Los empleados judiciales deben recordar con gusto la frase del juez de la Suprema Corte Fernando Romano, quien parece ser un "modelo a seguir" por ellos, dado los resultados judiciales obtenidos en los últimos años.
Romano dijo en una entrevista en marzo de 2004: “El derecho no se suplica, se ejerce”. Esa mención inspiradora la dijo el juez para justificar su decisión de embargar las cuentas públicas si era necesario, para que su sueldo fuera indexado a fines de 2003 por la inflación, con lo cual pasó a ganar en esa época 11.613 pesos. Fue en medio de la pelea por la actualización salarial automática que se inició con el gobierno del radical Roberto Iglesias y se mantuvo luego durante la gestión de Julio Cobos.
En base a ese movimiento de Romano, los empleados judiciales fueron a buscar lo que la ley -vigente en ese momento- les habilitaba: su indexación salarial según el sueldo actualizado de Romano. O sea, solicitaron a través de un reclamo administrativo la aplicación de la ley de enganche salarial.
Con el tiempo el planteo se transformó una demanda judicial y al mismo tiempo aquella ley de enganche quedó derogada. Lo novedoso es que ahora, más precisamente el 14 de abril en medio de la huelga de los judiciales, que paralizaron los tribunales por un reclamo salarial, un tribunal de conjueces de la Corte les dio la razón a esos 900 demandantes.
Por lo tanto le reconocieron aquel derecho de actualización de haberes, por lo que ahora esos empleados judiciales planean cuál será el efecto de este fallo.
Aquella presentación fue radicada por el antiguo titular del gremio de los judiciales Carlos Pinto, patrocinado por el trío de abogados Horacio Frías, Ricardo Espinase y José Lucero que representaban al sindicato en ese momento.
Luego la conducción de Carlos Ordóñez prescindió de los servicios profesionales de estos letrados pero la demanda continuó con ese grupo de judiciales que hicieron la presentación. La posta gremial la tomó el referente judicial Ricardo Hipólito Babillón, quien anoche confirmó el fallo de la Corte. Babillón está embarcado en adherir al reclamo a todos los empleados judiciales que trabajaban en ese momento.
El fallo y los conjueces
Se trata del expediente 79.435 titulado: “Pinto, Carlos Alberto y otros contra Gobierno de Mendoza”. Los conjueces que firman la resolución que beneficia a los judiciales son: Eduardo López Ricci, Guillermo Posse, y Etelinda Flores.
En las consideraciones del fallo se destaca que si bien el planteo tiene una base de razón las posteriores mejoras salariales otorgadas directamente por el Ejecutivo Provincial “compensaron” ese atraso salarial.
Sin embargo los demandantes sostienen y lo harán saber a través de los mismos abogados, que en base a este fallo se debe calcular la diferencia de sueldo de ese momento que no fue actualizado y en base a ese básico se deberían aplicar los otros aumentos cuando la ley de enganche había sido derogada.
Un detalle colateral a este caso: este fallo hizo emerger una molestia entre los abogados que hacen de conjueces de Corte porque reservadamente hacen notar que la unidad judicial que integran a traves de una secretaria será prácticamente desmantelada dado que a la abogada que cumple la función de secretaria no se le renovará el contrato.
Las conclusiones históricas del derecho “Romano”
A juzgar por estos acontecimientos los dichos de Romano de hace seis años cobran valor para los judiciales: “Yo no pido piedad. Yo actúo de acuerdo a lo que creo tengo derecho. ¿Por qué tengo que estar preocupado por el qué dirán? Estoy acostumbrado a que los derechos se reconozcan. Piense que me he pasado toda la vida reconociéndoles el derecho a los demás, y cuando yo tengo un derecho también quiero que se reconozca. Ulpiano decía: “El derecho es lo que le corresponde a cada uno”.
A propósito Romano anunció para esa época de que en octubre de 2003 inició sus trámites jubilatorios y todavía no los termina aunque ahora admitió por enésima vez que se retirará.
Tendrán que indexarle el sueldo a 900 judiciales
En 2003 el juez Romano reclamó ante el Gobierno que su sueldo fuera indexado, en medio de la pelea entre los poderes por los salarios de los magistrados. El juez impuso aquel planteo y activó la aplicación de la “ley de enganche”, que estaba vigente, para los judiciales. El reclamo no fue escuchado y ahora un tribunal de conjueces de la Corte les dio la razón a 900 empleados.
