El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sufrió hoy otro golpe en la justicia, que aceptó a trámite una nueva denuncia penal en su contra por corrupción y lavado de dinero, en una causa en la que se investiga si se benefició con reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad se le atribuye en Atibaia, un municipio del interior del estado de San Pablo.
Condenado en junio en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por los mismos delitos, la de hoy es la tercera vez que Lula pasa a la condición de reo en un proceso judicial, aunque el ex presidente está procesado en otros dos casos por las supuestas ventajas indebidas que recibió de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras.
La nueva causa tiene al frente al juez federal de Curitiba Sergio Moro, que también aceptó la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecutivos de las constructoras que costearon las obras.
Entre los ahora reos figuran Marcelo Odebrecht, ex presidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, ex presidente de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula y que supuestamente intermedió las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del ex presidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa.
"No hay ningún registro de que Lula haya costeado las reformas, y los elementos probatorios permiten concluir" que empresas beneficiadas por los desvíos en Petrobras fueron las responsables por las obras, señaló Moro en su fallo.
Según la Fiscalía, las obras en la casa de campo en Atibaia fueron costeadas por Odebrecht y OAS, dos de las empresas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en Petrobras.
Según la Fiscalía, poco después del final del mandato de Lula, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratis una serie de obras -por unos 315 mil dólares- en una casa de campo en Atibaia que la familia del ex gobernante visitaba con frecuencia.
Se hicieron entonces mejoras en la residencia, se construyó una casa para los guardaespaldas de la Presidencia, un depósito, una cava y un sauna, y se terminó la piscina, la cancha de fútbol y un lago. La escritura está a nombre de los empresarios Jonas Suassuna y Fernando Bittar, amigos de Lula, a los que la Fiscalía considera testaferros del ex presidente.
Para la Fiscalía, el costo de las obras forma parte de los sobornos que las dos empresas pagaron a cambio de adjudicarse ilegalmente seis millonarios contratos de Petrobras.
Los fiscales también dijeron haber encontrado indicios de que el ex jefe de Estado es el verdadero propietario de la casa de campo, en la que estuvo en 270 ocasiones entre 2011 y 2016, mientras la defensa de Lula alega que la propiedad "no le pertenece y nunca le perteneció".
En junio, el ex mandatario fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por, supuestamente, haber recibido ventajas ilegales también de OAS, que le habría entregado un departamento en el balneario paulista de Guarujá.
El caso está apelado en un tribunal de Porto Alegre, y si la sentencia es ratificada, Lula no podrá presentarse a las elecciones del 2018, cuando pretende ser candidato.