Una seguidilla de intervenciones de ministros y de funcionarios no pudo parar el caos a tiempo y, anoche, la presidenta Cristina Kirchner debió cancelar su partida a Río Gallegos, que estaba prevista para el atardecer, en medio de una fuerte preocupación en el Gobierno por los violentos incidentes en Constitución.
La jefa del Estado montó anoche en la quinta de Olivos un comité para seguir con sus más cercanos colaboradores la estrategia oficial. Por teléfono, instruyó al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, para que presentara una denuncia penal contra los responsables del corte de las vías del ex Ferrocarril Roca en Avellaneda, en una estrategia que buscó desviar el foco hacia los manifestantes y evitar hablar de la reacción posterior en Constitución. Además, la jefa del Estado siguió de cerca los movimientos del juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, a cargo del desalojo de las vías.
La estrategia del Gobierno ante la falta de un operativo desde temprano para evitar la toma de las vías fue apuntar directamente contra los militantes del Partido Obrero (PO), a quienes los funcionarios acusan de haber tenido una posición "inaceptable" en la negociación laboral.
Pero según comentaron fuentes oficiales a La Nacion, la intervención de medio gabinete no pudo hacer nada para evitar el conflicto y la Presidenta se debió aferrar al juez para conseguir un principio de solución. Armella se acercó a las 18 a las vías y presionó con procesar a los manifestantes para lograr la retirada, que se produjo pocos minutos después. "La actuación del juez fue impecable", decía anoche un funcionario.
Cristina Kirchner se mantuvo al teléfono con sus ministros. Entrada la madrugada, seguía comunicada con Nilda Garré para conocer la cantidad de detenidos y la actuación policial en la estación Constitución, donde estalló la violencia. A las 19 tenía previsto partir a Río Gallegos, donde pasará la Navidad, pero postergó la partida para hoy, aunque por el momento, sin horario.
El derrotero de intervenciones oficiales comenzó al mediodía. Primero fue Schiavi, después pasó el mando al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que negoció hasta las 18. Más tarde se sumó el ministro de Justicia, Julio Alak, hasta que finalmente debió aparecer en escena Garré con el operativo de seguridad ya estallada la violencia. La ministra analizaba anoche las imágenes de televisión, que mostraron policías armados y, según sus colaboradores, en las próximas horas podría hacer anuncios. Desde que asumió en la nueva cartera y tras la violencia en el parque Indoamericano, el Gobierno prohibió a la Policía Federal portar armas en las manifestaciones.
El ministro de Trabajo fue otro de los funcionarios que se mantuvo en contacto telefónico con la Presidenta. La información que le llevó, según fuentes oficiales, fue que los trabajadores que reclamaban en las vías tenían posiciones inflexibles. "Querían directamente incorporaciones, más que reincorporaciones", le contó.
Ayer se dio una de las primeras crisis sin el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, como principal negociador. De todas maneras, siguió de cerca los incidentes, pero no habló con Cristina. La Presidenta se reunió ayer por la tarde con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Apenas terminaba ese encuentro comenzaron los incidentes y en Olivos permaneció el vocero presidencial, Alfredo Sccocimarro. Después se sumaron el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el jefe de Inteligencia, Héctor Icazuriaga.
Nervios y máxima tensión en Olivos por los disturbios
La Presidente Cristina Fernández de Kirchner montó anoche en la quinta de Olivos un comité para seguir con sus más cercanos colaboradores la estrategia oficial. Por teléfono, instruyó al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, para que presentara una denuncia penal contra los responsables del corte de las vías del ex Ferrocarril Roca en Avellaneda.
