Una inmigrante de 41 años, madre de cuatro ciudadanos estadounidenses menores de edad, de entre tres y 14 años, y residente en Estados Unidos desde 2002, fue deportada hoy y subida a un avión rumbo a México, pese a los recursos judiciales presentados ante las autoridades, que rechazaron dos veces su pedido de asilo.
La decisión del gobierno de Donald Trump se conoció un día después de que se hiciera pública la primera deportación de un dreamer, nombre con el que se conoce a los jóvenes favorecidos por el DACA, el programa migratorio aprobado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para beneficiar a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños.
Hoy, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo desconocer los motivos por los cual fue deportado el joven dreamer Juan Manuel Montes, y aseguró que la meta de su gobierno no es expulsar a los llamados dreamers.
"Los beneficiarios de DACA no son un objetivo. No sé por qué se aprehendió a este individuo", subrayó Sessions en una entrevista con el canal de noticias Fox, luego de conocerse que el joven fue deportado apenas tres horas después de ser detenido y tras no darle la oportunidad de buscar sus documentos.
Sin entrar en detalles, el fiscal general estadounidense aseguró que los principales objetivos del gobierno son acabar con la "ilegalidad de la frontera", controlar la inmigración irregular y deportar a los inmigrantes que han cometido crímenes y que tienen órdenes de deportación, pero siguen viviendo en Estados Unidos.
La inmigrante que fue deportada hoy, Maribel Trujillo Díaz, vivió indocumentada desde 2002 en la ciudad de Hamilton, en el estado de Ohio, y trabajaba en una planta procesadora de pollos en la vecina localidad de Fairfield.
Su estatus quedó en evidencia en 2007, cuando agentes de la Oficina de Inmigración y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) hicieron una redada en su lugar de trabajo, donde además de ella fueron detenidos otros 200 trabajadores indocumentados.
Trujillo pidió asilo y aseguró que había abandonado México escapando de los cárteles de droga de la ciudad de Morelia, en Michoacán, pero su caso fue rechazado dos veces y, después de diez años, las autoridades estadounidenses dictaminaron que no había base legal para que permaneciera en el país.
A comienzos de este mes, cuando todos los recursos legales de su pedido de asilo se agotaron, fue detenida.
Kathleen Kersh, una de las abogadas que trabajó en su defensa, informó poco después que Trujillo había sido subida a un avión y criticó a la ICE.
"Estamos decepcionados e indignados porque ICE optó por no ejercer la discreción procesal en este caso, a pesar de miles de llamados telefónicos y reclamos llegados desde todo el país", declaró en un comunicado difundido por la agencia de noticias EFE.
Entre quienes apelaron a favor de Trujillo estuvo el gobernador de Ohio, el republicano John Kasich, quien lamentó no haber podido ayudarla a permanecer junto a sus hijos.
La abogada opinó que esta deportación demuestra que el gobierno de Trump no está enfocado en echar a los criminales, como anunció, sino "en separar a madres pacíficas de sus hijos ciudadanos".