Una corte de apelaciones de San Francisco rechazó hoy la solicitud presentada por el Departamento de Justicia estadounidense para restablecer de inmediato el decreto del presidente Donald Trump que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, en California, rechazó la moción de urgencia presentada por el Gobierno que pretendía invalidar la suspensión temporal del decreto decidida el viernes por un juez federal de Seattle, informó en su página web.
Con ello, la sentencia del juez James Robart continúa de momento en vigor. Sin embargo, la decisión de hoy rechaza sólo la implementación inmediata de la prohibición de viaje al país, pero aún debe pronunciarse más a fondo sobre el caso.
El tribunal podría tardar al menos una semana en hacerlo. Por el momento, ha pedido a las dos partes que presenten sus argumentos por escrito, a lo que seguirá luego una vista oral. Los expertos creen que la disputa acabará en el Tribunal Supremo, con lo que se espera una larga batalla legal.
Trump emitió el 27 de enero un decreto que suspendía temporalmente el programa de refugiados estadounidense y prohibía la entrada al país a todos los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen durante 90 días, una prohibición indefinida para los refugiados sirios.
Su argumento: la necesidad de garantizar la seguridad mediante nuevos mecanismos de registro que impidan la entrada a todo enemigo de Estados Unidos. La medida fue sin embargo impugnada de inmediato por varios tribunales.
También los tribunales de apelación de los estados de Washington y Minnesota, los primeros que lo impugnaron, emitirán su oposición a la petición del Departamento de Justicia antes de la media noche (local, 07:59 GMT del lunes).
Además, se espera que Trump emita una respuesta en apoyo de la apelación de emergencia antes del lunes a las 15:00 horas (23:00 GMT).
El Departamento de Justicia alegaba en su apelación que la decisión de la corte del distrito de Seattle suponía un daño para la población, "cuestiona el juicio del presidente sobre seguridad nacional" y carece de análisis legal.
También señalaba que el juez James Robart -nominado por el ex presidente republicano George W. Bush en 2004- se había extralimitado en sus funciones porque su decisión afectaba a todo el territorio nacional y cuestionaba la división de poderes entre el presidente y la Justicia.
"Ganaremos", había dicho Trump a los periodistas en el marco de una gala de la Cruz Roja en Mar-a-Lago en Florida, tras interponer la apelación. "Por la seguridad de nuestro país, ganaremos", señaló. Delante de su resort en Florida, y en otras ciudades del país se vivieron protestas contra Trump, como también en Londres o Yakarta.
Trump también había cuestionado públicamente e incluso atacado indirectamente al juez de Seattle y su decisión. "¡La opinión de este supuesto juez, que fundamentalmente nos quita (la capacidad) de aplicar la ley, es ridícula y será anulada!", tuiteó Trump. Los analistas consideraron un comportamiento poco común que un presidente cuestione la legitimidad y competencia de un juez abiertamente.
El vicepresidente Mike Pence respaldó al presidente en una entrevista en televisión. Al ser preguntado si calificar a Robart de "supuesto juez" ponía en peligro la división de poderes que marca la constitución, respondió: "No lo creo, creo que los estadounidenses están acostumbrados a que este presidente manifieste abiertamente su opinión".
Trump dejó claro que para este Gobierno la seguridad de los estadounidenses está en primer lugar. "El decreto que emitió era legal, era proporcionado y nuestro Gobierno utilizará todas las medidas jurídicas a nuestra disposición para impugnar la decisión judicial", dijo Pence a la emisora ABC.
Luego, en declaraciones al canal de televisión CBS, aseguró que la decisión del juez federal es un error. Es frustrante ver cómo un juez del estado de Washington dirige la política federal, dijo Pence.
La orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, es "totalmente consistente con la ley promulgada por el Congreso", afirmó el político republicano.
El Departamento de Estado se vio obligado tras la decisión de Seattle a levantar la anulación de visado para entre 60.000 y 100.000 extranjeros afectados por el decreto de Trump. El Departamento de Seguridad Nacional ordenó por su parte la cancelación de "todas las acciones para implementar" el decreto de Trump, señala un comunicado oficial.
A los viajeros se les someterá ahora al mismo escrutinio que existía antes de la orden de Trump.