La AFIP podrá enjuiciar y enviar a la cárcel a los evasores de impuestos que apelen a maniobras como el uso de facturas truchas, la creación de testaferros o el fraude con beneficios fiscales. Será independientemente del monto que adeuden y al margen de que se pague lo que reclame el fisco, a diferencia de lo que ocurre hoy. Así lo estipula un proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria que envió ayer al Congreso el Ejecutivo, con el que el oficialismo también buscará retomar la iniciativa política en medio de la pulseada con la oposición que se desató tras el recambio parlamentario.
El anuncio lo hizo la propia Cristina Kirchner en un acto en el barrio porteño de Mataderos, donde aseguró que la iniciativa apunta a “que los evasores también tengan trajes a rayas en este país”. Según la Presidenta, “es necesario tener un funcionamiento del capital más transparente que asegure que los trabajadores puedan conservar sus trabajos y consumir, y que los que tienen la suerte de ganar mucho dinero ganen más dinero, pero que también paguen todos los impuestos que tienen que pagar”.
Los detalles los dio más tarde el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien se reunió en la Casa Rosada con Cristina, con el ministro de Justicia, Julio Alak, y con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Según precisó, si se aprueba la reforma, ya no podrá pedirse una probation (canje de la prisión por tareas comunitarias) cuando se verifiquen delitos penales tributarios o casos de contrabando. También se busca ampliar la intervención procesal de la AFIP, lo que la habilitará a presentarse como querellante en más casos.
El proyecto, según las explicaciones que distribuyó la AFIP, tiende “a la penalización efectiva de las conductas de evasión” y a evitar que se conviertan “en un mero instrumento recaudatorio”. Por eso inhabilita el cierre de las causas cuando se abonen las deudas.
Del mismo modo que no se podrá pedir probation, sólo se desincriminará la conducta del evasor “cuando exista arrepentimiento voluntario previo a cualquier accionar fiscalizador”, informó la AFIP. El proyecto también prevé incorporar como delito la adulteración de los controladores fiscales y cualquier otro sistema homologado o suministrado por el ente recaudador.
En los casos de evasión agravada –una figura que ya existe– se propone juzgar la conducta de defraudación al fisco y no el importe adeudado. Así, los jueces deberán buscar los indicios que permitan detectar el montaje de ingenierías fiscales o financieras para evadir las obligaciones con el fisco.
El Gobierno no propuso modificar las penas, que seguirán fluctuando entre los dos y los seis años de prisión para la evasión simple y entre los tres años y medio y los nueve años para la evasión agravada. Lo que sí busca elevar es el monto tope para que un caso sea considerado simple (de 100 mil pesos a un millón) y el máximo monto evadido que se puede imputar a un solo contribuyente, que subiría también a un millón de pesos “sumando el importe final de los impuestos evadidos por período, sin ninguna diferenciación entre ellos”.
Echegaray aseguró que “la finalidad del proyecto es que tanto los organismos recaudadores como la Justicia puedan hacer foco en las causas de mayor relevancia económica, descomprimir a los juzgados de casos menores y redoblar esfuerzos en la búsqueda de sentencias condenatorias respecto de los grandes evasores”. La oposición aún no fijó posición sobre la iniciativa oficial, pero fuentes parlamentarias aseguraron que su trámite deberá aguardar a que se dirima la pulseada por la coparticipación del impuesto al cheque, que impulsan el radicalismo y el peronismo disidente.
Reforma Tributaria: más penas y prisión para los evasores
La AFIP podrá enjuiciar y enviar a la cárcel a los evasores de impuestos que apelen a maniobras como el uso de facturas truchas, la creación de testaferros o el fraude con beneficios fiscales. Será independientemente del monto que adeuden y al margen de que se pague lo que reclame el fisco, a diferencia de lo que ocurre hoy. Así lo estipula un proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria que envió ayer al Congreso el Ejecutivo, con el que el oficialismo también buscará retomar la iniciativa política en medio de la pulseada con la oposición que se desató tras el recambio parlamentario.
