La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, rechazó el reclamo del Gobierno norteamericano y mantuvo la suspensión de la orden ejecutiva migratoria emitida por el presidente Donald Trump.
El controvertido decreto suspendía por 120 días el programa nacional de asilo -en el caso de los refugiados sirios, la acogida había sido detenida indefinidamente- y por 90 la emisión de visas para personas provenientes de Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
El 3 de febrero, el juez federal James Robart bloqueó la orden presidencial desde un tribunal de Seattle. La decisión de la corte de San Francisco prolonga temporalmente ese bloqueo, y es previsible que el caso termine en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Trump ya había reaccionado públicamente a las medidas judiciales contra su decreto acusando a los magistrados de "estar politizados" y advertido que si llega a tener lugar un atentado perpetrado por un terrorista extranjero, la responsabilidad recaerá sobre las cortes implicadas.
Hoy, en tanto, Trump equiparó el fenómeno de la inmigración de personas indocumentadas con el del crimen organizado, y firmó tres nuevas órdenes ejecutivas "para restaurar la seguridad en Estados Unidos": una relativa a los carteles que operan en el territorio nacional, otra destinada a reducir los delitos violentos y una tercera que busca definir "nuevos delitos federales" para "prevenir" las agresiones a policías y otros agentes del orden. El más abarcador es el segundo decreto.
Esa orden establece que, para mantener el orden en el país, debe haber "un compromiso con la aplicación de la ley y el desarrollo de políticas que aborden de forma integral la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen violento". Está por verse cómo son recibidas estas iniciativas por la opinión pública estadounidense y las instancias judiciales.