Presionado, Sarkozy busca modificar el régimen jubilatorio francés.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, severamente criticado por la derecha por no haber cumplido a fondo sus promesas de reformas, anunció ayer que en septiembre enviará al Parlamento el texto de ley para modificar el régimen jubilatorio de Francia, una iniciativa que tanto medios políticos como sindicales consideran una "bomba social".

Ese prolongado paréntesis obedece a la necesidad de no crear tensiones antes de las elecciones regionales del 14 y el 21 de marzo, consideradas una prueba de fuego para el gobierno. Los sondeos pronostican que el partido oficialista Unión para una Mayoría Popular (UMP) perderá en las 26 regiones del país.

"Si queremos salvar nuestro sistema previsional, no podemos diferir más las decisiones", dijo Sarkozy en una cumbre social realizada en el Palacio del Elíseo con los principales líderes sindicales y empresarios.

Antes de redactar el proyecto que presentará al Parlamento, el gobierno desea abrir un proceso de negociaciones con sindicatos y organizaciones patronales para definir el perímetro de la reforma, que estará centrada en una extensión de la edad mínima para jubilarse de 60 a 62 años y con 42 años de aportes (en lugar de 40 como en la actualidad).

El gobierno considera que esa reforma es imprescindible para evitar el colapso del sistema. En 1950 había 14 trabajadores activos por cada jubilado. Ese ratio se redujo a 2,5 por 1 en 1970 y se estima que -sin un cambio radical- caerá a 1,2 activos por un jubilado en 2050.

El sistema previsional tendrá en 2010 un déficit de 13.600 millones de dólares. "Si no hacemos nada, en 2050 será de 136.000 millones por año", advirtió el primer ministro, François Fillon.

"La reforma es la única forma de evitar recortes en la jubilación", estimó el consejero social de Sarkozy, Raymond Soubie. Los retirados franceses cobran entre 60 y 80% de su último salario.

Aun si prosperan las reformas en los términos que propone el gobierno, los franceses seguirán teniendo uno de los regímenes más generosos de Europa. Sin embargo, los sindicatos han manifestado una enérgica oposición contra un proyecto que "echa por tierra los logros de 50 años de luchas sociales".

En Alemania y España, salvo excepciones, la edad mínima para jubilarse es de 65 años, aunque, acosado por la crisis económica, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero proyecta extenderla a 67 años. En Italia el mínimo pasó de 57 a 61 años, y en Suecia es de 61. En todos esos países existen diferencias sobre la cantidad de aportes necesarios y, en particular, sobre el significado de "pensión completa".

Al término de la reunión, los líderes sindicales confesaron su decepción por la falta de propuestas concretas y, sobre todo, porque el gobierno rehusó hablar de desempleo y poder adquisitivo, las dos mayores preocupaciones de los franceses.

Después del encuentro con Sarkozy, los líderes sindicales se reunieron para evaluar la propuesta del gobierno y definir un plan de acción, que al parecer comenzará con una jornada de movilización en marzo.