Patricia Gutiérrez,16 años despues da razones

Patricia Gutiérrez en 1994 era concejal y denunció que sus pares cobraban sobresueldos por 1.700 pesos. Hoy se inicia el juicio por peculado a los ediles de aquella época.

Foto: Gonzalo Bravo / Archivo
Foto: Gonzalo Bravo / Archivo

Yo creo que hice bien", dice Patricia Gutiérrez, que en 1994, siendo concejal, denunció que sus pares cobraban sobresueldos por 1.700 pesos. Hoy,18 ex ediles se sentarán en el banquillo por peculado. Gutiérrez dice que si viera hoy un caso, también "lo denunciaría" y además que "debe estar claro cuánto ganan los políticos".

Corría 1994. En ese entonces, Patricia Gutiérrez, actual diputada provincial por Unidad Popular, era concejal de Las Heras por la Unión Cívica Radical y denunció a sus pares por cobrar sobresueldos por 1.700 pesos extras a los 1.000 que debían percibir por mes.

Esta tarde –a las 16.30– y luego de 16 años la causa por peculado (así se califca al delito de quedarse con bienes del erario público para fines personales) en donde hay 19 ex ediles implicados, llega a juicio y Gutiérrez aseguró que en la Legislatura, en donde se encuentra actualmente, "si descubriera hoy un caso similar lo denunciaría".

A la distancia, y con el recuerdo de la reacción de sus pares, que no fue la mejor, Gutiérrez indicó que "yo creo que hice bien". Y agregó que "lo que me molesta más hoy, es el tiempo que ha transcurrido sin que esto tenga una resolución. No quiero hablar de la causa, de si son culpables o inocentes, porque después de todo este tiempo, si la Justicia va a actuar es la Justicia la que tiene que expedirse".

La denuncia de Gutiérrez, le valió un pedido de juicio político que no prosperó.

Los concejales a los que ella había incriminado, la acusaron de "indignidad por el cambio de partido y mantener una banca", ya que ella estaba en el radicalismo y se pasó al partido PAIS que había creado José Octavio Bordón y que formaba parte del Frepaso.

“Fue un juicio que tuvo trascendencia nacional porque en ese momento se había formado el partido. Era el caso testigo de qué iba a pasar con las bancas de legisladores que habían entrado por un partido y se fueron a otro. Me hicieron el juicio, pero no consiguieron los votos para echarme porque el peronismo se abstuvo”, relató la diputada.

El paso a paso del peculado

Patricia Gutiérrez, en 1994 hacía poco que había llegado al Concejo Deliberante de Las Heras cuando –según expresó– observó "irregularidad  en la forma de cobro sin saber en qué concepto se recibía eso".

Los concejales percibían un salario de mil pesos. En esa época gobernaba el peronista Rodolfo Gabrielli en la provincia y el también peronista Guillermo Amstutz en Las Heras. Estaba vigente una ley provincial promovida por el  mismo Gabrielli que puso un tope a los sueldos de los funcionario públicos.

Las comunas adhirieron por eso los concejales debían ser de 1.000 pesos. La  municipalidad de Las Heras fue una de las comunas que adhirió, pero en la práctica no se cumplió.

Los concejales recibían su sueldo y un bono por el monto de 1.000 pesos y les hacían firmar una planilla  por los 1.700 pesos extras en forma de viáticos que les entregaban aparte y en dinero en efectivo.

"Cuando pregunté en concepto de qué nos daba ese dinero, dijeron que era una resolución de viáticos y cargos a rendir cuenta que venía de antes", expresó Gutiérrez.

La diputada manifestó además que en una sesión del Concejo, la comisión de Hacienda propuso la prórroga de resolución. "Me levanté de la sesión y me opuse a que se volviera a prorrogar. Se prorrogó en otra sesión en la que no estuve y después decidí hacer la denuncia por averiguación de delito", indicó Gutiérrez.

La Justicia caratuló el hecho como peculado y en la causa están involucrados Raúl Ramallo, Bartolomé Viñals, Ángel Grigor, Eduardo López, Julio Molina, Ricardo Castaños, José Santos Martín, Pedro Basile, Héctor Robledo, Mario Luna, Antonio Pistone, José Báez, Néstor Márquez, José Magno, Ignacio Garín, Héctor Quevedo Barbosa, Elio Parés, Susana Morchio y el fallecido Daniel Araya.

El artículo 261 del Código Penal reza que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo". Establece además que "será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".

La Séptima Cámara del Crimen de Mendoza integrada por los magistrados Julio Carrizo, Lila Vila y Gabriela Urciuolo empezará hoy el juicio que tiene una larga postergación, y se hará en el Salón de Actos de Tribunales por la gran cantidad de personas.


"En donde hay políticos involucrados deben haber juicios sumarios"

El hecho de que haya pasado tanto tiempo para que al fin los concejales lasherinos se sienten en el banquillo de acusados hace pensar a Gutiérrez que "debe existir un mecanismo de  juicios sumarios cuando hay políticos o funcionarios involucrados en denuncias, para que rápidamente la gente sepa si es inocente o es culpable porque también es una forma de preservar el respeto por las instituciones".

La legisladora explicó además que un sistema de juicios rápidos ayudaría para que “la gente perciba que la justicia es pareja para todos y también que si son inocentes, el nombre quede limpio”.