Miles de opositores venezolanos se congregaron hoy en calles, avenidas y rutas de algunas de las principales ciudades del país, en un "plantón" contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro para exigir elecciones y rechazar los planes oficiales de reescribir la Constitución, en manifestaciones que terminaron con choques con la Policía, heridos y hasta una diputada detenida.
Aunque la mayoría de las protestas callejeras fueron pacíficas, en algunos puntos de las ciudades centrales de Barquisimeto y Valencia la manifestación escaló en violencia, y un policía resultó herido de gravedad por un francotirador, informó un gobernador.
El policía "fue gravemente herido por un disparo en la cabeza con orificio entrada y salida", escribió Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo, en su cuenta de Twitter, corrigiendo un tuit previo en el que había señalado que un francotirador había matado al policía "con (un) disparo en la cabeza".
Según explicó, "en atención primaria (...) se reportó sin signos vitales", aunque "sin embargo confirman que está en estado crítico luchando por su vida", agregó.
El gobernador, aliado del presidente Maduro, acusó a la coalición de partidos de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de encender los disturbios en su entidad. "Sectores de la MUD en Carabobo dirigen la violencia", agregó.
Más temprano, publicó una fotografía de un policía herido y una motocicleta incendiada junto a un mensaje en el que preguntaba si a eso se le podía llamar "manifestación pacífica".
Por otra parte, el Ministerio Público dijo que investigaba el arrollamiento de tres personas en Cabudare, un ciudad cercana a Barquisimeto, capital del occidental estado Lara. En Caracas buena parte de los manifestantes ocupó la principal autopista, mientras otros grupos eran dispersados por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos.
En la ciudad fronteriza de San Cristóbal, los opositores cocinaron una sopa comunitaria, y en Ciudad Guayana la gente leía sentada en el piso.
La oposición acusa a Maduro de haberse convertido en un dictador que usa su influencia sobre las instituciones del Estado para mantenerse en el poder. Pero el mandatario alega que sus enemigos políticos están agitando las calles con disturbios y manifestaciones, sólo para derrocarlo.
El presidente dice que la salida de la crisis política está en una Asamblea Constituyente para reescribir parte de la carta magna, pero sus adversarios temen que la nueva legislación abra puertas que faciliten al "chavismo" mantenerse en el poder más allá de 2019, cuando culmina su período.
En seis semanas de protestas, actos vandálicos y represión, al menos 44 personas murieron, incluyendo manifestantes, simpatizantes del gobierno, peatones y miembros de las fuerzas de seguridad. Cientos han resultado heridos o arrestados.
Ayer, Maduro dijo que "pronto" entregará un decreto al árbitro electoral para establecer las bases comiciales para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, con las que se establecerá el método de votación y la postulación de los nuevos redactores de la carta magna.
El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, miembro de la Comisión Presidencial para la Constituyente, explicó hoy que "la única competencia" de la futura Asamblea será "redactar" una Constitución y que su aprobación se decidirá en una votación "directa" por parte del pueblo.
"La única competencia que tiene la Asamblea Nacional (constituyente) es redactar una Constitución. Eso quiere decir que hay múltiples manifestación o procedimientos que al final tienen que concluir en una votación directa del pueblo venezolano", dijo Escarrá, en declaraciones a un canal privado.
En el interior del país los opositores también bloquearon vías. Ganaderos en Táchira, en los Andes venezolanos, detuvieron sus jornadas en apoyo a la protesta y regalaron leche y queso a los manifestantes.
El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, aseguró en su cuenta de Twitter que se produjo "una fuerte represión" con gases lacrimógenos y perdigones de goma que dejaron siete personas heridas y varias detenidas en Valencia.
La oposición está buscando apoyo internacional para mantener la presión contra Maduro y ha logrado el pronunciamiento de varios gobiernos a favor de sus peticiones, particularmente de adelantar las elecciones.
La Unión Europea (UE) instó hoy a las autoridades venezolanas a celebrar elecciones y liberar a un centenar de políticos y activistas presos, en su reacción más crítica hasta la fecha hacia los eventos que sacuden al país petrolero.
El gobierno de Maduro rechaza la "injerencia" en su política interna y mantiene que las elecciones presidenciales se celebrarán a fines de 2018, como está establecido en el calendario, a pesar de que todavía no se han convocado dos comicios regionales previstos para 2017.
Venezuela está sumida en una profunda recesión desde 2014, agravada por el retroceso de los precios de petróleo, la principal fuente de dinero del país, que depende de sus importaciones y también sufre escasez de alimentos y medicinas, una altísima inflación y una feroz inseguridad pública.
La protesta de hoy forma parte de una campaña de manifestaciones que arrancó en abril pasado luego del "golpe de Estado" que la oposición asegura dio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional de mayoría opositora, al emitir dos fallos- que posteriormente fueron revertidos en forma parcial- en los que arrebató las funciones del Legislativo y despojó de la inmunidad a los diputados.
Mientras, la OEA resolvió hoy llamar a una reunión de consulta de cancilleres para discutir la situación de Venezuela para el 31 de mayo en la sede del organismo en Washington, a propuesta de México y con una mayoría de 18 votos a favor, uno en contra (el de Nicaragua), 13 abstenciones y 2 ausencias (Venezuela y Granada).
Los 18 apoyos eran el mínimo necesario (la mayoría simple de los 34 Estados miembros) para que esta propuesta saliera adelante, después de días de bloqueo por la falta de consenso sobre el día de la reunión y el fondo de la misma.