Los planteos realizados por los empresarios agroexportadores de General Alvear fueron expuestos durante una reunión de más de dos horas que tuvo lugar este viernes en el 6º Piso de la Casa de Gobierno, como resultado de una audiencia oportunamente gestionada por la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas Frescas (ASPEFF).
Participaron, por el sector empresario, Claudia Escartín, Arturo Anaya, Ivan Walter y Ariel Romero -que fueron acompañados por Juan Riveira y Raúl Aruani, presidente y gerente de la ASPEFF-; Rolando Valdez en representación del Sindicato de Frutas Frescas y Hortalizas de Cuyo y, por el Ministerio, los ingenieros Pablo Gómez Riera (Subsecretario de Agricultura) y Eduardo Martín (Director de Contingencias).
Acercamiento
La estimación de los daños provocados por la tormenta del 31 de diciembre último en Alvear, había mostrado ostensibles diferencias entre la versión oficial y las del sector privado (menos de 5.000 hectáreas contra más de 10.000), pero en la reunión del viernes quedaron en claro los motivos de tal disparidad.
Desde el Gobierno, se aclaró que a los efectos de la aplicación de la Ley de Emergencia se toman sólo las áreas involucradas en las denuncias que efectivamente presentan los productores. Mientras que los representantes del sector agroexportador del Sur fundamentaron su estimación con mapas georeferenciados, realizados con la colaboración de los inspectores de cauce de la Asociación de Inspecciones de Cauce de Bowen -del Departamento General de Irrigación-. El material les permitió delinear la trayectoria de la tormenta de referencia, distinguiendo inclusive parcelas cultivadas de las no cultivadas y cuantificar la superficie afectada, que resultó de 10.200 hectáreas (sin considerar el distrito Carmensa, que por razones de tiempo no pudo ser demarcado).
Hay que denunciar daños
Así, la falta de denuncias de daño por parte de los productores explica la notable diferencia, en menos, de la cuantificación oficial del perjuicio provocado por el meteoro. Hay que tener en cuenta, no obstante, que hubo otras tormentas que afectaron cultivos en la zona (y que no entraron en este estudio), como las ocurridas los días 22, 24 y 29 de diciembre y el 6 de enero. En este sentido, la delegación de empresarios alvearenses se comprometió a seguir aplicando ese criterio para evaluar las consecuencias de otros eventos climáticos. Desde el Gobierno, en tanto, se aceptó tener en consideración los resultados que surjan de aplicar esa metodología, al momento de definir políticas globales para el sector. Pero los funcionarios aclararon que, la asistencia inmediata, según lo establecido en la normativa que rige la emergencia agropecuaria, depende de manera excluyente de las denuncias de daño formalmente registradas por lo que, desde ambas parte, instaron a los fruticultores a formalizar las presentaciones correspondientes para no quedar fuera de la asistencia oficial.
Zona de desastre
En nota dirigida al ministro Guillermo Migliozzi y entregada durante la reunión, los productores y exportadores sureños señalan que la gravedad de la situación “requiere que General Alvear sea declarada zona de desastre en forma inmediata”. Advierten que la economía departamental “se sustenta en la actividad agrícola, por lo que luego de la evaluación de los daños en la producción, el número obtenido debe ser multiplicado dos o tres veces”. Aseguran que en la presente temporada “se ha interrumpido el círculo virtuoso insumos-producción-servicios-consumo, lo que conducirá a una paralización de la actividad económica general de la zona”.
En la nota, se propone además el trabajo conjunto de “Gobierno, entidades intermedias, empresas, productores y sindicatos para la elaboración de un Plan de Crisis que contemple políticas activas inmediatas y de mediano plazo en lo social y económico. “Estamos realmente preocupados -finaliza el documento- por las consecuencias que la falta de trabajo pueda provocar en el tejido social de nuestro departamento, que hasta el momento no presentaba graves problemas de seguridad”.