligentes de promoción de empleo e inversión genuina.
4 - Porque no tiene en cuenta, ni fomenta, ni se preocupa por la competitividad internacional de las industrias promovidas.
5 - Porque no modifica las estructuras productivas de las provincias beneficiadas. No se formaron conglomerados o clusters de empresas ni se han registrado casos de industrias que crezcan y se hagan fuertes en el tiempo. Un caso de promoción exitoso a nivel mundial es Embraer en Brasil, por ejemplo. Pero aquí, siguen siendo provincias subdesarrolladas con un emparche de industrias que no tienen un rol importante en la economía regional. Sí, como a San Luis, a algunas les va mejor que a otras.
6 - Porque no atiende el caso de las Pymes y sí favorece a los grupos económicos mayores, que obtienen enormes rentas por trasladar parte de sus procesos productivos de un lugar a otro.
7 - Pedir que se generalice este beneficio es un error. Más promoción industrial es más gasto fiscal, más beneficios para los grandes, y 0 (cero) transformación de la economía real, con poco o nulo empleo nuevo. No le sirve al país.
Una política moderna de incentivos a la inversión -que tienen muchos países- puede tener distintos instrumentos e incentivos fiscales, económicos, financieros y en distintas proporciones. Pero deben ser sistemas racionales, equilibrados, basados en concepciones estratégicas de crecimiento de regiones o del país, y con control del gobierno nacional y del Congreso.
A los bifes: qué debe hacer Mendoza
Una afirmación, y un poco de contexto. Mendoza tiene con la Nación una relación tonta. En 1987 recibimos un mal índice de coparticipación, que nunca fue mejorado. Un puntano recibe más del triple que un mendocino por este concepto. En 2002 Roberto Iglesias presentó un nuevo proyecto de Coparticipación Federal, tal como mandaba la Constitución de 1994, pero no avanzó. Cobos lo mejoró y lo impulsó pero no tuvo eco entre los gobernadores. Y Celso Jaque, senador nacional entonces, y presidente de la Comisión que trataba los asuntos de la coparticipación en el Senado, se quedó esperando que Néstor Kirchner enviase el nuevo proyecto de coparticipación, algo que nunca hizo. Después, como gobernador, el malargüino y los legisladores nacionales del PJ se sometieron a cuanto les han pedido Néstor Kirchner y su esposa la presidenta Cristina Fernández, y así hemos perdido y retrocedido más aun. Ejemplos: La no coparticipación del impuesto al cheque, los nulos avances en materia de coparticipación federal, las promesas incumplidas de obras que nunca llegan; y –la frutilla del postre- las prórrogas a las facultades delegadas del Congreso, que posibilitaron que con un decreto común, Cristina Fernández de Kirchner hundiese a Mendoza un poco más. Especialmente la prórroga votada entre el 21 y el 22 de diciembre de 2005. Esto es responsabilidad del gobierno de Jaque y de sus legisladores de brazos veloces para los pedidos que llegan desde Olivos, a cambio de nada. Entre los más destacados “votadores” podemos mencionar a Marita Perceval, Patricia Fadel, Freddy Fernández, Susana Genem, el propio Jaque, Mónica Troadello, Dante González, Guillermo Pereyra, y algunos más. Pero no son los únicos.
Julio Cobos, en medio de su acercamiento al kirchnerismo en 2006, canjeó una demanda casi ganada, por unos 1.000 millones de pesos, por la construcción de la represa Portezuelo del Viento, una mega obra que equivaldría a cuatro veces Potrerillos y que cambiaría la historia del sur provincial, cuyo costo sería aproximadamente el reclamado por Mendoza, en resarcimiento por el costo fiscal de la promoción, que debimos pagar. Como dijimos en MDZ en 2008, Cobos lo propuso, Kirchner lo firmó, Lavagna, Cristina y Miceli no lo pagaron, y Jaque miró para otro lado. Si esa demanda hubiese llegado a una sentencia de la Corte y hubieran tenido que pagar a Mendoza los mil millones de pesos, tal vez la presidenta no firmaría con tanta alegría decretos de promoción industrial que perjudican a las provincias. Una demanda ganada por un estado provincial generaría un efecto dominó que pondría en jaque las cuentas públicas del país.
Como sea, esta nueva crisis política pone contra las cuerdas –cuando no- al gobierno de Celso Jaque, por la política genuflexa y de sumisión absoluta a los dictados del Gobierno Nacional. Alguien le va a pasar factura por esto, pero mientras tanto, hay una serie de medidas que Mendoza podría asumir de inmediato, para plantarse firme frente a este nuevo ataque:
Batería jurídica:
1 – Un recurso de amparo y nuevas demandas. Si Mendoza quiere actuar en serio, el Fiscal de Estado, que es un órgano extrapoder y que no necesita órdenes de nadie, ya debería haberse presentado a un juzgado federal planteando un recurso de amparo contra el decreto 699/2010 de la Presidenta, pidiendo la medida de no innovar e interponiendo una demanda contra las cuestiones de fondo: nos quitan nuevos impuestos coparticipables, con más proyectos y prórroga de los actuales en las provincias promocionadas.
2 – Denunciar el acuerdo por Portezuelo del Viento. Nación no puso el dinero para construir esa represa que está en veremos, y que era el pago por los perjuicios de la promoción industrial a Mendoza hasta 1999. Recordemos que la demanda era por 1.000 millones de pesos en concepto de impuestos federales que no fueron coparticipados a Mendoza. Entonces, hay que denunciar el acuerdo y retomar aquella demanda.
3 – Una nueva demanda. En este caso, por los impuestos que Mendoza no cobró entre 1999 y 2010, en concepto de exenciones a las empresas promocionadas. ¿Serán otros mil millones? ¿O será mucho más?
4 – Ir por todo. El perjuicio y los daños ocasionados con esta política despareja, corrupta, incontrolable, y altamente contaminante de la economía; le provocó a la economía mendocina 14.800 millones de pesos de pérdidas hasta 1999. ¿No cabría demandar a Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por ese daño?
Batería política:
Con demandas, amparos, fallos y sentencias, se irá avanzando de a poco. Sobre todo con el antecedente positivo de aquel dictamen del ahora ex procurador Becerra, dictado en 2003. Pero el gobierno mendocino y los principales actores de la oposición deben unirse, rodear y ayudar a Celso Jaque, y buscar en el país alianzas estratégicas inteligentes. Mendoza no es la única provincia perjudicada. Lo son todas. Por eso, hay que recordar, La Pampa y Misiones acompañaron la demanda de Lafalla.
“Todo sirve” dijo ayer a MDZ un encumbrado dirigente radical, elogiando el llamado a una asamblea legislativa que está tramitando el Partido Demócrata para discutir este tema. Y coincidía con dirigentes peronistas en la necesidad de plantear un reclamo político fuerte involucrando a la sociedad mendocina. Debe hacerse docencia con los perjuicios que nos provoca la promoción, y con los argumentos que la transforman en un mal sistema para el país. Deben ir a Buenos Aires delegaciones del gobierno, acompañadas por los principales actores económicos y productivos, para pedirle a la presidenta que de marcha atrás con este decreto. Y deben ofrecerse a cambio proyectos que sean útiles para el desarrollo armónico de cuyo como Región.
También sirve la reunión que Celso Jaque tendrá hoy a las 11:00 de la mañana con legisladores, empresarios, productores, y demás actores económicos, siempre que de allí salgan estrategias claras, con la sociedad como móvil del reclamo y trascendiendo a este gobierno. Y que Jaque de señales concretas de que –esta vez- la provincia tendrá los pantalones en su lugar, y que no permitirá medidas de corte político que perjudican a los mendocinos. Si Jaque no lo hace, si no logra despegarse de los Kirchner en este tema y ser el abanderado del reclamo y la reivindicación, la historia lo va a recordar de la peor manera posible.