El Gobierno colombiano y la Corte Penal Internacional (CPI) "tienen unidad de criterio" en cuanto a que los delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos por las FARC no serán amnistiados, informaron hoy fuentes oficiales.
El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González, aseguró que "no existe ni va a existir impunidad sobre los delitos que son de competencia de la CPI".
"El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, han expuesto claramente que el acuerdo de La Habana no contempla ni contemplará amnistía alguna sobre esos delitos", dijo González en diálogo con la emisora RCN La Radio.
El embajador, quien este miércoles asistió a un foro en la sede de la OEA, en Washington, insistió en que en el acuerdo sobre justicia "está claramente establecido que los crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, etcétera, no caben en esa materia".
En el encuentro, participó el vice fiscal de la CPI, James Stewart, quien aclaró que el aval de la Corte a un eventual acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dependerá del tipo de sanciones que se impongan a los responsables de delitos graves.
"El proceso de paz es de un gran significado y esperamos que su final sea exitoso. Sin embargo, es un proceso que también debe contemplar asuntos de responsabilidad para los responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad", dijo el vice fiscal.
Finalmente, González detalló que sostuvo una conversación con Stewart sobre "los caminos más acertados para prevenir la violación de derechos humanos a través del camino político para llegar a la paz y proteger los derechos a las víctimas hacia futuro".
"El Gobierno Nacional tiene el mismo empeño (que la CPI) de que se satisfagan los estándares internacionales y que no haya impunidad sobre los delitos más graves que son competencia de la Corte y que sean las penas adecuadas", agregó.
En septiembre pasado, las partes anunciaron el acuerdo sobre justicia transicional en el marco del proceso de paz que celebran desde finales de 2012 en Cuba. Éste incluye, entre otros puntos, la creación de un tribunal de paz para resolver el conflicto.
Además, las delegaciones establecieron un calendario para llegar a un acuerdo definitivo a más tardar en marzo de 2016 y la dejación total de las armas de la guerrilla 60 días después de la firma final.
No obstante, tanto la guerrilla como el Gobierno han contemplado la posibilidad de que la fecha se extienda algunas semanas.
Fuente: Dpa.