¿Puede el gobierno de Nicolás Maduro, que acaba de dar la señal de mayor autoritarismo al suspender el referendo revocatorio contra su mandado, contener al descontento popular, que en estas horas alcanza al 77% de la población? La realidad es que los adversarios del gobierno tienen cada vez menos alternativas para actuar como fuerza política, tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, según un análisis hecho por Alexander Martínez para la agencia de noticias AFP.
Para ello analiza las siguientes claves:
La vía institucional. Es la alternativa más difícil, sobre todo luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de frenar el referendo, avalando fallos judiciales en varios estados que anularon, argumentando fraude, la recolección de firmas con las cuales se solicitó la consulta a mediados de año El martes último, el CNE aplazó para 2017, sin explicaciones, las elecciones de gobernadores. Y lacoalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que la justicia está "secuestrada" por el chavismo, que controla los poderes del Estado, salvo la Asamblea.
Lo cierto es que es que es prácticamente imposible que Maduro salga del poder mediante un referendo este año. Y si fuera revocado en 2017, el mandato que concluye en 2019 lo completará su vicepresidente.
La calle. La oposición insiste en que, ante el cierre de los caminos legales para cambiar de gobierno, se impone la presión en la calle. Ese argumento se soporta en el fuerte rechazo a la gestión de Maduro: 76,5% la reprueba, mientras 62,3% votaría por revocarlo y 90,5% evalúa negativamente la situación del país, según Datanálisis. Además de las legislativas de diciembre pasado, en las que ganó de forma aplastante, la MUD dio una contundente muestra de apoyo el 1 de septiembre, cuando movilizó a cientos de miles de personas en Caracas a favor de la consulta. Pero las manifestaciones posteriores han sido muy modestas.
"Ha demostrado tener poder de convocatoria, pero la gente tiene su propio criterio de eficacia política", opina el politólogo Luis Salamanca, quien sostiene que el venezolano va más a votar que a protestar.
El descontento. El gobierno de Maduro puso en marcha una serie de medidas para paliar la crisis, reflejada en una escasez de 80% de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI proyecta en 475% para 2016. Desde hace varios meses vende productos subsidiados en sectores populares, y flexibilizó el control de precios para garantizar un mayor margen de ganancia a los productores. Los anaqueles están mejor abastecidos, pero los costos resultan absurdos frente a un ingreso mínimo legal de unos 100 dólares.
Al mismo tiempo, hace un intenso cabildeo en la OPEP -de la cual Venezuela es socio- y fuera del cartel para elevar las cotizaciones del petróleo, generador de 96% de las divisas de este país que alberga las mayores reservas de crudo del mundo y dependiente de las importaciones.
La presión internacional. Las mayores críticas frente a lo que consideran derivas autoritarias del gobierno provienen de Estados Unidos, el Mercosur y España, así como del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al que la oposición pedirá que active la Carta Democrática, una sanción diplomática que en el peor de los casos llevaría a la expulsión de Venezuela del organismo.
El factor militar. Benigno Alarcón considera que con la decisión del CNE se ha impuesto el sector radical del chavismo, que podría fracturarse, lo que presagia una escalada del conflicto. Y ante ello cree que los militares podrían ser el fiel de la balanza en una disyuntiva entre ser "verdugos incondicionales" o "regresar a la institucionalidad".
Fuente: La Patilla