Las FARC calificaron hoy de "infame" la denuncia que hizo el gobernador del departamento colombiano de Antioquia, Luis Pérez, sobre presuntos abusos sexuales contra menores de edad y un alto consumo de alcohol en campamentos de concentración de los guerrilleros.
Pérez dijo el martes que la Gobernación ha recibido denuncias sobre irregularidades en campamentos ubicados en sectores pertenecientes a los municipios de Yondó, Mutatá y Dabeiba.
Sin embargo, uno de los negociadores del grupo guerrillero en el proceso de paz con el Gobierno, Luis Alberto Albán, alias "Marcos Calarcá", rechazó la denuncia y dijo que con eso se busca afectar el proceso de desmovilización y desarme de los guerrilleros.
"Es una infamia que no tiene medida", dijo Albán a la cadena de radio Caracol sobre las declaraciones del gobernador Pérez.
Albán dijo que es normal que por las celebraciones de fin de año los guerrilleros reciban visitas de sus familiares en los campamentos donde se están concentrando para preparar el desarme.
"No se dice nada de que hay muchas visitas familiares y seguramente están confundiendo a ese pueblo humilde con prostitutas", dijo Albán.
Un mecanismo tripartito de verificación del cumplimiento del acuerdo de paz, compuesto por el Gobierno, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y las Naciones Unidas, comenzó a averiguar si son ciertas las denuncias del gobernador.
"Tenemos unos compromisos plenamente consignados y supremamente debatidos en La Habana, que están en el acuerdo final y los estamos cumpliendo. Por nuestra voluntad vamos a cumplir con el acuerdo", insistió Albán.
Los alcaldes de los municipios señalados negaron en diálogo con Caracol tener evidencias de lo dicho por el gobernador y explicaron que "normalmente" esos poblados tienen gran movimiento de personas.
El Gobierno y las FARC suscribieron el 24 de noviembre un acuerdo final de paz, tras cuatro años de negociaciones en La Habana.
El acuerdo fue refrendado por el Congreso, que también empezó a discutir varios proyectos de ley presentados por el Gobierno para implementar dicho pacto de paz.
Los cerca de 5.800 miembros de las FARC tenían plazo hasta finales de esta semana para estar concentrados en sectores específicos del país que pasaron de ser 27 a 26, según un comunicado emitido este miércoles por las partes.
Sin embargo, la comisión de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz confirmó en el texto que dicho plazo no se podrá cumplir.
En el comunicado conjunto, la comisión, el Gobierno y las FARC indicaron que la adecuación de las zonas continúa por lo que se espera que antes del 10 de enero estén listas para la llegada de los guerrilleros, quienes están actualmente en áreas de preagrupamiento.
"Para continuar el trabajo de adecuación de los terrenos y construcción de los campamentos, el 31 de diciembre llegarán a nueve zonas rurales otros grupos de trabajadores civiles, contratados por el Gobierno Nacional, a los que se sumarán las comisiones de construcción de las FARC", detalló el texto.
"Antes del 10 de enero continuará la adecuación conjunta en 16 puntos restantes y queda pendiente la zona de Caño Indio, en el municipio de Tibú (en el departamento de Norte de Santander), en la que avanza el proceso de concertación", agregó.
Finalmente, miembros de la comisión afirmaron que antes de finalizar enero se podrá conocer el número "de integrantes de las FARC que no son amnistiables ni indultables por haber cometido delitos de lesa humanidad y se definirán las zonas y los tiempos en que serán trasladados".
En las 26 zonas rurales establecidas por las partes, los guerrilleros permanecerán hasta mayo próximo preparando su reincorporación a la vida legal. En este lapso entregarán las armas a las Naciones Unidas en tres fases.