El senador radical despotricó contra el ministro de Salud por el escándalo del ex director de Recursos Humanos que quiere cobrar 13 millones por asesorar en paritarias. Camerucci calificó de insólito el hecho. En el gobierno despidieron al funcionario y dieron el mensaje de que "no hay privilegios" para nadie.
El escándalo por el funcionario del ministerio de Salud, Sergio Vignaud que reclama al Estado 13 millones de pesos por su actuación en las paritarias de Salud, y ya fue echado por Celso Jaque, ha dado tela para cortar.
El senador Armando Camerucci (UCR), archienemigo de Juan Carlos Behler, dijo que el ministro de Salud es un "tilingo" y le pidió que renuncie a la cartera que conduce.
Behler, otra vez con problemas en su Ministerio.
Según Camerucci, un "tilingo" es alguien que "mira todo desde la superficie y no en profundidad". Y dice que eso hacer Behler, que "no tiene ni idea lo que pasa en su ministerio".
El senador radical calificó de "insólito" lo que ha pasado con Vignaud y expresó que le parece por lo menos llamativo que el ministro no se de por enterado lo que hacen sus funcionarios.
En el hecho también está implicado el fiscal de Estado, Joaquín de Rosas –que hoy está en el ojo de la tormenta, con pedido de jury por su actuación en la Promoción industrial– que dio curso al pedido de Vignaud y dijo que iba a hacer un pedido de informes por el hecho.
Jaque, salpicado por escándalo, lo mandó a echar
Celso Jaque confirmó ayer que Vignaud fue separado de su cargo. “Ya dí las instrucciones al secretario general de la Gobernación para separarlo”, dijo.
El gobernador prefirió “no mezclar las cosas” al explicar la implicación del Fiscal de Estado en la causa.
“La razón del Fiscal de Estado puede tener desde el punto de vista de lo jurídico alguna razón de ser. Nosotros estamos analizando desde el punto de vista ético y político y en ninguno de los dos casos lo voy a permitir”, indicó.
El secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán manifestó por su parte que es que lo que hizo el Fiscal de Estado “es un dictamen que rechazamos”. Y contó que esto “no es vinculante para nosotros”. Agregó que la decisión es comunicar que “no hay ningún privilegio en el Estado. Se van a hacer todas las acciones y si hay vacío legal se enviará un proyecto a la Legislatura para que se eviten estos problemas