ONGs de todo el país piden reglamentar la Ley de Bosques

El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.

Sin embargo, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación convocaron nuevamente al Consejo Federal del Medio Ambiente a revisar un nuevo borrador de reglamentación, elaborado el 23 de enero de este año por la misma Secretaría.

Frente a esta situación, más de cincuenta organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas de todo el país, “alarmadas por el constante avance de la deforestación”, presentaron una carta dirigida al Secretario de Ambiente la Nación, Homero Bibiloni, y al Consejo Federal del Medio Ambiente, en la que señalaron que “la excesiva demora en su reglamentación pone en crisis su operatividad y genera una profunda preocupación por el futuro de la misma”.

La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.

En ese sentido, las organizaciones advirtieron que la reglamentación debe “promover que los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos sean el resultado de un verdadero proceso participativo, que le de legitimidad a la zonificación resultante y que permita mitigar los daños que la deforestación genera sobre las comunidades campesinas e indígenas”.

Las organizaciones reclamaron que la reglamentación respete el espíritu original de la Ley de Bosques y sea una herramienta eficaz para detener la deforestación, y señalaron que para ello resulta imprescindible “la adopción de mecanismos que permitan a la sociedad civil y sus instituciones participar del control de la efectiva implementación de la misma, y en la consideración de mecanismos de transparencia tanto para la aplicación de la ley como así también para el monitoreo de su cumplimiento, asignación, distribución y ejecución de fondos”.

La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.

Finalmente, las organizaciones alertaron que es necesario asegurar que los fondos para la protección de los bosques que la norma establece “promuevan de manera eficaz y transparente la protección y manejo sostenible de la mayor superficie posible en cada jurisdicción, y que la compensación para los titulares de bosques que realicen tareas de conservación o manejo sostenible de los recursos forestales resulte un incentivo eficaz para detener la deforestación”.

Estas son las organizaciones que firman la nota: Greenpeace, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Banco de Bosques, Fundación Preservar, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, Fundación Biodiversidad, Asociación Ecologista Piuké (Río Negro), Comunidad Tinkunaku (Salta), Fundación Proteger (Santa Fe), Taller Ecologista (Santa Fe), Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, Proyecto Lemu (Chubut), Oikos Red Ambiental (Mendoza), Instituto de Desarrollo y Promoción Humana, Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela DD. HH. (Chaco), Asociación Civil Conservación Patagónica (Neuquén), Fundación
Hábitat & Desarrollo, Fundación M´biguá (Entre Ríos), Proyecto Conservación Oso Hormiguero Gigante, Comisión Ambientalista Xanaes (Córdoba), Fundación Encuentro por la Vida (Chaco), Amigos de la Tierra Argentina, Asociación de Productores para el Desarrollo Integral (Córdoba), Cámara de Turismo del Iberá (Corrientes), Fundación Ambiente Cultura y Desarrollo (Córdoba), Fundación Reserva del Iberá (Corrientes), Grupo de Acción Ecológica Pampa Natural, Aves Argentinas, Aves Pampa, Servicio de Asistencia para Animales Silvestres y Recursos Naturales, Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, Fundación AVINA Argentina, Asociación Civil Práctica Alternativa del Derecho (Santiago del Estero), Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Centro de Observación de la Naturaleza (Mar del Plata), Fundación Inalafquen (Río Negro), Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (Salta), Foro Salteño por la Tierra, Fundación Argentina del Medio Ambiente, Asociación Ribera Norte, Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Misiones), Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero), Fundación Red de Comunidades Rurales, Ecosistemas Argentinos, Iglesia Evangélica Luterana Unida (Chaco), Conservación Argentina, Fundación para la Gestión e Investigación Regional (Formosa), Unión de Vecinos del Sur (Tucumán), Sociedad Naturalista Andino-Patagónica (Río Negro), Red Yaguareté (Salta y Chaco), Movimiento Agua y Juventud Argentina, El Ceibal Asociación Civil (Santiago del Estero), Mesa Provincial de Tierras de Santiago del Estero, Centro de Estudios Ambientales EcoSur (La Pampa).

Fuente: Greenpeace Argentina