La trampa de prorrogar el actual presupuesto

Todo parece indicar que el oficialismo ha desarrollado una estrategia que lo lleve a no contar con un presupuesto aprobado antes de fin de año y, por lo tanto, a tener que decretar la prórroga del actualmente vigente para 2011. Luego se utilizarían las atribuciones de que dispone el jefe de Gabinete para ajustar las partidas.

La oposición no accedió a dar quórum en la Cámara baja en la sesión especial del miércoles pasado, resistiéndose a aprobar el proyecto de ley con dictamen de mayoría del presupuesto para 2011 que, en rigor, debía tratarse de nuevo en comisión.

Existían en ese momento dos proyectos alternativos con dictámenes en minoría que corregían el supuesto irrealista de inflación de la versión oficial e incorporaban, además, algunos conceptos de gastos, por ejemplo, el 82 por ciento móvil para los jubilados. Una de estas alternativas suprimía las atribuciones otorgadas al jefe de Gabinete para modificar y redistribuir discrecionalmente partidas de gasto.

En buena medida, la decisión de no dar quórum fue la respuesta a la instrucción presidencial a sus legisladores de no aceptar ninguna modificación al proyecto oficial, algo equivalente a cerrar cualquier debate sobre éste.

De no convocarse de inmediato a una reunión especial, los plazos reglamentarios para un nuevo tratamiento exceden la fecha de finalización de las sesiones ordinarias y se requeriría su inclusión en una convocatoria a extraordinarias. La Presidenta aún no ha dado señales en ese sentido, a pesar de que el principal bloque de la oposición, el radicalismo, ha expresado que está dispuesto a tratar el proyecto oficial introduciéndole sólo algunas modificaciones.

Con una inflación actual no menor del 25 por ciento anual, que se proyecta con la misma tendencia al año próximo, parecería absurdo que el Gobierno quisiera constreñir su gasto a niveles que ya han sido superados y que lo serán aún mucho más. El presupuesto de 2010 estipuló un gasto total de 273.129 millones de pesos. El proyecto oficial, aún no aprobado, asumiendo una inflación del 8,9 por ciento, propone para 2011 un gasto de 372.911 millones, mientras que la alternativa realista de la oposición, con una hipótesis inflacionaria del 25 por ciento, alcanza a 410.521 millones.

Resulta obvio que no es intención del Poder Ejecutivo reducir sus gastos en 2011 a los niveles del presupuesto de 2010. La razón de pretender prorrogar el presupuesto debe encontrarse en la delegación de facultades o superpoderes establecidos en los artículos 8º, 9º y 10º de estas leyes de presupuesto, tanto la vigente de 2010 como la pretendida para 2011. Por estos artículos se autoriza al jefe de Gabinete a ampliar y redistribuir las partidas de gastos con liberalidad, en la medida que se disponga de mayores recursos.

Cuanto mayor sea la distancia entre los ingresos proyectados en la ley y lo realmente recaudado, tantos más fondos dispondrá el Gobierno para gastar discrecionalmente. Esto ha sido claramente percibido y denunciado por los legisladores de la oposición ya desde varios años atrás. Sin embargo, aún no han podido corregirlo y ahora lo intentan con un proyecto alternativo que modifica esos artículos, y agrega: "Será facultad exclusiva del Honorable Congreso de la Nación la asignación del destino de los excedentes de recaudación no previstos en la estimación de recursos del artículo 2º de la presente ley de presupuesto".

El oficialismo no sólo no ha reconocido su propia maniobra, sino que se ha negado a cambiar una coma del proyecto oficial. Esta extrema rigidez hace pensar que más allá de exponerse ahora como víctima, en realidad el Poder Ejecutivo busca que el presupuesto no sea aprobado por el Congreso, para dar lugar a la prórroga del vigente.

El uso político y discrecional de los fondos públicos ha sido una constante en las gestiones del ex presidente Néstor Kirchner y de su esposa Cristina Fernández. El ingreso en un año electoral seguramente impulsa a persistir en este vicio institucionalmente deplorable. Aún se está a tiempo de corregirlo.