La polémica desatada en torno al Fondo para la Transformación y el Crecimiento pone otra vez más en consideración el trabajo de los entes de control que posee la Provincia. De ninguna manera queremos indicar que ellos han fallado en su tarea, sino que –y curiosamente– la difusión de supuestas irregularidades generalmente coincide con el cambio de signo político de la administración central.
Esto, de manera evidente tiñe políticamente cualquier acusación que se pueda hacer: ya sea del actual o del pasado oficialismo. Pues, más que desentrañar efectivamente qué pasó, se entra en una puja por defender funcionarios, gobiernos o partidos, que es algo que no tiene nada que ver con la comisión de ilícitos o irregularidades con dineros públicos.
Una de las herramientas que distinguen a las democracias consolidadas de aquellas en vías de, es justamente el accionar independiente de su justicia y de los mecanismos previstos en la Constitución Nacional y Provincial para evitar, corregir y/o sancionar este tipo de situaciones.
Esa virtud republicana no puede ejercerse de manera esporádica, ni ante un eventual cambio de gobierno o de bandera político-partidaria. Debe ser un ejercicio cotidiano, constante y permanente que asegure a los ciudadanos un sistema transparente, en el que lo público no puede ser una caja negra e insondable, si no todo lo contrario.
La Provincia tiene en el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la Auditoría general y otras instancias, herramientas útiles que debe profundizar, reforzar y valorar para que si efectivamente existen, han existido o puedan existir en el futuro, situaciones no claras que impliquen un perjuicio para Mendoza, éstas sean detectadas a tiempo y sancionadas. Sin importar de dónde provengan, ni a quiénes, ni cómo hayan privilegiado.
Es hora que el accionar del mismo Estado pueda anticipar, controlar y castigar situaciones de corrupción, malversación o utilización indebida de dineros públicos. Una tarea que también involucra la acción de la Justicia en todas sus instancias. En esto se juega el valor de la democracia y la credibilidad de las instituciones.
Hay otro dato sumamente importante para considerar: el manejo de los tiempos en el Estado. Las instituciones oficiales, como tales, deben accionar cuando corresponde, o sea: pronto, probada y eficazmente. Si las determinaciones llegan tarde, pues llegan mal y esto ya bien lo conocemos respecto de la justicia, que, cuando llega tarde, ya no es justa.
La problemática con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, que es válida, lamentablemente corre el riesgo de terminar teñida con supuestos afanes políticos. Y, tal vez, no porque genuinamente los tenga, sino porque se presenta tarde, porque cuando se debió denunciar, investigar y determinar responsabilidades, no se hizo, más allá de que haya organismos como el Tribunal de Cuentas, que trabaja por ejercicios vencidos.
Las gestiones van y vienen, pero los controles deben ser permanentes e ir por encima de los funcionarios de turno.
Controlar por encima de la gestión política
Las recientes acusaciones cruzadas por el funcionamiento del Fondo para la Transformación y el Crecimiento amenazan con teñir con intereses políticos los controles que deben ejercerse por encima del cambio y recambio de los funcionarios de turno.